Judicial

Atención: investigación contra el coronel Carlos Feria, por el polígrafo a Marelbys Meza, pasa a la Justicia Penal Militar

Esto al considerar que los hechos materia de investigación hacen parte de actos de servicio. Se viene un nuevo choque de trenes que deberá ser resuelto por la Corte Constitucional.

Redacción Semana
18 de marzo de 2024
   El coronel Carlos Feria, jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República, es uno de los oficiales con más poder en el país. Por su trabajo, que consiste en garantizar la seguridad del presidente Gustavo Petro, tiene acceso a información privilegiada de las agencias del Estado.
El coronel Carlos Feria, jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República, es uno de los oficiales con más poder en el país. Por su trabajo, que consiste en garantizar la seguridad del presidente Gustavo Petro, tiene acceso a información privilegiada de las agencias del Estado.

La Justicia Penal Militar sí puede reclamar el expediente que se adelanta contra el coronel Carlos Feria Buitrago por la prueba de polígrafo a la que fue sometida –el 29 de enero de 2023– Marelbys Meza, quien laboraba para ese momento como niñera del hijo recién nacido de la jefa de gabinete Laura Sarabia.

Así lo determinó un juez penal militar y judicial de Policía que avaló la petición presentada por un fiscal que señaló que los hechos por los que es investigado el coronel Feria, y por los cuales ya fue imputado, hacen parte de actos del servicio, situación por la cual deben ser investigados y, de ser el caso, sancionados por su juez natural.

Presidente Gustavo Petro y el coronel Carlos Feria
Presidente Gustavo Petro y el coronel Carlos Feria | Foto: Foto Presidencia y foto redes sociales

“Esta conducta debe ser reclamada por la jurisdicción penal militar por cuanto cumple con los presupuestos objetivo y funcional para indicar que estas personas no solamente eran miembros de la fuerza pública en servicio activo cuando cometieron estas conductas que le fueron indilgadas, sino que tenían un vínculo estrecho y directo con el servicio”, precisó el juez penal militar.

En el análisis de la petición, el juez hizo un llamado de atención frente al abuso de la fuerza que se habría presentado en el caso de la niñera, quien fue trasladada desde su casa hasta el Salón Galán, ubicado en inmediaciones de la Casa de Nariño, en el centro de Bogotá, para ser sometida a una prueba de polígrafo pues se creía que había robado una maleta llena de dinero en efectivo y documentos que se encontraban en el apartamento de Laura Sarabia.

Advirtiendo que las acciones, “si son excesivas”, serán juzgadas por la Justicia Penal Militar. “Es cierto que haber utilizado este equipo de poligrafía para practicar esta prueba a este señora, en instalaciones oficiales, por parte de estudios de seguridad de la jefatura, si fue excesivo y si se extralimitaron debe ser conocido por esta jurisdicción (...). Se darán todas las garantías procesales no solamente para los indiciados sino para las víctimas”, aseveró.

Para el juez, el hecho que se reclamara el conocimiento de este caso no puede catalogarse como un salto a la impunidad, pues en esta jurisdicción especial se investiga, juzga y sanciona teniendo en cuenta las pruebas recolectadas. “No es un velo de ocultamiento, pues la Jurisdicción Penal Militar es transparente e imparte eficaz justicia”.

Finalmente, le advirtió que si la Fiscalía General no avala enviar el expediente a la Justicia Penal Militar, se puede presentar un conflicto de competencias el cual deberá ser resuelto en últimas por la Corte Constitucional.

El pasado 28 de noviembre, la Fiscalía General le imputó al coronel Feria los delitos de peculado por uso, abuso de la función pública y constreñimiento. Tras la pregunta de la jueza 79 de control de garantías el oficial de la Policía se declaró inocente.

“Usted (coronel Feria) estuvo al frente y dispuso las acciones encaminadas a contactar el organismo investigativo y adelantar así las indagaciones (...). Permitió el uso de los equipos de poligrafía de uso irregular, ya que estos son destinados para el estudio de seguridad de funcionarios o empleados que van a ingresar al servicio de la jefatura”, reseñó el fiscal del caso.

“Esta situación implicó un desmedro en la voluntad de Meza, ya que por la necesidad de preservar su trabajo y demostrar su inocencia toleró acudir a tal convocatoria, y así se materializó la vulneración de la autonomía. Que incluso manifestó su sentimiento de inferioridad ante el poder de su empleadora, pues no se opone a someterse a la prueba contestando las preguntas e incluso llegando a soportar que le arrebataran su celular cuando lo tenía desbloqueado”.