La negociación fallida en el caso del atentado al Andino

En las últimas dos semanas recuperaron su libertad por vencimiento de términos siete de las diez personas señaladas por la Fiscalía de pertenecer al Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), célula que habría ejecutado el atentado al centro comercial Andino. Entre los tres que permanecen en la cárcel está Natalia Trujillo, la única que ha intentado negociar con la Justicia. Su voluntad de colaboración, un capítulo no contado del caso, habría podido cambiar el rumbo del proceso. Pero quedó estancado en el despacho del fiscal general. 

SEMANA conoció los detalles del principio de oportunidad que Trujillo negoció con la Fiscalía para entregar su confesión, y de paso explicar el papel de otros nueve sindicados de la célula radical, y su participación en diez ataques en Bogotá y Pereira entre 2015 y 2017. Allí se planteó incluso que la potencial testigo señalaría a miembros de la organización hasta ahora no identificados por las autoridades. 

Natalia Trujillo estudió en la Universidad Nacional. Allí conoció a los otros jóvenes sindicados de pertenecer al MRP, un grupo clandestino urbano estrechamente vinculado al ELN. Tras graduarse, trabajó en una organización no gubernamental dedicada a atender asuntos de género y luego pasó a otra, de alcance internacional, enfocada en asuntos de la niñez. En ese puesto llegó a tener incluso cercanía con varios fiscales, con quienes buscaba acuerdos en casos de adolescentes que habían cometido delitos. 

Según la Fiscalía, Trujillo compartió vivienda con Boris Rojas, a quien sindica de ser el líder del MRP. Ella, presuntamente, habría participado en varias actividades, desde repartir panfletos y propaganda hasta detonar explosivos de bajo poder en sedes de la Dian o Saludcoop. En esos ataques se habría ocupado de hacer inteligencia, de acuerdo con la Fiscalía. Se disfrazaba y se metía en los objetivos. Recopilaba información sobre los recorridos de la Policía, la ubicación de las cámaras, los puntos ciegos para la vigilancia.  

Los investigadores que le siguieron la pista al MRP desde mucho antes del ataque al Andino notaron una particularidad. Algunas de las actitudes de Natalia no encajaban del todo con las de los demás sospechosos. Parecía menos radical. Lo notaban en detalles como que mantenía relaciones más cercanas con su familia, o que usaba con menor rigor las técnicas antivigilancia con las que aprenden a distraer los seguimientos de las autoridades. 

Ellos dicen que Trujillo, supuestamente, habría viajado a campamentos del frente de guerra nororiental del ELN en Arauca y La Guajira. Las pesquisas apuntan a que allí habría recibido entrenamiento militar e impartido instrucción académica a los guerrilleros. En este punto, las actividades delincuenciales del MRP habían alcanzado un mayor grado de sofisticación. Y entonces, según los investigadores, la célula planeó el ataque al Andino. En este caso, Trujillo habría sido una de las mujeres que, en un café internet del sur de Bogotá, descargaron los planos del centro comercial que el grupo usó para fraguar el bombazo.

Tras completar casi tres años presos, siete de los diez sospechosos salieron por vencimiento de términos.

Las cargas explotaron en un baño del Andino en la tarde del 17 de junio de 2017. Tres mujeres murieron y nueve personas más sufrieron heridas. Pronto, las autoridades identificaron a los sospechosos, a quienes ya venían siguiendo por los atentados previos. En los días posteriores los capturaron en Bogotá y en un balneario en Tolima. 

Entonces comenzó el caso en los estrados. Durante meses, ninguno de los sindicados mostró alguna intención de colaborar con la Justicia. Pero eso empezó a cambiar en agosto de 2018. Trujillo y otros de los implicados salieron de la cárcel por vencimiento de términos. Pero su libertad duró pocas horas, pues los recapturaron por una nueva orden judicial. Ese regreso al encierro afectó profundamente a Natalia. Entonces pidió traslado de El Buen Pastor a otra prisión en una ciudad cercana a Bogotá. Así se alejó de las otras sindicadas del MRP mientras empezaba a acercarse a la Fiscalía. 

El pasado 18 de septiembre, la Fiscalía separó su proceso por rebelión de los expedientes del resto de los sospechosos. El ente acusador negoció con Trujillo para que aceptara ese delito. A finales de octubre recibió una condena a 47 meses de cárcel. Pero aún tenía pendientes los cargos más graves: homicidio, terrorismo y concierto para delinquir. Trujillo y la Fiscalía acordaron que cesaría la acción penal por estos delitos, es decir, no tendría que pagar cárcel por ellos a cambio de que entregara información para esclarecer diez hechos violentos en los que participó el MRP y de que declarara contra los nueve sospechosos.

La Fiscalía aseguró en un principio de oportunidad que Trujillo podría “constituirse en una potencial fuente de información privilegiada que permitirá desarticular una organización subversiva”. Y lo justificó exponiendo su posición dentro del MRP: “Conoce la organización liderada por Boris Rojas, su ‘modus operandi’ y varios de sus integrantes, que fueron en su debido momento vinculados a las dos causas penales; así como la participación de cada uno de ellos dentro de la estructura criminal”. 

El ente también hizo un bosquejo de la información que Trujillo podría entregar. “Como complemento de lo trascendental y determinante del testimonio de esta persona, es necesario resaltar que desde el año 2011 compartió casa de habitación con el señor Boris Rojas, encontrándose en condiciones de expresar si esta persona en su casa portaba armas de fuego y explosivos, en qué época, qué cantidad, en dónde lo escondía o camuflaba y si realizaba desplazamientos a las áreas campamentarias del Ejército de Liberación Nacional, para qué fecha, a qué lugares (…)”. 

La Fiscalía, bajo las administraciones de Fabio Espitia y Francisco Barbosa, no concretó una negociación que pudo haber cambiado el rumbo del proceso.

Los supuestos miembros del MRP han dicho en su defensa, durante más de dos años, que son víctimas de un montaje judicial. La Fiscalía, por su parte, sostiene sus acusaciones con una lista de más de 300 elementos probatorios entre videos, audios, testimonios, análisis de explosivos, resultados de seguimientos y otros. Pero sin duda, ninguno de esos sería tan revelador como la confesión, desde adentro de la estructura del MRP, de una de sus supuestos miembros.

Sin embargo, la negociación no terminó de cuajar. El principio de oportunidad quedó estancado en el despacho del fiscal general, según le explicó a SEMANA Francisco Bernate, el abogado que representa a las víctimas del atentado al Andino. “Esta persona sí estaba muy avanzada y en eso se estaba trabajando hace mucho tiempo, pero desafortunadamente la Fiscalía nunca lo movió. La persona fue trasladada a otra cárcel para dar esa información, pero eso se quedó en el escritorio del fiscal general y nunca pasó nada”. Ese principio comenzó su trámite en la Fiscalía durante el periodo del encargado Fabio Espitia y siguió durante el comienzo de la administración de Francisco Barbosa. “Lo que más nos resiente como víctimas es que nosotros nunca estuvimos al tanto de cuál fue ese avance de ese principio de oportunidad. Nunca se nos consultó la opinión. Desconozco por completo el contenido. Nosotros sabíamos que existía, pero por qué no se firmó en tiempo, por qué se demoraron tanto”, dice Bernate. 

Finalmente, como era natural ante la falta de avance de los procesos, los jueces dejaron salir a la mayoría de los capturados, que completaron casi tres años detenidos. Así, esta semana también se cumplirán tres años de la bomba al Andino, mientras la justicia para las víctimas sigue enredada.