Atención: presidente Duque ordena destitución inmediata del director del Inpec por escándalo Mattos

El presidente de la República, Iván Duque, tomó las primeras decisiones por el escándalo que sacude al país y el cual involucra al polémico empresario Carlos Mattos, quien estaría violando todas las medidas de privación de la libertad saliendo como Pedro por su casa de su sitio de reclusión.

En ese sentido, fuentes de alto nivel del Gobierno nacional le revelaron a SEMANA que el jefe de Estado una vez tuvo conocimiento de las irregularidades, tomó la determinación de destituir al director del Inpec, general Mariano Botero Coy, y el director de la cárcel La Picota, coronel en retiro Wilmer Valencia.

Pero las decisiones no paran ahí ya que el mandatario también pidió que Carlos Mattos sea trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, pues hasta el momento el polémico empresario permanecía en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá.

En imágenes reveladas por Noticias Caracol este miércoles se puede observar que en la tarde del pasado 25 de febrero Mattos llegó escoltado a un edificio en la calle 106 con carrera 19 de Bogotá, a bordo de un vehículo del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La escena no tendría nada de raro si no fuera por el simple hecho de que en esa salida Mattos aprovechó para reunirse, a sus anchas y sin ningún tipo de afán, con varias personas, entre ellos el abogado Iván Cancino, que forma parte de su grupo de defensores, pese a que estos encuentros se deben realizar en el centro carcelario en el que se encuentre privado de su libertad, en su caso, la cárcel Picota.

El Gobierno está en máxima alerta por esa situación, y por directrices del presidente Duque se investiga a otros funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) que estarían involucrados con las irregularidades en la custodia de Mattos.

Hace varias semanas, el empresario colombiano, que aceptó cargos por el caso Hyundai, pidió perdón y confesó que le pagó al periodista Gonzalo Guillén para desacreditar a la Fiscalía.

“Tomé la decisión de acudir a los servicios del periodista Gonzalo Guillén, quien ya venía realizando investigaciones en contra del Grupo Eljuri, a través de publicaciones y exposición mediática, para que buscara la manera de desacreditar y encontrar la manera de que perdieran credibilidad tato el grupo Eljuri como los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que venían investigándome”, señaló Mattos en su momento en el documento.

“Los servicios del señor Gonzalo Guillén, según puedo demostrar con la contabilidad, ascienden a la suma aproximada de 20.000.000 de pesos, así como el pago de tiquetes aéreos que me eran solicitados por dicho periodista”, añadió la comunicación firmada por Mattos.

“Este comportamiento de mi parte desdice de los valores familiares que me fueron inculcados, así como de los principios que orientaron la consolidación de mis empresas, generando no solo las consecuencias que como ciudadano colombiano debo afrontar y que hoy me tienen privado de la libertad, sino también la necesidad de resarcir los perjuicios que ocasioné al cohechar funcionarios y servidores públicos, así como de patrocinar al señor Gonzalo Guillén, para que, en mi beneficio, desacreditara la labor que realizó la Fiscalía General de la Nación y sus delegados en el caso denominado Hyundai, pues afecté la imagen de la administración de justicia y de quienes la representan”, escribió Mattos.

“Por lo anterior, ofrezco disculpas, inicialmente a mi familia, a la sociedad colombiana, a la administración de justicia y a la Fiscalía General de la Nación, así como a todas las personas que se pudieran ver afectados con mi ilícito proceder, por los perjuicios que haya causado; asegurándoles que no volveré a cometer a ningún comportamiento ilegal o ilícito y esperando que la sanción a la que me he hecho acreedor se convierta en un ejemplo claro y directo que, bajo ninguna circunstancia, se debe corromper la administración de justicia”, puntualizó en esa ocasión Mattos.

Por último, en el caso puntual de Mattos, tras una extensa negociación con la Fiscalía, se le fijó una condena de 56 meses de prisión (cuatro años y medio) por planear y poner en marcha un plan para direccionar una demanda en los juzgados civiles de Bogotá, con el objetivo de resultar beneficiado con unas medidas cautelares y así seguir vendiendo los carros de la marca coreana en Colombia. Acuerdo que podría tambalear por el escándalo que protagoniza al salir de la cárcel La Picota a adelantar al parecer varias diligencias.