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Atención: jóvenes de la primera línea, involucrados en posibles delitos por desmanes durante el paro, piden ‘pista’ en la paz total que está ofreciendo el gobierno de Gustavo Petro; ¿qué quieren?
Aseguran que si el Gobierno está dispuesto a sentarse a hablar con grupos alzados en armas como el ELN y disidencias de las Farc, ellos también merecen ser tratados con una justicia transicional.
Este jueves 6 de octubre, en el Congreso de la República se reúnen voceros de la primera línea con congresistas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, en pro de iniciar la Comisión Accidental, en la que pretenden dejar plasmadas las posturas de la asociación que representan y que arrancó en medio de una revuelta social, motivada por las necesidades y la desigualdad social.
Dentro de las propuestas planteadas para adelantar el proceso de perdón y trabajo con la comunidad solicitan la presencia y acompañamiento del coronel Reinaldo Gómez Bernal, quien es conocido por denunciar al general Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, en escándalos de posible corrupción y la llamada Comunidad del Anillo. Además, solicitan la presencia de otras figuras políticas que acompañaran el proceso.
La presencia del coronel Gómez sería clave debido a la experiencia en el campo de población vulnerables, procesos de perdón, resocialización e igualdad. Camino muy a fin a lo que pretende la asociación de jóvenes que protagonizaron la revuelta social en 2021, aseguran Johan Sebastián Pabón y Magda Pinera, líderes de la primera línea y quienes quieren dar la cara y no ser presentados con alias, pues aseguran que lo único que siempre han buscado es una transformación social en la que la dignidad se vuelva costumbre a pesar de las diferencias.
Son conscientes de que en medio de la euforia del momento de las protestas a nivel naciones se realizaron acciones desmedidas de parte y parte, por lo que están dispuestos a pedir perdón, pero también piden sean tratados con un racero especial en los procesos judiciales.
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“Nos asiste el deber de pedir perdón y también estaremos dispuestos a recibirlo, por las culpas que nos asistan, por los hechos que han pasado y la legalidad de la protesta”, dijeron en medio del evento.
Y agregaron: “Desde acá nuestro llamado al gobierno central y regional para que a través de una mesa de diálogo, en presencia de las autoridades policiales, militares, eclesiásticas y entes de control, creemos un ambiente de diálogo directo para que los jóvenes en vez de ser estigmatizados seamos motores de desarrollo en nuestra comunidad, y que este ejemplo sea un espejo de progreso y el camino de iniciativa en todas las regiones, según establece la JEP”.
En un censo oficial que presentaron, cuentan inicialmente a 214 personas judicializadas en medio de las jornadas de paro y protestas. De los cuales 105 están detenidos intramuralmente, 32 cuentan con detención domiciliaria, una ha sido deportada, 39 están en proceso de libertad y 37 aún sin establecer.
“Consideramos que si los grupos al margen de la ley como las Farc y el ELN alzados en armas, con una trascendencia criminal han sido escuchados y han tenido la oportunidad de participar en mesas de diálogo con el gobierno donde han tenido unas prebendas que los cobijan cómo figuras políticas, aún más nuestros compañeros de lucha que lo único que han hecho es defender los derechos de todo un país y ser hoy parte de este cambio de gobierno”, dicen en la asociación de jóvenes.
De hecho, le recuerdan al gobierno de Gustavo Petro que una de sus promesas fue dejar en libertad a estos jóvenes y espera que le cumpla a la comunidad que depositó su confianza en él buscando un cambio en el país. Sin embargo, aclararon que ellos no son de derecha ni de izquierda, solo buscan el beneficio de la comunidad, así que si tienen que salir a las calles durante este gobierno a reclamar lo prometido lo harán.
“Exigimos ser parte del llamado del presidente de una paz total que nos garantice ser tratados con una justicia transicional, ya que estamos enmarcados en la protesta social, lo cual nos hace figuras políticas y no terroristas y criminales como lo han hecho ver los entes judiciales”, aclaran.
Lo anterior, argumentado que son un grupo de jóvenes que encarnan el descontento de parte de la sociedad que ha sufrido por la falta de oportunidades, además de tener que sufrir parte de la violencia que se vive en las franjas populares de las ciudades.