Atención | Legalizan la captura de los cuatro agentes de la Dijín y el civil procesados por las “chuzadas” a Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia

La jueza tercera de control de garantías de Bogotá legalizó los operativos en los cuales fueron capturados los agentes de la Dijín de la Policía y un particular que habrían participado de las interceptaciones ilegales a la línea telefónica de Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia; además, Meza en enero pasado fue sometida a una prueba de polígrafo en un salón ubicado en inmediaciones de la Casa de Nariño tras ser acusada de robarse un maletín con dinero que se encontraba en el apartamento de la entonces jefa del Gabinete.

En una audiencia que estuvo marcada por la presentación de las solicitudes de las víctimas e interrupciones por las fallas de conexión de varios de los abogados, la jueza determinó que los operativos cumplieron con toda la normatividad, protegiéndole los derechos a los detenidos, otorgándoles información sobre los hechos por los cuales eran investigados y por los que se había ordenado su captura.

Al comienzo de la diligencia judicial, la abogada Laura Kamila Toro, quien representa a Marelbys Meza, le solicitó a la jueza que la declarara como víctima dentro de este proceso. Esto, teniendo en cuenta que su integridad, buen nombre y vida fueron afectados considerablemente con la acción de los agentes de la Dijín que vincularon su línea telefónica con el de alias la Cocinera, integrante de la banda criminal del Clan del Golfo.

También Fabiola Posada, quien trabajaba por días en la casa de Laura Sarabia en oficios varios, pidió que se le declarara como víctima. Por medio de su abogado indicó que en dos oportunidades ha ido a la Fiscalía General a presentar denuncia puesto que su teléfono celular también fue interceptado ilegalmente y ella vinculada con el Clan del Golfo con el alias de la Madrina.

En las próximas horas, la Fiscalía General le imputará cargos al capitán Carlos Andrés Correa Loiza; el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua, los patrulleros John Fredy Morales Cárdenas y Dana Alejandra Canizales Bonilla y el particular Fredy Alexander Gómez.

Mientras tanto, en otra audiencia, un juez de control de garantías legalizó la captura de la fuente humana y del policía Freddy Alexander Gómez Bustamante, quienes también participaron en las interceptaciones ilegales.

Tendrán que responder por forma en cómo fabricaron un montaje en el que relacionaron a las dos mujeres como supuestas auxiliadoras del Clan del Golfo, para que fuera aprobada la orden de interceptación.

Según informó la Fiscalía, “las diligencias están en curso y son realizadas por funcionarios del CTI, con apoyo de la Policía Nacional, en distintos puntos de Bogotá. Corresponden al cumplimiento de órdenes de captura emitidas por un juez de control de garantías solicitadas por el fiscal titular del caso quien bajo su autonomía e independencia hizo la petición al juez y este las expidió”.

Para realizar este montaje e interceptar las comunicaciones de estas dos mujeres les pusieron los alias de la Niñera a Marelbys Meza, y advertían que era la mujer encargada de la cocina en el campamento de Wilmer Antonio Giraldo, alias Siopas, el fallecido y peligroso lugarteniente de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.

En el caso de Fabiola, quien era la empleada doméstica de Laura Sarabia, le pusieron el alias de la Madrina, y supuestamente era la encargada de las comunicaciones y operaba como un especie de correo humano.

Este fue el escándalo

Lo que nació como un caso de abuso de autoridad, cuando de forma arbitraria hombres de seguridad adscritos a la Presidencia de la República trasladaron, acusaron de robo y le hicieron una prueba de polígrafo a Marelbys Meza, la exniñera de la jefe de gabinete Laura Sarabia, ha venido creciendo hasta convertirse en un escándalo de marca mayor. Regresaron las ‘chuzadas’ telefónicas ilegales, y lo más grave ocurrió con el presunto suicidio del coronel Óscar Dávila, justamente uno los policías con mayor responsabilidad en la seguridad de la Casa de Nariño.

La muerte del coronel Dávila deja muchos interrogantes que justamente pudo haber aclarado en una cita a interrogatorio o entrevista con el fiscal general Francisco Barbosa, que el mismo Dávila solicitó, pero que nunca se dio. Su muerte fulminante dejó las mismas dudas que ahora las autoridades deben resolver.

¿Quién dio la orden de realizar el polígrafo a Marelbys Meza? ¿Quién ordenó las ‘chuzadas’? ¿Fue él quien, aprovechando que fue parte de las Comisiones Investigativas contra el Crimen Organizado (Cicor), pidió que la chuzaran haciéndola pasar como cercana a un cabecilla del Clan del Golfo? ¿Por qué la Policía sacó a vacaciones al policía escolta que lo acompañaba el día del suicidio? ¿Qué ocurre en el piso 13 de la Dian, en la oficina de anticipaciones, que estaba bajo su mando?

Son muchas las dudas que dejó la muerte del coronel Dávila. SEMANA las resume y ahora será la Fiscalía la que tendrá la tarea de aclararlas y determinar si es cierto que se trató de un suicidio como lo señalan todas las versiones hasta el momento. Y la pregunta clave: si así fue, ¿qué lo llevó a tomar la fatal decisión?

¿Quién dio la orden?

Son pocas las dudas que quedan sobre quién realizó el polígrafo a Marelbys Meza. Es claro que fue la oficina de anticipaciones a cargo de Óscar Dávila, lo que no alcanzó a dejar claro el coronel es si fue una decisión que él tomó al considerar que un robo doméstico era un asunto de seguridad nacional o si estaba siguiendo una orden.

Si estaba siguiendo una orden, es necesario determinar si esta fue dada directamente por la exjefe de gabinete Laura Sarabia, o por su superior, el todopoderoso coronel Carlos Feria Buitrago, jefe de seguridad de casa militar y su jefe inmediato.

¿Cómo fueron ordenadas las ‘chuzadas’?

Días después de conocido el escándalo de abuso de poder, el fiscal Francisco Barbosa expuso una información mucho más grave sobre este caso. En la búsqueda del dinero de Sarabia fueron ‘chuzados’ los teléfonos de las empleadas de la exjefe de gabinete, Marelbys Meza y Fabiola. A la primera le pusieron el alias de la Niñera y a la segunda de la Madrina.

El coronel Dávila, antes de sumarse al equipo de seguridad de la Presidencia, formaba parte de las Comisiones Investigativas contra el Crimen Organizado (Cicor), justamente del componente n.° 6, con sede en Medellín, que es la entidad que persigue al Clan del Golfo en Urabá.

Pues bien, las llamadas ‘chuzadas’ se hicieron con la justificación de que las mujeres eran muy cercanas a Wilmer Antonio Giraldo, alias Siopas, uno de los cabecillas de la organización criminal y heredero del otrora todopoderoso narcotraficante Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.

En este caso, el coronel no alcanzó a explicar si él tenía que ver de forma directa con esa orden de interceptación ilegal, si estaba siguiendo órdenes superiores y por qué se dieron estos hechos.

La sala de anticipaciones

En medio de todo este escándalo salió a relucir una misteriosa oficina, ubicada en el piso 13 del edificio de la Dian, a unos metros de la Casa de Nariño. La denominada sala de anticipaciones, de la cual el presidente Petro se ha distanciado al afirmar que existe desde el gobierno de Juan Manuel Santos, pero que deja sobre la mesa la posibilidad de que tenga carta abierta para labores de inteligencia y hasta de espionaje sin que el país tuviera conocimiento.

Según pudo conocer SEMANA, desde esa sala, “los equipos, donados por otro país, de manera constante e ininterrumpida, hacen interceptaciones a las comunicaciones de todos los ciudadanos que estén en las inmediaciones de la Casa de Nariño y en los desplazamientos. Un equipo móvil acompaña la avanzada presidencial, interceptando y escuchando comunicaciones a cada paso que da el mandatario”.

La reunión con el fiscal

Existe otro detalle de gran importancia. En la investigación que realiza la Fiscalía sobre los hechos y las incertidumbres que rodean estos casos en la Casa de Nariño, la información conocida por el coronel Dávila resultaba crucial.

El propio coronel había enviado una carta al fiscal general, con fecha del 2 de junio de este año, en la cual manifestaba su disposición para participar en una entrevista o interrogatorio en el cual revelaría todo lo que sabía. Lamentablemente, debido a su fallecimiento, esa cita nunca se dio.

El hombre de seguridad, de vacaciones

Hay dos hechos que rodean al patrullero Osman Javier Galeano Arango, escolta del coronel Dávila. La primera es cómo un hombre entrenado deja su arma y se va a comprar una botella de agua, cuando es claro que esa sería una irregularidad. Con esa arma, presuntamente, se habría matado Dávila.

Pero hay otro detalle particular del cual no ha habido respuesta, aunque SEMANA lo ha preguntado reiteradamente. ¿Por qué el patrullero Galeano, la última persona en estar con el coronel Dávila con vida, fue sacado a vacaciones?

Son muchas las explicaciones que el país quiere conocer, pero rápidamente fue enviado de vacaciones y su versión sigue estando en la sombra.

Seguridad nacional o un asunto doméstico

Otro punto en el que hay posiciones radicalmente contrarias y que fue lo que justificó este gigantesco escándalo fue el presunto robo de un dinero del maletín de Laura Sarabia.

La primera duda es cuánto fue el dinero que se le perdió a la exjefa de Gabinete. Mientras que en la Presidencia aseguran que se trató de 7.000 dólares de viáticos, la exniñera Marelbys Meza asegura que los hombres que le realizaron la prueba de polígrafo le preguntaban por 150 millones de pesos.

El otro factor con respecto al robo es si en realidad se trató de un asunto de seguridad nacional. Desde Presidencia de la República enviaron un comunicado, citando un decreto, con el que argumentaban que un hecho de ese tenor sí era un asunto de seguridad nacional.

No obstante, desde la otra orilla, el fiscal Barbosa ha sido vehemente al advertir que, por las preguntas que le hacían a Marelbys al realizar la prueba, no cabe duda de que se trataba de un simple robo.

¿Cuánto era el dinero?

Es una de las primeras preguntas en este escándalo y aún no ha tenido respuesta. Cuando se dio a conocer la noticia del robo a Laura Sarabia el primer monto del que se habló fue de 4.500 dólares.

Luego, con la versión de Marelbys a SEMANA, la cifra creció hasta los 150 millones de pesos, que era el monto que le reclamaban los hombres adscritos a seguridad de Presidencia mientras le realizaban las preguntas del polígrafo. Finalmente, como ya se mencionó, la Casa de Nariño, en un escueto comunicado, habló de 7.000 dólares.

La Fiscalía

En medio del tire y afloje con el gobierno del presidente Gustavo Petro, será la Fiscalía General de la Nación la que trate de desenredar la madeja y aclarar las dudas frente a todo lo que rodea el presunto suicidio del coronel Dávila, pero, sobre todo, lo motivos que le habrían llevado a tomar esa trascendental decisión.

Para eso ya empezó a citar al círculo cercano, quienes estuvieron alrededor de lo ocurrido, todos los hombres de seguridad de la Presidencia y hasta al superior de Dávila, el también coronel Carlos Alberto Feria Buitrago.

También fue citada la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República Laura Sarabia Torres, quien fue llamada a entrevista por el fiscal que investiga la pérdida de un dinero en su lugar de residencia. El procedimiento está fijado para este jueves 22 de junio.

En otro frente investigativo fueron citados a interrogatorio el capitán Elkin Augusto Gómez, comandante jefe de Oficina de Polígrafo; el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez, poligrafista, y, de nuevo, el coronel Carlos Alberto Feria. Las diligencias están previstas para el próximo 21 de junio.

De otra parte, Harold Rondón, conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP), asignado a la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República; Andrés Fernando Parra, esposo de la señora Laura Sarabia, y la subintendente Luisa Calle, que es parte del esquema de seguridad de la exjefe de Gabinete.

Por la interceptación ilegal a las líneas de la exniñera y una extrabajadora de servicios domésticos de la exjefe de Gabinete de la Presidencia, la Fiscalía indaga la posible configuración de los delitos de fraude procesal, falsedad en documentos públicos y violación ilícita de comunicaciones.