Atención | Se revela la cifra que nadie conocía, 4.5 billones de pesos pagó Colombia por 88 millones de vacunas para Covid

Uno de los secretos más guardados durante la pandemia, fue el monto que pagó el gobierno del presidente Iván Duque a las farmacéuticas para comprar las dosis de vacunas contra el Covid 19, que fueron aplicadas a los colombianos en medio de la pandemia. Se trataba de un secreto muy bien guardado, pues los acuerdos de confidencialidad con las farmacéuticas impedían revelar estos montos.

Ese secreto se acaba de conocer de boca del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, quien decidió acatar una orden de tutela del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que lo obligó a dar a conocer el monto de esos contratos.

Según Pava, Colombia le pagó a las farmacéuticas Astrazeneca, Gavi Alliance, Janssen, Moderna, Pfizer y Sinovac un total de 4.5 billones de pesos, por 88.138.120 dosis.

Las cifras discriminadas son las siguientes: a Astrazeneca se le pagó por 9.984.000 dosis $221.453.107.200; a Gavi Alliance se le pagó por 20.353.200 dosis $809.209.724.893; a Janssen se le pagó por 9 millones de dosis $254.303.516.000; a Moderna se le pago por 20.800.000 dosis $1.806.690.997.684, a Pfizer se le pago por 16.000.920 dosis $714.518.407.188 y a Sinovac se le pago por 88.138.120 dosis $4.512.739.265.971.

El valor por dosis más alto que se pagó fue a Moderna pues salió cada vacuna en $86.860 pesos unos U$ 22.2 dólares y el más bajo se pagó a Astrazeneca $22.180 por dosis unos U$ 6 dólares.

Según Pava la UNGRD a través de la Subcuenta Covid19 manejó recursos por un monto de 7.3 Billones de pesos los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera : 4.5 Billones para la adquisición de vacunas, 1 billón para el pago de la aplicación de vacunas a las IPS, 500 mil millones para equipo médico para el fortalecimiento de la capacidad instalada hospitalaria, y los demás recursos se invirtieron en Elementos de Proteccion Personal (EPP), equipos y elementos para la ejecución del Plan Nacional de Vacunación, fortalecimiento INS, estrategia PRASS, y fortalecimiento de infraestructura de los centros de acopio en el país.

El director de la UNGRD recordó que los acuerdos de adquisición de las vacunas contenían una cláusula de confidencialidad que protegía a las partes en su desarrollo pero que diferentes actores del sistema solicitaron su publicación.

“En estricto cumplimiento de las obligaciones adquiridas en los acuerdos suscritos con las diferentes casas farmacéuticas, de manera paralela y previo al cumplimiento de la orden judicial, la UNGRD notificó a los proveedores de vacunas COVID-19 que, pese al agotamiento de todos los mecanismos legales por parte del Gobierno Nacional para garantizar la protección y confidencialidad de los acuerdos, se procederá con el cumplimiento de la orden proferida por la autoridad competente”, sostuvo Pava.

La decisión de dar a conocer los montos de las vacunas compradas por el gobierno nacional se produce horas después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidiera abrir un incidente de desacato contra Javier Pava, director de la UNGRD por negarse a entregar esa información.

La decisión se tomó al considerar que no respondió de manera satisfactoria los derechos de petición presentados por el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción (IIEA) que pidió claridad sobre las actuaciones desplegadas por el entonces Gobierno frente a la pandemia y la adquisición de las vacunas.

La Unidad Nacional respondió cobijándose en el acuerdo de confidencialidad que existía entre el Gobierno y las farmacéuticas con los que se había hecho la respectiva compra de dosis. Esta respuesta no fue de buen recibo por parte del accionante que aseguró que no estaba clara la negativa para que esta entidad respondiera a la solicitud sobre el procedimiento de adquisición.

Teniendo en cuenta un fallo del Tribunal Administrativo la Unidad que ordenaba la entrega de la información la Unidad presentó un recurso de apelación al no estar de acuerdo, hecho por el cual nunca envió los datos que quedaron consignados en la decisión judiciales, entre estos se encontraban copias del modelo de contratación relacionados con la adquisición de las vacunas; el modelo, precio, plazo y cumplimiento del mismo; el domicilio de la entrega de las vacunas; y señalar si para el momento de la llegada de las dosis de Pfizer y Astrazeneca ya había un registro sanitario otorgado por las autoridades correspondientes.

Este hecho fue considerado como un desacato por parte del Tribunal que advirtió que no existían motivos para no hacerlo. “Revisado el expediente, se advierte que las decisiones adoptadas por el Consejo de Estado respecto al trámite de la referencia no han invalidado la orden adoptada en sentencia del 11 de mayo del 2021, sobre el acceso a la información planteada por el Instrumento Internacional de Estudio Anticorrupción, al igual que, no se ha allegado al expediente constancia o informe de cumplimiento de esta decisión”.