Atención: presidente Duque designó a Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado de Medellín

El presidente de la República, Iván Duque, tomó la determinación de designar a Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado de Medellín, tras conocer la suspensión del cargo que profirió la Procuraduría en contra de Daniel Quintero.

Por medio de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado dio a conocer que la Presidencia de la República fue notificada por el Ministerio Público sobre la determinación de suspender a Quintero como alcalde de la capital de Antioquia.

“Según la decisión de la Procuraduría General de la Nación, de suspender al alcalde del Distrito de Medellín, la cual ya nos fue comunicada, hemos encargado como alcalde a Juan Camilo Restrepo Gómez, Alto Comisionado para la Paz, durante el período que corresponda”, trinó el mandatario colombiano.

¿Quién es Juan Camilo Restrepo?

Restrepo es el actual comisionado de Paz y, de acuerdo con su hoja de vida, inició su carrera en el sector público durante la campaña a la Alcaldía de Medellín de Sergio Fajardo, a quien acompañó como asesor entre 2004 y 2005.

El funcionario de la Presidencia fue candidato a la Cámara de Representantes por el Partido de La U y se desempeñó, en 2006, como asesor legislativo del Ministerio de Defensa Nacional y luego como director del Consultorio Jurídico de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, Uniciencia; además, fue viceministro de Relaciones Políticas.

Recientemente, y en diálogo con SEMANA, el Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, fue enfático en señalar que la estructura del Clan del Golfo no ha desaparecido pese a la captura y el traslado a Estados Unidos de alias Otoniel.

Decisión de la Procuraduría

Cabe recordar que el martes de esta semana, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, ordenó la suspensión provisional del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunta participación en política, luego de que este publicara un video, con doble sentido, en el que aparecía en un carro diciendo “cambio en primera”, lo que fue leído como un apoyo al candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, cuya aspiración ha sido respaldada por varios funcionarios de esta administración. Incluso, algunos han dejado su cargo a un lado para sumarse a la campaña.

En ese sentido, la procuradora Margarita Cabello fue contundente en su declaración y afirmó que “como procuradora debo propender siempre por generar equilibrio y evitar ser parte de las controversias, y así lo estoy haciendo, pero les digo, como expresé el día de mi posesión, no se equivoquen conmigo; la Procuraduría seguirá vigilante y actuando con rigurosidad y contundencia para garantizar unas elecciones democráticas y transparentes”.

Frente al vacío jurídico que hay en el país luego de que la CIDH tumbara la sanción que, en su momento, le fue impuesta a Petro cuando era alcalde de Bogotá, Cabello advirtió que sí tiene la competencia para tomar este tipo de decisión.

“La Procuraduría General de la Nación tiene la competencia legal y constitucional para investigar, suspender provisionalmente y sancionar hasta con destitución e inhabilidad a todos los servidores públicos del país, incluso a los que han sido nombrados por elección popular”, sostuvo Cabello al anunciar las sanciones.

Aunque el detonante de la sanción contra Quintero fue un video en redes sociales en el que no es realmente claro lo que quiere decir y la posibilidad de que sea un apoyo a Petro es una lectura entre líneas, Cabello justificó la decisión que acaba de tomar.

“Los servidores públicos deben tener en cuenta que la participación en política no se reduce a la solicitud expresa de votar por un candidato, sino que contempla cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyo que rompan con el equilibrio de la contienda electoral. El uso de las redes sociales y de los medios de comunicación no puede ser instrumento para afectar la imparcialidad de ese proceso”, advirtió.

A renglón seguido, explicó que “la democracia tiene reglas y estas deben cumplirse. Mientras no exista una ley estatutaria, ningún servidor público, desde el menor rango y hasta el más alto nivel, puede utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos, y en las controversias políticas sin perjuicios de los derechos previstos en la Constitución y la ley”.

En total fueron cuatro los funcionarios públicos contra los que la procuradora General anunció las sanciones. Daniel Quintero, alcalde de Medellín; Andrés Fabián Hurtado, alcalde de Ibagué, Tolima; Gustavo Adolfo Herrera, concejal de Calarcá, Quindío, y Grenfell Lozano Guerrero, personero del municipio de Nátaga, Huila.

Finalmente, y lo que pone sobre el tapete la posibilidad de que, como ocurrió en su momento con la sanción contra Petro, Quintero use las mismas estrategias de defensa de su cargo e incluso apele a instancias internacionales para no permitir que lo saquen de su cargo.