Atención | Procuraduría pide enviar a la cárcel a los diez policías investigados en la masacre de Chochó

“Fue un acto bajo y vil”. De esta manera, calificó la delegada de la Procuraduría General los hechos que rodearon la retención, tortura y asesinato de tres jóvenes en zona rural del municipio de Chochó (Sucre). Con base en la evidencia documental y testimonial se determinó que agentes de la Policía Nacional participaron activamente en este caso.

Los agentes, según reseñó, se dividieron las funciones para ejecutar a los tres jóvenes a quienes señalaron de tener vínculos con la banda criminal del Clan del Golfo y de haber participado en el crimen de un policía en medio del denominado plan pistola que se registró en la región.

Fue de esta manera en que los jóvenes fueron retenidos “por mera sospecha”, sometidos a toda clase de vejámenes, golpeados, torturados, amenazados y ultimados. Las pruebas documentales indican que fueron montados a la fuerza a una camioneta para luego arrojarlos “como si no fueran nada” en la estación de policía del municipio.

Los agentes que no participaron en esta acción guardaron silencio y ocultaron toda la información. Igualmente, hicieron todo lo posible por borrar la evidencia de la camioneta, para eso la mandaron a lavar y poner una tela que ocultara las marcas de las balas. “Son hechos muy graves (…) estas actuaciones de estos servidores se tornaron dictatoriales, tomaron justicia por su propia mano”.

Insistió que su formación les permitía saber que lo que estaban haciendo era totalmente ilegal, puesto que su función, si se presenta la situación, es presentar ante los sospechosos ante la Fiscalía General. “Violaron todos los derechos humanos que tenían estas personas, la dignidad humana, no fueron solidarios con estos jóvenes”.

Parafraseando una canción de Shakira, la procuradora delegada indicó que “todos fueron sordos, ciegos y mudos, nadie fue capaz de hablar, de hacer justicia”, puesto que pese a ser testigos de esa atrocidad guardaron silencio y miraron para otro lado. Fue gracias a las denuncias de la ciudadanía que se pudo comprobar todo lo que había ocurrido.

“Quisieron ocultar evidencia”, detalló la procuradora. El testimonio del latonero al que le llevaron la camioneta de la policía para que ocultara las muestras de las balas fue clave para poder reseñar la forma en cómo quisieron borrar todo tipo de pruebas. Los agentes habían dado la orden de limpiar absolutamente todo.

En otro de los apartes de su intervención, la delegada del órgano de control disciplinario manifestó que los cuerpos de los tres jóvenes presentaban todo tipo de torturas, heridas con arma blanca y de fuego. Haciendo caso omiso al valor de la vida los policías los montaron a una camioneta para luego arrojarlos.

“Uno esposado, otro herido y uno tenía un problema de motricidad. ¡Estaban totalmente indefensos, los arrastraron para subirlos a la camioneta!”, explicó. Las pruebas indicaron que ni siquiera podían caminar y por eso fueron arrastrados de esta manera. “La gloriosa policía nacional fue defraudada por sus propios miembros”.

Esto, en palabras de la procuradora, representa un claro abuso de autoridad puesto que los jóvenes no fueron capturados en flagrancia sino por sospecha. En un operativo calculado fueron interceptados pese a que no existía una orden judicial. “Nada explica por qué hicieron esto, no tiene justificación. La policía está constituida para salvar y proteger la vida de todas las personas, nada justifica el actuar de estas personas”.

Citando la imputación de cargos hecha por la Fiscalía, la procuradora del caos indicó que las imágenes de los cuerpos sin vida de los jóvenes son atroces, fueron masacrados, “les infligieron dolor por pura sospecha (…). Abusaron de su cargo al retener a estos jóvenes”.

“Todos permitieron que esto sucediera, todos”, manifestó la delegada del Ministerio Público. “Aquí es más evidente que hubo coautoría en los delitos de privación ilegal de la libertad y tortura (…). Estaban como garantes de la vida y la integridad de estas personas y no hicieron nada por evitarlo ¿Por qué?”.

Debido a esto, pidió que se emita medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra los patrulleros Rafael Paz Barbosa, Jesús María Bolaños, Santiago Garavito Díaz, Álvaro Antonio Álvarez, Yamit Alfonso Henao, Uber Guillermo Mieles, Bernardo Pontón Mercado, Diana Marcela Puerta y Leila Carolina Ávila; y la subteniente, María Camila Buriticá.

El pasado 24 de agosto, la Fiscalía General completó la imputación de cargos, de acuerdo con la responsabilidad de cada uniformado, por los delitos de homicidio, tortura y privación de la libertad. Para el fiscal, las pruebas advierten de qué modo los jóvenes fueron víctimas de un homicidio, antecedido por unas torturas.

Tras la pregunta de la jueza de garantías todos los policías se declararon inocentes. La audiencia continuará el próximo lunes 29 de agosto con la intervención de los abogados defensores.