Nación
Atención: Juez deja en libertad a Roberto Prieto, exgerente de la campaña de reelección de Santos
Se determinó que cumplió su pena por el escándalo de Odebrecht. El empresario se encontraba privado de su libertad en una guarnición militar.
Por pena cumplida, el empresario Roberto Prieto Uribe recuperará su libertad a partir del próximo 17 de abril. Así lo determinó el juzgado décimo de ejecución de penas de Bogotá al determinar que el empresario ya cumplió con el fallo condenatorio emitido el 30 de mayo de 2019 por su responsabilidad en el escándalo de Odebrecht.
En la decisión, conocida por SEMANA, el juzgado declaró extinguida la pena impuesta a Roberto Prieto, quien se encontraba cumpliendo su sentencia en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) en el norte de Bogotá.
“Decretar en favor del sentenciado la rehabilitación de sus derechos y funciones públicas, por estas diligencias, a partir del día 17 de abril de 2022″, señala la anotación en el expediente de Prieto Uribe.
En el sistema judicial aparecen varias anotaciones de rebaja de la pena a Prieto Uribe por estudio y trabajo. La más reciente se presentó el 12 de abril cuando el juzgado de ejecución de penas concedió la credencial de un mes y un día “respecto a actividades de trabajo”.
Pese a que en 2018 el empresario se declaró inocente de los hechos que le imputó la Fiscalía General -y por los que fue enviado a la cárcel- tan solo unos meses después firmó un preacuerdo con la Fiscalía General en el que reconoció su responsabilidad en los delitos de contrato sin requisitos legales, celebración indebida de contratos y falsedad en documento privado. Debido a esto fue condenado a cinco años de prisión.
En la negociación no se fijó un acuerdo de colaboración con las autoridades judiciales para que declarara en los procesos penales que se adelantaban por el caso Odebrecht en Colombia, y por el cual estaban siendo jugados varios empresarios, dirigentes políticos y particulares. Prieto reintegró los 877 millones de pesos para la reparación de los daños y afectaciones causadas a la Nación con su conducta.
El empresario, quien lideró la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en el 2014, fue procesado y condenado por haber recibido sobornos para mover influencias en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que se adjudicara a adición al contrato Ruta del Sol II para la construcción del puente Plato en el Magdalena.
Teniendo en cuenta sus influencias y poder, el empresario habría ejercido una presión indebida para favorecer a la empresa Yuna Concesionaria. Por sus buenos oficios, el empresario habría recibido 650 millones de pesos, dinero que fue cobrado de manera irregular y con una factura ficticia emitida por la empresa Megaland S.A.S, esto con el fin de no llamar la atención de las autoridades.
El proceso pendiente
El 23 de febrero de 2021, la Fiscalía General anunció una nueva imputación de cargos contra Prieto y un grupo de empresarios. Esta vez el empresario tendría que responder por el delito de lavado de activos.
En el anuncio se señaló que en el proceso que se abrió en 2018 no se tuvo en cuenta esta conducta en el marco del escándalo de Odebrecht. Prieto habría utilizado una formula para mover el dinero que enviaba la multinacional brasileña para conseguir sus objetivos.
“Pedir dinero a empresas y personas diciendo que los recursos se necesitaban para tapar huecos de al campaña política Santos Presidente. De la misma manera, se precisó que Prieto se benefició ilícitamente del contrato adjudicado a Yuma Concesionaria el proyecto Ruta del Sol sector 3″, precisa la investigación.
Junto a Prieto también fueron llamados a la imputación de cargos los empresarios Eduardo José Zambrano (representante legal de Consultores Unidos y quien ya fue condenado por estos hechos); Gilberto Hernán Saldarriaga Giraldo, representante de Megaland; Gilberto Ramírez Varela, delegado de la empresa Business M&E y Natalia Isaza Vásquez.
Sin embargo, la audiencia, después de un año, no se ha podido realizar. En este nuevo caso se podría pedir una nueva medida de aseguramiento contra Prieto Uribe.