Judicial
Atención | John Poulos no aceptó los cargos por el feminicidio de DJ Valentina Trespalacios: “mantengo mi inocencia”
El ciudadano estadounidense fue acusado por causarle la muerte a la joven con quien sostenía una relación sentimental. Se expone a una condena de 60 años de prisión.
Este martes se reanudó la etapa de juicio en contra de John Nelson Poulos, procesado por el crimen de la DJ Valentina Trespalacios, registrado a comienzos del presente año. La Fiscalía ya hizo la presentación de las pruebas que serán tenidas en cuenta en medio del proceso penal contra del ciudadano estadounidense por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de elementos materiales de prueba.
Luego de esto, el juez 10 de conocimiento de Bogotá le preguntó a Poulos si tenía algún interés en aceptar o no los cargos por los que fue acusado por la Fiscalía General. “Mantengo mi inocencia”, reiteró el ciudadano estadounidense de 37 años de edad quien se encuentra en una sala del complejo judicial de Paloquemao.
La fiscal del caso puso sobre la mesa el medio centenar de testigos y pruebas documentales que serán tenidas en cuenta para demostrar que Poulos actuó de manera predeterminada cuando le quitó la vida a la joven con quien sostenía una relación sentimental. Igualmente, los hechos que rodearon el ocultamiento del cuerpo sin vida de Valentina y la eliminación de pruebas para posteriormente abandonar el país.
La primera testigo será Laura Hidalgo, madre de la DJ, quien entregará información clave sobre el tipo de relación sentimental que tenía su hija con el ciudadano estadounidense, los episodios de celos de Poulos, las peleas que tenían y demás. Igualmente, anexará al caso un video realizado por Valentina desde su celular personal y en el que le dice a su mamá “que van con bolsa de regalo y rumbo para la casa” que había alquilado el extranjero en el norte de Bogotá.
“Es un video pertinente puesto que se observa al acusado con la víctima para dirigirse al apartamento en el que vivirían”, precisó la fiscal al justificar la necesidad de poner de presente el video que registró las últimas horas de vida de la joven y el último mensaje que le envió a su progenitora.
Igualmente, se contará con las declaraciones de varios amigos y conocidos de Valentina, entre ellos la también DJ Silvana Núñez, con el fin de revelar el comportamiento de colopatía de Poulos, quien en una oportunidad llegó a contratar a un investigador privado para que la siguiera en un evento que se iba a realizar en Bogotá con el fin de cerciorarse que no estuviera con nadie más.
Así como el constante seguimiento a Valentina en sus redes sociales, la restricción a sus amigos y familiares, los constantes señalamientos y ataques verbales. En el caso de la DJ Silvana Núñez su declaración servirá además para certificar lo que le contó su amiga sobre los planes de Poulos de vivir en Bogotá, comprar un apartamento y casarse.
Esto pese a que desde su llegada el ciudadano estadounidense ya había optado por alquilar un apartamento por solamente cinco días y tenía los pasajes de avión comprados para irse a vivir a Montenegro, un país en Europa con el cual Colombia no tiene ningún tipo de tratado de extradición.
Entre los testigos solicitados por la Fiscalía General se encuentra el joven que encontró en un parque en la localidad de Fontibón, muy cerca al aeropuerto Eldorado de Bogotá, el celular de la DJ, lo que probaría el intento de Poulos por eliminar evidencias.
Igualmente, se pedirán las declaraciones de los trabajadores de una empresa que alquila vehículos que recibieron a Poulos y se dieron cuenta de un rasguño, bastante visible, que tenía casi sobre su ojo izquierdo.
En las pruebas técnicas se destacan la decena de los videos de las cámaras de seguridad del quinto piso y el parqueadero del edificio Kappadocia, en el norte de Bogotá, en el que aparece Poulos sacando una pesada maleta de color azul, a la que le faltaba una rueda, la mete al ascensor para posteriormente ubicarla en el vehículo que había alquilado.
Poulos se encuentra actualmente privado de su libertad en la cárcel La Picota, de Bogotá. De ser hallado culpable se expone a una condena de 60 años de prisión.