Atentado terrorista en la Escuela General Santander: familiares denuncian impunidad en el caso tras cinco años del brutal ataque del ELN

Los familiares de los 22 cadetes asesinados por la guerrilla del ELN, hace ya cinco años, en un violento atentado terrorista en la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, le reclamaron a la justicia colombiana por la impunidad en sus casos.

Claudia Peláez, madre del subteniente Diego Peláez, dijo: “La verdad, en estos cinco años que llevamos, para nosotros no ha cambiado nada. De verdad que mucha gente le dice a uno que el tiempo es el mejor remedio, pero no, para nosotros estar aquí hoy en la escuela es como revivir, como vivir el momento en que nuestros hijos fallecieron”.

Agregó: “Nosotros, los padres, estamos pidiendo que se haga justicia y no tenemos todavía respuestas. Entonces le pedimos a nuestro Gobierno nacional que, por favor, nos responda y que tengamos resultados óptimos para poder nosotros estar un poco más en paz y más tranquilos”.

Por su parte, Francisco Marulanda, padre del subteniente Juan Esteban Marulanda, coincidió en que el caso sigue en la impunidad. “Les pedimos a los jueces de la República, al fiscal, que se pongan la mano en el corazón, que si tienen hijos, que sientan un poco este dolor que llevamos estas 22 familias que somos las que estamos sufriendo ahora”.

Así mismo, indicaron los padres de los subtenientes asesinados que es difícil perdonar a una guerrilla que sigue derramando sangre en el país pese a estar en diálogos de paz con el Gobierno.

Vencimiento de términos

Prueba de esto es que en febrero pasado Miguel Antonio Castillo Rodríguez, Angie Lorena Solano Cortés, Andrés Felipe Oviedo Espinel, Carlos Arturo Marín Rios y Jessica Catherine Barrientos Castilla, acusados por su participación en el atentado terrorista en la Escuela de Cadetes General Santander, registrado el 17 de enero de 2019, fueron dejados en libertad. En un fallo de segunda instancia, un juez de conocimiento determinó que se presentó vencimiento de términos en su proceso penal.

Según la investigación, Miguel Antonio Castillo Rodríguez, alias Toño, es el propietario de dos empresas de producción y distribución de quesos ubicadas en Arauca y Bogotá, que habrían servido para financiar la acción criminal. Esta persona es investigada por servir de testaferro y legalizar dineros producto de extorsiones y secuestros en Arauca y Cundinamarca.

Mientras que Andrés Felipe Oviedo Espinel, alias Jesús, fue señalado de haber recibido órdenes directas del Comando Central del ELN (Coce) para planificar las actividades criminales que condujeron al ataque con carro bomba.

Por su parte, Angie Lorena Solano Cortés, alias Maco, fue señalada de hacer acompañamiento en una motocicleta del vehículo cargado con explosivos. Labor que adelantó junto a Carlos Arturo Marín Ríos, alias Marín.

Por estos hechos, fueron llamados a juicio para que respondieran por los delitos de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo, tentativa de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo, terrorismo, financiamiento al terrorismo. Sin embargo, hasta el momento, el proceso penal no ha dado inicio.