Fiscal Francisco Barbosa pidió medidas cautelares en la CIDH: habló de amenazas del ELN, de la posición de Danilo Rueda y de hostigamiento por parte del Gobierno Petro

El fiscal general Francisco Barbosa no está dispuesto a dar su brazo a torcer ante las amenazas del ELN de atentar contra su vida. Además de hacer público este plan criminal y establecer una reunión de alto nivel con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la cúpula militar, en la que se ventiló el caso y acordaron tomar medidas urgentes y extremas para proteger su vida y la de su familia, llevó su caso a escenarios internacionales.

Por eso, radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares “a su favor y de su núcleo familiar, con el fin de que se le garanticen los derechos a la vida, honra, integridad personal y dignidad”.

La solicitud de medidas cautelares incluye la garantía de las condiciones de seguridad necesarias para continuar desarrollando con autonomía e independencia sus funciones como fiscal general de la nación hasta la terminación de su periodo, el próximo 12 de febrero 2024, sin ser objeto de actos de intimidación, hostigamiento o amenazas, así como cuando termine su ejercicio en el cargo.

Y es que el fiscal llegó a la CIDH con un grueso expediente con el que argumentó los riesgos para su vida y la de su familia. El primero, claramente, el plan criminal del ELN para asesinarlo. Pero no se guardó nada y aprovechó para poner sobre la mesa que, luego de hacer la denuncia y que esta fuera corroborada por tres fuentes de inteligencia diferentes, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, desestimó la gravedad del plan de la guerrilla que está supuestamente negociando la paz con el Gobierno.

Además, Barbosa denunció lo que considera una “campaña de criminalización” que fue argumentada con 100 denuncias “temerarias” entre otros hechos por sedición, “traición a la patria”, abuso de autoridad, prevaricato, falsas alianzas con grupos paramilitares como las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo.

La presión del Estado contra Barbosa

Pero en esta ocasión el fiscal fue más allá y no solo planteó la gravedad de un intento de matarlo, también expuso la conflictiva relación que ha tenido con funcionarios del Estado y con el mismo presidente Gustavo Petro.

“Campañas de desprestigio en redes sociales en contra del fiscal general de la nación por parte de sectores sociales y políticos del Estado, que a través de cuestionamientos buscan obstaculizar e impedir el ejercicio autónomo e independiente del ente investigador y acusador. Estos hechos se han materializado en agresiones institucionales, como manifestaciones que terminan en actos de vandalismo contra los bienes públicos de la entidad”, señalan desde la Fiscalía.

El interés del fiscal Barbosa no es otro que proteger su vida y la de su familia, así lo planteó en la reunión de alto nivel, en la que es necesario que “exista la suficiencia de medidas que garanticen la protección a sus derechos fundamentales y los de su grupo familiar”.

El plan criminal

El ELN planeó en Venezuela un atentado terrorista para asesinar al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. Según tres fuentes distintas, una de ellas de inteligencia militar, la reunión se desarrolló en julio pasado en el vecino país y en ella participaron cinco altos mandos de esa organización criminal.

El encargado de organizar el atentado contra Barbosa es alias El Rolo, integrante de un frente urbano del ELN. SEMANA conoció, con fuentes de inteligencia, que el grupo terrorista estaría entrenando a varios hombres en manejo de drones y el ataque se realizaría con un francotirador.

Según las primeras pesquisas y averiguaciones de las autoridades, El Rolo presenta reportes sospechosos de transacciones superiores a los 3.000 millones de pesos, tal y como sucedió con los movimientos de dinero detectados tras el atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes General Santander en 2019.

Otros involucrados en el plan macabro para matar al fiscal serían Jaime Galvis, alias Ariel, y alias Gonzalo Satélite, ambos del frente Luis Enrique León Guerra.

El fiscal Barbosa ha dado una férrea batalla para evitar que haya impunidad con narcotraficantes y otros criminales con la ‘paz total’ del Gobierno Petro.

SEMANA conoció que la información del plan terrorista para atentar contra Barbosa ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía.

Este martes, la Fiscalía emitió un comunicado confirmando la información:

El fiscal Francisco Barbosa da un no rotundo a la política antidrogas del Gobierno Petro: “No lucha contra el narcotráfico”

La posición de la Fiscalía de cara al Consejo de Política Criminal, en el que se expondrá la nueva política antidrogas del Gobierno nacional, es clara y sin dudas. El fiscal Francisco Barbosa advirtió que votará de forma negativa esa iniciativa del Gobierno, tras advertir que no dice nada sobre la lucha contra el narcotráfico.

De acuerdo con el jefe del ente acusador, es la primera vez, en 30 años, que la Fiscalía votará negativamente a la política antidrogas del Gobierno nacional, básicamente por considerar que les deja el camino libre a los narcotraficantes. Según el fiscal, la política que plantea el Gobierno es espuria en contenido y fuerza.

“Consideramos que esa política es una política general que no corresponde a los elementos que tiene que tener una política en objetivos, estrategias y acciones claras que demuestren la lucha del Estado contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales”, señaló el fiscal.

Según el fiscal, la política que presentó el Gobierno nacional no incluye elementos de juicio y acción en la lucha contra el narcotráfico. Aunque dicha política advierte sobre el tratamiento con pequeños cultivadores, deja por fuera toda la cadena criminal del narcotráfico y sus principales protagonistas, algunos de los cuales buscan pista en la llamada ‘paz total’.

“Explica ampliamente que la lucha contra las drogas no debe tener una persecución a cultivadores y consumidores, [con] lo cual estamos de acuerdo, pero no desarrolla ninguna política, ni acción del Estado, contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Hasta el último minuto de mi ejercicio como fiscal, seguiremos cumpliendo y ejerciendo las competencias en los diferentes campos”, anticipó el fiscal a la reunión con el Gobierno y otras autoridades.

Previamente, el fiscal también envió al Consejo Nacional de Estupefacientes su concepto negativo a la Política Antidrogas del Gobierno. Advirtió, en mayúsculas, su desaprobación a la propuesta del Gobierno para luchar contra los criminales dedicados al narcotráfico. En su criterio, esa política no satisface las necesidades de contrarrestar toda la cadena del tráfico de estupefacientes.

“Se evidencia que, si bien uno de los propósitos de la Política es el de debilitar a las organizaciones narcotraficantes”. Una de las ideas claves es que “las acciones represivas deben enfocarse en el debilitamiento de las capacidades de las organizaciones criminales asociadas al narcotráfico (...)”. En realidad, los ejes que componen la Política no contemplan objetivos, estrategias ni acciones claras que demuestren la lucha del Estado contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales”, señala el concepto negativo de la Fiscalía.

El Consejo de Política Criminal reúne al Gobierno con las autoridades encargadas de la seguridad y la investigación criminal del país, de ahí que resulta determinante la posición de las entidades protagonistas; por ejemplo, en la lucha contra las organizaciones al margen de la ley, entre ellas, los dedicados al narcotráfico. La reunión se realizará este lunes 17 de julio en Bogotá.

“En conclusión, se desaprueba la política propuesta, en tanto el documento corresponde a un plan social y ambiental, pero que dista de ser una política nacional que establezca lineamientos, estrategias y acciones claras 913 evidencien el compromiso del Estado en la lucha contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales que se lucran de ese fenómeno criminal y afectan la seguridad en los territorios”, finaliza el documento con la firma del fiscal.