Nación
Atención | Operativo contra el tráfico de migrantes dejó la captura de 15 funcionarios de la Registraduría y Migración Colombia
Las capturas se llevaron a cabo en medio de una investigación por presunta corrupción que involucra a trabajadores de ambas entidades.
En el curso de las investigaciones por hechos de corrupción en Migración Colombia y la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fiscalía General de la Nación logró la captura de 15 funcionarios de ambas entidades.
La Fiscalía adelantó los operativos de captura en las ciudades de Cali y Bogotá. Todos los capturados estarían comprometidos en el trámite de documentos fraudulentos para permitir el tránsito y permanencia de los migrantes, incluso algunos con antecedentes criminales.
SEMANA conoció que 11 de los funcionarios capturados pertenecen a Migración Colombia. Por otro lado, la Registraduría confirmó que son 4 los detenidos que hacen parte de dicha entidad.
Este medio conoció que se trata de una investigación adelantada por la Fiscalía 93 local de Cali, con el fin de investigar y desmantelar el grupo criminal. Los funcionarios montaron una red dedicada al tráfico de migrantes y otros delitos.
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La Registraduría viene colaborando en la investigación, prestando apoyo para la revisión de registros civiles que dieron lugar a cédulas fraudulentas. Además, se prestó acompañamiento técnico durante una visita a la Notaría Primera de Bogotá, con el fin de revisar registros civiles.
Los cuatro funcionarios implicados de la Registraduría ejercían sus labores en la seccional Bogotá.
La Fiscalía logra condena en el “cartel de los traslados”. La red criminal de abogados, funcionarios judiciales y del Inpec
Una red criminal que se enquistó en los despachos judiciales del Valle del Cauca y Cauca tenía a su servicio abogados, dependientes jurídicos y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Todos tenían una misión específica: obtener, con maniobras fraudulentas, los traslados de cárcel de privados de la libertad que pagaban por los favores.
Entre quienes integraban esta red criminal estaba Mario Muñoz Bolaños, un hombre que tenía por encargo llegar a las notarías para obtener las declaraciones de extrajuicio falsas, donde acreditaba que conocía a las personas privadas de la libertad que más tarde serían favorecidas.
“Daba fe de que vivían en el municipio al que serían llevadas. Estos documentos eran utilizados por la organización criminal para soportar ante la autoridad judicial las peticiones de traslado”, señaló la Fiscalía al confirmar la condena contra Muñoz Bolaños.
El ahora condenado firmó un acuerdo con la Fiscalía para aceptar su responsabilidad en los delitos de responsable de los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción en calidad de interviniente, falsedad en documento privado, falso testimonio y fraude procesal. La condena llegó a los cinco años de cárcel.
“Ante la contundencia de las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, Mario Muñoz Bolaños aceptó mediante preacuerdo haber participado de un entramado criminal dedicado a gestionar de manera irregular el traslado de personas privadas de la libertad, de centros carcelarios de alta y mediana de seguridad a establecimientos de baja seguridad, a cambio de importantes sumas de dinero”, advirtió el ente acusador.
De acuerdo con la investigación que adelantó la Fiscalía, la organización criminal no solo estaba integrada por funcionarios judiciales. Varios abogados participaban del negocio ilícito de los traslados de privados de la libertad. Hacían los ofrecimientos al interior de las cárceles y, por fuera, el resto de integrantes completaban la operación ilegal.
“Entre 2015 y 2017, una red conformada por abogados, dependientes jurídicos y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), entre otros, tramitó ilegalmente el traslado de internos de alto perfil criminal a las cárceles de Florida, Yotoco y Vijes (Valle del Cauca); y Miranda y Guapi (Cauca), donde tuvieron condiciones menos restrictivas, se fugaron o cumplieron las penas en medio de beneficios y comodidades”, señaló el ente acusador.
La contundencia del material probatorio que presentó la Fiscalía llevó al ahora condenado a aceptar su responsabilidad. A través del preacuerdo, todos los documentos fueron remitidos a los jueces de conocimiento, quienes, tras advertir las irregularidades y la aceptación de cargos, fallaron en sentido condenatorio en contra del señor Muñoz.
“En ese sentido, un juez penal de conocimiento de Cali (Valle del Cauca) lo condenó a 5 años y 11 meses de prisión, y lo declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir y prevaricato por acción en calidad de interviniente”, advirtió el director especializado en contra de las violaciones a los derechos humanos, Hugo Tovar.
