Atención: Suspenden del cargo al Superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, por pretender poner sus fichas en las cajas de compensación

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos y suspendió provisionalmente por tres meses al superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas, por las modificaciones realizadas a la lista de elegibles para los cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación.

El asunto, que fue un gran escándalo revelado por SEMANA puso en evidencia cómo Pérez ha venido manejando la Superintendencia de Subsidio Familiar a su antojo, aburriendo o pidiendo la salida de funcionarios que vienen de la pasada administración, calificándolos como uribistas; tratando de meter sus fichas en las cajas de compensación y hasta pidiendo dinero a los representantes de las cajas, para invertir en Buenaventura, pero sin que esto hubiera sido ajustado a la norma.

El funcionario, según Procuraduría, habría modificado la lista de elegibles para ocupar el cargo de agente interventor, por eso, la suspensión provisional se adopta para evitar que desde su posición pueda seguir modificando esa lista.

La suspensión provisional y el primer cargo se fundamentaron en que Pérez Casas habría modificado, sin justificación constitucional, legal o reglamentaria, la lista de elegibles mediante la variación de los requisitos inicialmente exigidos, con lo que fueron incluidas personas que no habían participado en la convocatoria realizada en mayo de 2022 o que no cumplían los requisitos mínimos para integrarla.

Esa situación le permitió designar a Juan Carlos Carvajal Rodríguez como director administrativo de la Caja de Compensación Familiar del Huila -Comfamiliar Huila-.

Para el Ministerio Público, el superintendente habría desconocido los principios de igualdad, legalidad, moralidad, entre otros, dado que disminuyó los requisitos exigidos en la convocatoria original con la finalidad de incluir nuevos aspirantes en la lista de elegibles, que era definitiva, obligatoria e inmodificable.

La suspensión provisional en el cargo se fundamentó en el hecho que, mientras el superintendente Pérez Casas lo ejerza, podría seguir modificando la lista de elegibles, vigente desde el 5 de agosto de 2022 hasta el 5 de agosto de 2024 y, por tanto, designar directores o agentes liquidadores que no participaron en la convocatoria inicial.

Sobre la solicitud de dinero a las cajas de compensación para ayudar a la población de Buenaventura, el órgano de control señaló que, independientemente del fin altruista, el funcionario no podía solicitar a las cajas vigiladas contribuciones distintas a las legalmente ordenadas por ley, es decir, para la administración de los recursos parafiscales con los que se financia el Sistema del Subsidio Familiar, el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Según el fallo, “atendiendo el llamado del Monseñor Rubén Darío Jaramillo, decidió acudir inicialmente a dos cajas de compensación para solicitar un aporte para esa causa y, posteriormente, según se desprende de su intervención, a los directores de las otras cajas, lo que lo llevó a recaudar aproximadamente novecientos millones de pesos ($900.000.000), haciendo énfasis en que aún faltaban algunas por aportar; razón por la que esperaba lo hicieran antes del 15 de diciembre, para lograr recaudar mil millones de pesos ($1.000.000.000)”.

Los escándalos del Superintendente Pérez

En chats revelados por SEMANA y que están en poder de la justicia, el superintendente de Subsidio Familiar le pide a la directora administrativa de Comfacor, Caja de Compensación de Córdoba, Diana Marcela Vásquez, contratar recomendados, despedir a quienes considera miembros de la oposición y ascender a quienes tienen su guiño.

Vásquez, en su denuncia, aseguró que fue despedida por no haber seguido sus instrucciones y por eso presentó una demanda laboral pidiendo el reintegro a su trabajo. Esa petición la sustenta contando lo que para ella fue la verdadera causa de su retiro del trabajo: no haber accedido a las peticiones del superintendente de convertir en un fortín político la entidad. Para eso, Vásquez aportó todos los chats que tuvo con él.

Apenas Vásquez se posesionó, recibió una instrucción contundente: “Envía por favor un oficio a todo el personal directivo pidiendo sus renuncias protocolarias. Atenderás y priorizarás a quienes lo hagan. A los demás los desvincularemos progresivamente”, le decía el ‘súper’.

Desde ahí, los chats que le enviaba el alto funcionario se referirían solo a instrucciones frente a sus recomendados. En los chats se puede ver cómo le remite hojas de vida, una tras otra.

También conoció SEMANA los testimonios de consejeros y exconsejeros de distintas cajas que han conocido de primera mano las presiones que viene desempeñando el funcionario sobre otras cajas del país.

Los consejeros y exconsejeros, que en algunos casos han tenido que dejar sus funciones por las presiones del superintendente, le dijeron a SEMANA que el propósito de Pérez ―que quedó evidenciado en los chats que llegaron al despacho de una juez laboral del circuito en Montería― no solo sería sacar personas que no comulgan con las ideas del Gobierno, sino que quisiera buscar recursos en las cajas de compensación del país, es decir la plata de los trabajadores, para la ‘paz total’ y hasta hacer modificaciones al sistema de salud.

Uno de los hechos que llama la atención es que en seis de esas cajas, el interventor designado por la Super ha sido el mismo. “Lo que claramente se está estableciendo es que el Gobierno quiere tomar control de las cajas de compensación”, aseguró uno de los consejeros.

El superintendente también ha dicho en varios espacios que quisiera presentar una reforma a las cajas de compensación en el Congreso para que haya menos, una por cada región. Eso también prendió las alarmas en las cajas. Señalan que afectaría la libre competencia, reduciría los beneficios de los usuarios y haría más proclive a una intervención de la superintendencia, como ya está sucediendo.

Uno de los reclamos contra Pérez es que esos dineros que estaría buscando e interviniendo para propósitos del Gobierno no es plata del Estado, sino de los trabajadores del país. “El Gobierno nacional, en nuestro sentir, quiere apoderarse del sistema cuando pone al ente de control y vigilancia que es la Superintendencia, ni siquiera a coadministrar, está administrando, está llegando a pedir plata para la ‘paz total’. Está diciendo que deben apoyar con los pobres de este país y eso es plata de los trabajadores”, dijo uno de los consejeros.

Otro de ellos lanzó una grave alerta: “Quieren empezar a limpiar desde adentro para poner su gente, están politiqueando con las cajas”.