Judicial
Atención | Por graves omisiones, condenan a la Nación por el atentado terrorista del ELN en la Escuela de Cadetes General Santander
El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional deberán reparar a las víctimas de este hecho registrado en enero de 2017 y que dejó 22 policías muertos.
La Nación, representada en el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, fue condenada por el carrobomba que estalló en la mañana del 17 de enero de 2017, en la Escuela de Cadetes General Santander, en el suroccidente de Bogotá. La decisión se da seis años después de los trágicos hechos que dejaron 22 policías muertos y una decena de heridos.
El juzgado 60 administrativo de Bogotá determinó que se presentaron graves omisiones en la seguridad de la Escuela, omitiendo varios de los controles en la portería, lo que permitió que la camioneta cargada de explosivos ingresara y se ubicara en un punto cercano al lugar donde se estaba realizando la ceremonia de ascensos. Tras analizar la evidencia se llegó a la conclusión que existió una “falla en el servicio que permitió el desarrollo de la actividad delictiva”.
Tras analizar varias pruebas presentadas por la parte demandante, esto es, los familiares de uno de los cadetes que murieron en la explosión, el juzgado determinó que la Escuela -una de las más importantes del país en materia de formación- no contaba con un personal capacitado que garantizara la seguridad.
Para el despacho, lo ocurrido se pudo prevenir si se contaba con el personal indicado, que cumpliera a cabalidad sus funciones de control en la puerta principal y los alrededores de la Escuela, la cual, sea dicho de paso, se encuentra en un lugar donde hay viviendas civiles.
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“(...) se pudo prevenir y evitar el resultado al asumir la gestión del riesgo de atentado terrorista al que pudo estar sometida a una escuela militar o de policía dada la situación de orden público para el momento de los hechos”, resalta la decisión. Para el juzgado, en medio del estudio de esta demanda, ni el Ministerio de Defensa ni la Policía explicaron cuáles eran los protocolos y mecanismos de protección que existían para garantizar la seguridad.
El juzgado les había pedido explicar los mecanismos como la implementación de retenes al exterior e interior e las instalaciones, colocación de obstáculos para impedir la circulación de cualquier vehículo a alta velocidad, así como la ubicación de barreras que impidiera el desplazamiento de vehículo que no tuvieran autorización.
En el atentado terrorista, José Aldemar Rojas, alias El Mocho, ingresó la camioneta, la ubicó cerca del lugar donde se realizaba la ceremonia y acto seguido se bajó para intentar huir. Sin embargo, en ese momento, el vehículo estalló.
Por estos hechos, en primera instancia, un juez especializado de Bogotá condenó a 47 años de prisión Ricardo Andrés Carvajal quien, según las pruebas, fue el encargado de arrendar la bodega usada por los terroristas para armar el carro bomba que fue usado en el atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Francisco de Paula Santander.
Carvajal fue hallado responsable de los delitos de terrorismo agravado, homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y daño en bien ajeno agravado. La condena se fijó en 46 años de cárcel.
“Fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales demostraron que Carvajal Salgar pagó el arrendamiento de la bodega, ubicada en el barrio Santa Librada, en el sur de Bogotá, donde fue escondida y acondicionada con explosivos la camioneta utilizada para cometer el atentado, el 17 de enero de 2019″, explicó la Fiscalía al conocer la condena.
La bodega era un pequeño parqueadero ubicado en una casa de familia que fue arrendada una semana antes y en ese sitio metieron la camioneta usada en el atentado. Hasta esa bodega llevaron los explosivos y fue armado el artefacto. De esa misma casa salió la camioneta con destino a la Escuela de Policía donde finalmente detonaron el explosivo con el desafortunado saldo de 22 cadetes muertos.
“La contundencia de las pruebas y evidencias presentadas por la Fiscalía General de la Nación fueron determinantes para que una juez especializada de Bogotá condenara a 46 años de prisión a Ricardo Andrés Carvajal Salgar, por su participación en el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Francisco de Paula Santander”, señaló el delegado contra la Criminalidad Organizada, Javier García Trochez.
Carvajal Salgar fue el primer capturado por este atentado terrorista y su voz apareció en una llamada que por casualidad los investigadores de otro caso tenían interceptada y donde el ahora condenado aseguró estaba escondido tras completar o ayudar en el atentado terrorista.
“Una de las evidencias obtenidas en la investigación da cuenta de que, a través de una llamada telefónica, el hoy sentenciado le aseguró a una tercera persona que se había escondido porque estaba vinculado al ataque terrorista”, explicó la Fiscalía.
Desde un inicio del proceso el sentenciado se declaró inocente mientras aseguró que su comentario en la llamada telefónica, el mismo que se convirtió en prueba en su contra, lo hizo porque le pareció gracioso.