Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y gerente de la campaña a la presidencia de Petro, a declarar por escándalo de financiación

El próximo 12 de septiembre deberá presentarse ante la Procuraduría General el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a declarar dentro de la investigación disciplinaria que se le adelanta a Nicolás Petro Burgos por el presunto ingreso irregular de dineros a la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022.

Roa, que fue el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, salió mencionado durante la imputación de cargos contra el hijo mayor del jefe de Estado. En un principio la defensa de Petro Burgos había pedido que fuera llamado a declarar para que se aclarara todo lo relacionado con la campaña presidencial.

Sin embargo, el pasado 8 de agosto, la defensa de Petro envió un correo electrónico al organismo de control disciplinario solicitando que se descartaran varios testimonios, entre ellos el de Roa; el exnarcotraficante y actual candidato a la Alcaldía de Maicao (La Guajira), Samuel Santander Lopesierra; a Gabriel Hilsaca, hijo del empresario Alfonso Hilsaca; Camilo Burgos, primo de Nicolás Petro, y una de las personas de máxima confianza: César Vásquez, tío de Day Vásquez, quien habría servido de testaferro y las agentes inmobiliarias.

Después de ser mencionado en la investigación penal, Roa respondió que todas la campaña se manejó con absoluta transparencia y que toda la documentación fue enviada al Consejo Nacional Electoral (CNE). Igualmente, advirtió, que en ningún momento Nicolás Petro tuvo un papel en la financiación de la campaña.

“Tenemos la tranquilidad de que no entraron esos dineros a la campaña, hicimos el propósito desde el comienzo de evitar que entraran dineros de naturaleza ilícita y a raíz de eso elaboramos una serie de controles”, contó Roa en entrevista con Blu Radio el pasado 8 de agosto. “Si Nicolás (Petro) recibió dineros a la campaña no lo sabemos, ninguna persona estaba autorizada a recaudar recursos, el único autorizado era yo y nunca hubo más gerentes”.

Según Roa, la campaña buscó cerca de 50 mil millones de pesos con bancos y cooperativas para lograr la financiación. Todos estos documentos, alegó, están en el portal Cuentas Claras.

“Lo de los testigos electorales se organizó en unas plataformas de terceros, los contratos y los pagos de la consulta se los hizo el Pacto Histórico. En la primera vuelta fue por la campaña y se hizo el pago de algunos coordinadores de testigos, hubo unos mil testigos que fueron pagos. Y en segunda vuelta se anunció que no iba a haber pagos a testigos electorales electorales porque eso tenía un costo muy elevado”.

No es la primera vez que Roa tiene que aclarar el origen y movimiento de los recursos de la campaña de Gustavo Petro. En esa oportunidad negó el ingreso de aportes recolectados por Armando Benedetti, quien en los audios revelados en exclusiva por SEMANA le mencionó a Laura Sarabia la necesidad de conseguir 15 mil millones de pesos.

El pasado 10 de agosto, cuando el Consejo Nacional Electoral decidió pedirle a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que informara sobre los ingresos y demás información financiera del hoy presidente de Ecopetrol Ricardo Roa (para avanzar en la investigación sobre el presunto ingreso de dineros irregulares a la contienda del presidente Gustavo Petro), el exgerente de la campaña le pidió al CNE que archivara la indagación preliminar en su contra.

SEMANA conoció que lo hizo a través del abogado Germán Eduardo Palacio, que le envió una carta el 4 de agosto de 2023 al magistrado Benjamín Ortiz Torres, quien lleva el proceso, donde plasmó la solicitud.

En el documento, el abogado de Roa dijo “que a la luz del principio de ‘necesidad de la prueba’, el cual establece que tanto las decisiones judiciales como administrativas deben fundarse en las pruebas oportunamente allegadas al proceso, lo cierto es que en el presente caso no existen elementos probatorios respecto de la presunta transgresión a las normas que regulan la administración y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral, siendo procedente abstenerse de iniciar actuación administrativa y en consecuencia ordenar el archivo del expediente”.

“Se solicita, en primera medida, y con fundamento en el Artículo 21 de la Ley Estatutaria 996 de 2005, el archivo inmediato de las presentes diligencias, pues la queja anónima sobre los topes de campaña en el evento electoral de la primera y la segunda vuelta presidencial de 2022 es extemporánea al superarse con creces el término de 30 días que dispone la ley”, se lee en la carta.

El abogado defensor le dijo al magistrado Benjamín Ortiz, por medio de la misiva, lo siguiente: “Resulta pertinente que su señoría, para el presente auto decida de manera pronta ante la inexistencia de hechos o actuaciones que demuestren algún tipo de irregularidad, y como quiera que, al tener carácter anónimo, no es plausible solicitar ampliación, aclaración o interrogatorio del quejoso indeterminado y lo más grave, sin evidencias aportadas en la queja”.

Frente a la primera vuelta presidencial, la defensa de Ricardo Roa dijo que es importante aclarar que las cuentas de la campaña fueron auditadas por un sistema de auditoría externa, la auditoría del partido y la auditoría externa contratada por el Consejo Nacional Electoral en tiempo real.

“En ninguna de ellas se realizaron objeciones o hallazgos que implicaran una irregularidad o contravención a las normas sobre la administración de los recursos de la campaña presidencial en la primera vuelta. Por el contrario, todos los ingresos y gastos fueron debidamente acreditados y validados contablemente, tanto así que la cuenta fue certificada por parte del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y aprobada por el CNE y, en consecuencia, se reconoció la coalición”, dice textualmente la carta.

Con relación a la segunda vuelta presidencial, el abogado Germán Eduardo Palacio dijo que, si bien a la fecha no ha sido certificada la cuenta por parte del Fondo Nacional de Financiación de Partidos del Consejo Nacional Electoral, “esto obedece al trámite ordinario de revisión y verificación de todos los registros contables entregados por el partido, que a la fecha solamente han solicitado aclaraciones y correcciones al mismo. Sin embargo, se aclara que, en ningún momento, estos requerimientos u observaciones han conllevado la apertura de investigaciones administrativas por parte de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (...)”.

Recordemos que el Consejo Nacional Electoral adelanta una indagación preliminar para determinar si a la campaña de Gustavo Petro ingresaron dineros que no fueron reportados por las directivas.