Atención | Luis Alfredo Ramos perdió la tutela con la que buscaba tumbar su condena por parapolítica

SEMANA conoció en primicia que la Sala de Civil Corte Suprema de Justicia rechazó la tutela presentada por el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, en la que reclama la protección de sus derechos fundamentales que considera se le vulneraron durante el juicio que se le adelantó por la parapolítica.

En la acción judicial radicada en contra de las Salas de Casación Penal y Especial de Primera Instancia, el exmandatario manifiesta que fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario, enjuiciado y condenado con testigos falsos y pruebas de oídas, reclamando que jamás se valoraron los documentos presentados por su defensa.

Tras revisar los conceptos enviados el pasado 31 de agosto por la Sala de Casación Penal y de Primera Instancia, la Sala Civil, con ponencia del magistrado Francisco José Ternera Barrios, determinó que no se probó la vulneración de los derechos fundamentales del exmandatario departamental.

Ramos se entregó el pasado 5 de julio ante las autoridades para cumplir la condena de siete años y once meses de prisión por sus vínculos con grupos al margen de la ley para promover su candidatura a la Gobernación de Antioquia y al Senado de la República, todo esto “a cambio de promoverlos durante el ejercicio de sus funciones una vez elegido, como realmente ocurrió cuando se desempeñó como senador, hechos que tuvieron ejecución entre 2001 y 2007″.

El pasado 20 de abril, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 95 meses de prisión (siete años y 11 meses) contra el exsenador y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, por el delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales.

En el fallo, citando varias declaraciones de exparamiltiares que formaron parte de los bloques Cacique Nutibara, Minero, Metro, Bananeros, Elmer Cárdenas, Central Bolívar y el Frente Cacique Pipintá, la Corte señaló que desde el Congreso buscó que la Ley de Justicia y Paz (la cual se creó en el proceso de desmovilización de los paramilitares) fuera “más benévola para los aludidos grupos ilegales, como se discutió en el Legislativo para el año 2005. En ese orden, es claro que asistió conscientemente a la reunión de Bellanita, pese a no contar con autorización legal del Gobierno nacional para adelantar acercamientos, diálogos o negociaciones con grupos al margen de la ley”.

Según la sentencia, el exgobernador Ramos recibió dinero del asesinado excomandante del bloque Centauros, Miguel Arroyave. Y se menciona una reunión de finales de 2000, en Medellín, en el centro comercial Obelisco, en la que también habría participado alias Jota, del Bloque Metro. “No se trató en este proceso, desde luego, de cuestionar las relaciones sociales o políticas del procesado que por sí mismas no denotarían una situación objetiva de peligro para la seguridad, sino de la manera en que se articuló con un grupo armado al margen de la ley para alcanzar propósitos electorales”, advirtió la Sala Penal.

A Ramos, según señala la Corte, se le atribuyeron cinco circunstancias concretas: “Relaciones con el Bloque Metro y el Cartel de la Gasolina, de los cuales recibió apoyo; contactos directos con Carlos y Vicente Castaño y entrega de dineros por parte de estos; aportes de Sierra Ramírez a la campaña de 2002; apoyo económico entre 2000 y 2001 por parte de Miguel Arroyave, y la reunión celebrada en los primeros meses de 2005 en la finca Bellanita”.

En este sentido se advierte que “está probado el compromiso que adquirió” Ramos con “la organización en la reunión”, puesto que “Iván Botero Duque le dio a conocer el interés de Vicente Castaño en que hiciera uso de su liderazgo en el Congreso de la República para que la Ley de Justicia y Paz les fuera más favorable, confirmado por Pablo Hernán Sierra García, otro de los jefes paramilitares presentes, aseverando que se obligaron a trabajar el proyecto”.

Ramos había sido capturado en agosto de 2013 por orden de la Corte Suprema de Justicia. En noviembre de 2016, el mismo alto tribunal dejó en libertad al exgobernador de Antioquia indicando que se habían superado los riesgos esgrimidos en la medida de aseguramiento.

Fue así como por dos años, en libertad, Ramos enfrentó el juicio penal. En diferentes oportunidades ha manifestado que las reuniones que sostuvo con los paramilitares tuvieron el aval del Gobierno y se hicieron en su calidad de senador de la República en medio del proceso de paz que se adelantaba con las AUC.