Atención: orden de captura contra implicado en incendio a sede de la Registraduría y muerte de funcionaria en Gamarra, Cesar

El fiscal general Francisco Barbosa anunció que ya existe una orden de captura en contra de los implicados en los vandálicos y criminales actos contra la sede de la Registraduría en el municipio de Gamarra, en el departamento del Cesar. En la acción murió incinerada Duperly Arévalo Carrascal, quien laboraba como auxiliar administrativa y era madre de dos menores de edad.

La Fiscalía General puso en marcha un “plan de urgencia” con el fin de identificar a los implicados en esta alteración, en especial a la persona que arrojó la cerilla para procesarla por homicidio y tentativa de homicidio, cargos que le podrían dar una condena no menor a 40 años de prisión. En los hechos también resultaron con quemaduras de gravedad tres funcionarios y un policía.

“Ya se logró una orden de captura y estamos en este momento actuando para proceder y hacer efectiva esa decisión. Estamos encima de este hecho nefasto y lamentable”, manifestó el fiscal general frente a lo que ocurrió en la tarde del pasado sábado cuando un grupo de manifestantes intentó ingresar por la fuerza a la sede de la Registraduría.

Igualmente, el fiscal general cuestionó la actitud del presidente Gustavo Petro por no rechazar la violencia. “Ver que es asesinada una registradora, una madre de familia, y que uno salga y en vez de decir que lamenta la muerte de esta persona” se cuestione al Consejo Nacional Electoral.

Esto en clara referencia a las palabras del jefe de Estado. “El día sábado el presidente sale y cuestiona al CNE por haber inhabilitado a un candidato de ese municipio en vez de defender la vida de los funcionarios me parece a mí que no tiene sentido”.

Para el jefe del ente investigador, lo ocurrido en Gamarra demuestra que muchas personas creen que pueden incurrir en cualquier acto ilegal o criminal, incluso atentar contra la vida, y no les va a pasar nada.

“Yo lo que veo es una sensación de impunidad, que la gente cree que puede hacer lo que le venga en gana en el país, que cree que en Colombia es posible delinquir y después sentarse en una mesa a debatir las condiciones del sometimiento, pero no del delincuente, sino de las autoridades”, aclaró el fiscal general.

En su concepto, lo ocurrido el pasado domingo demuestra la posición que tienen las personas. “En este caso hay que enviar un mensaje de contundencia. Este país lo que quiere es seguridad, tranquilidad, una justicia pronta, y no más criminales sentados definiendo las condiciones de lo que va a ser la seguridad a través de las concesiones que se hagan”.

El lunes el subdirector de la Policía, general Nicolás Alejandro Zapata, le hizo un llamado a Cristián Lobo para que se entregue a las autoridades y explique su presencia y sus actuaciones el día que fue incendiada la Registraduría en Gamarra, Cesar, donde murió una funcionaria tras las graves heridas.

Según el oficial, Lobo es el hombre de camiseta roja de la Selección Colombia que aparece en los videos lanzando, al parecer, los fósforos que ocasionaron el incendio luego de que el lugar fuera rociado con gasolina.

Por esa grave acción, en la que se están determinando los autores intelectuales y materiales del incendio en la Registraduría de Gamarra, murió Duperly Arévalo Carrascal tras las graves quemaduras que sufrió, quien era funcionaria de la entidad pública.

“Estamos reunidos con el director nacional de la Policía, general William Salamanca, en el puesto de mando unificado en Bogotá, y nos reportaron hacia el mediodía una toma a la Registraduría de Gamarra, Cesar, por parte de simpatizantes de un excandidato, cuya aspiración fue revocada por parte del Consejo Nacional Electoral el 16 de octubre”, dijo en su momento el registrador nacional, Alexánder Vega.

Narró el funcionario a pocos instantes de conocerse la noticia que “los uniformados de la Policía intentaron contener y entraron hombres con gasolina quemando las instalaciones, causándole lesiones graves a la registradora y ocasionando el fallecimiento de una funcionaria de la Registraduría que no pudo salir a tiempo del incendio”.

Pero es que la violencia no se tomó las elecciones solamente en Gamarra. Según la Policía, luego de cerradas las urnas se presentaron 19 acciones de vandalismo contra el certamen electoral. “Después de las 4 de la tarde hubo exactamente 19 eventos, que se presentaron en departamentos como el Cauca, Bolívar, Chocó, Antioquia y Santander, que implicaron desórdenes ciudadanos por inconformismos que llegaron a la quema de material electoral”, dijo el general Alejandro Zapata, subdirector de la Policía.

“Durante la jornada electoral no se presentaron atentados o afectaciones contra unidades militares o unidades de policía, así como en contra de la infraestructura estratégica del país, puntualizó el subdirector de la Policía, al tiempo que valoró la reducción en el homicidio que fue del 25 %”, agregó.

Así mismo indicó que, “sobre los hechos presentados en regiones donde delinquen las disidencias de las Farc, manifestó que se está indagando si estas estructuras criminales tuvieron alguna incidencia en los actos violentos.

Añadió que “los temas del Cauca, lo que ocurrió en Balboa y en Argelia, hay que verificar quién está detrás de esto porque hay en algunos lugares que no es generación espontánea de la gente que simplemente se inconformó porque no ganó su candidato”.

El general Zapata también reportó la captura de más de 300 personas durante las elecciones. “Se dio la captura de 365 personas durante los comicios, de ellas, 328 tenían orden de captura vigente por varios delitos y específicamente 37 fueron capturados en flagrancia por delitos electorales”, manifestó.

Así mismo, dijo que más de mil millones de pesos fueron decomisados, en donde sus poseedores no pudieron explicar el origen de los recursos, por lo que se investiga si eran para la compra de votos. “Se hizo efectiva la incautación de cerca de 1.200 millones de pesos en efectivo, lo que equivale a un aumento de 289 % frente a los comicios de 2019; el dinero y los capturados fueron puestos a disposición de la justicia para que respondan por el origen y la destinación del efectivo”, explicó Zapata.