Atención: procuradora evalúa compulsar copias para que investiguen al presidente Petro por desconocer fallo contra alcalde de Riohacha

Para la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, el presidente Gustavo Petro está desconociendo por completo el Estado social de derecho al no atender el fallo que suspendió disciplinariamente al alcalde de Riohacha, en La Guajira, por presuntas irregularidades en una licitación pública.

“Ojalá que no se rompa la democracia o algunas instituciones cuando el presidente de la República que desconociendo el Estado social de derecho quiere incumplir una orden constitucional”. La procuradora general recordó que la Constitución Política de 1991 le otorgó las funciones para investigar, juzgar y sancionar a funcionarios de elección popular.

Debido a esto anunció que no se descarta compulsar copias ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue al presidente Petro por el delito de prevaricato.

“El incumplimiento o desacato de las decisiones de la Corte Constitucional genera lo que se llama el delito de prevaricato, ahí podría pensarse en la necesidad de actuar haciendo la compulsa de copias correspondiente si a ello hubiera lugar y eso estamos estudiando”, dijo la funcionaria.

La procuradora calificó la actitud del presidente Petro como “un mal ejemplo” que genera impunidad, caos institucional y desgobierno. Además, dijo que es la primera vez en 30 años que un presidente de la República incumple una orden constitucional.

La advertencia de la procuradora Cabello, además de su contundencia, fue mucho más allá y prendió las alarmas por el proceso electoral que se está dando en el país y que ya despega con la inscripción de los candidatos.

“Me preocupa que en este momento de elecciones y de proceso electoral se esté dando vía libre a incumplir el Estado de derecho y de democracia y dándoles a los corruptos funcionarios electos popularmente, sancionados en estos tres años, poder de aspirar y querer, violando una decisión de la Corte Constitucional, inscribirse para ser candidatos de corporaciones públicas en nuestro país. No es posible que se les entregue la posibilidad de ser candidatos. La democracia se respeta, gústenos o no nos guste”, afirmó Cabello.

La procuradora dejó claro su planteamiento jurídico con el que le respondió al mentado argumento del presidente Petro. “La Corte Constitucional determinó que la investigación, juzgamiento y la sanción contra servidores públicos, incluido los de elección popular, la debe realizar la Procuraduría General de la Nación, con la ratificación propia del Consejo de Estado”.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, quien en teoría debería expedir un decreto designando a un encargado para dicho municipio —porque es una ciudad capital—, desconocerá la suspensión.

Al menos así se evidencia en una carta que el jefe de Estado le envió directamente a la procuradora Margarita Cabello el 25 de julio de 2023, en la que argumenta, entre otras razones, que dicho organismo administrativo no tiene facultades para sancionar a un alcalde en ejercicio.

Es decir, la misma tesis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que llevó a la justicia a tumbar el fallo que en su contra profirió el exprocurador Alejandro Ordóñez, por el escándalo de las basuras cuando fue alcalde de Bogotá.

SEMANA conoció el documento de 24 páginas firmado con puño y letra.

“El presidente observa con preocupación que la medida cautelar de la suspensión provisional de un funcionario electo popularmente autorizada en la ley colombiana y ordenada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción”, se lee en la misiva.

Dice Petro que la medida cautelar “no es una de aquellas medidas restrictivas de los derechos políticos autorizadas en el Artículo 23 n.° 2 de la Convención ADH, ni reúne las exigencias mínimas de los estándares convencionales fijados por la Corte IDH en sus precedentes, lo que hace imposible que se proceda a expedir el acto de ejecución o cumplimiento solicitado por la autoridad administrativa, en cuanto se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente (...), implicando un serio riesgo de la responsabilidad internacional del Estado por un presunto acto ilícito internacional que, en el futuro, le sería reclamado a la República de Colombia”.

Agregó: “Encuentra, asimismo, el presidente, efectuando una interpretación del efecto útil y acorde con el principio pro homine, que solo el hecho que quien profiera la medida cautelar sea una autoridad no jurisdiccional y no en un proceso penal, desconoce la garantía material que acompaña el ejercicio del derecho político humano del Artículo 23 de la Convención ADH”.

El presidente “advierte que la medida cautelar restrictiva del derecho político que se le impone a un electo popularmente proviene de una autoridad administrativa disciplinaria, perteneciente a la estructura administrativa y funcional de la Procuraduría General de la Nación, dentro de un proceso administrativo disciplinario de naturaleza sancionatoria, lo cual entra en contradicción material con el estándar convencional fijado por la Corte IDH respecto de las funciones sancionatorias de este ente de control frente a los electos popularmente”.

Por tanto, “el presidente entiende, en virtud del control ex officio de convencionalidad efectuado, que no le asiste la obligación convencional de proferir los actos de cumplimiento o ejecución de la medida cautelar requerida por la Procuraduría Delegada Disciplinaria, en cuanto a que se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente, implicando un serio riesgo de la responsabilidad internacional del Estado por un presunto acto ilícito internacional que en el futuro le sería reclamado a la República de Colombia”.

Por eso, Gustavo Petro pidió devolver la solicitud al funcionario administrativo de origen “para que adopte los correctivos convencionales que correspondan en el ámbito de sus competencias”.

Además, solicitó enviar su carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “para que obre como documento de cumplimiento de lo ordenado al Estado dentro del caso Petro para Colombia; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; al embajador de Colombia ante la OEA para que sea puesto en conocimiento de los países miembros de la misma y sea leída en sesión ordinaria”.

Finalmente, el jefe de Estado anunció que remitirá los antecedentes de este asunto a la Fiscalía para que, si a bien lo tiene, adelante las actuaciones que considere pertinentes dentro de sus competencias.