Atento: conozca aquí lo más relevante y polémico del informe de la Comisión de la Verdad y los cambios que recomienda para Colombia

Sobre las 11:00 a. m. de este martes 28 de junio, desde el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá se presentaron los resultados del informe de la Comisión de la Verdad.

Este documento recoge relatos, experiencias y testimonios de las víctimas de la violencia y de delitos que van de la mano de este flagelo, con el fin de de dar un paso clave hacia la construcción de paz en Colombia, por lo cual realizó una serie de recomendaciones y sugerencias.

SEMANA recopiló los temas más exponenciales del documento y presenta las diferentes acciones a seguir para el camino hacia la paz.

Infiltración de la mafia en varias campañas presidenciales

El informe final de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado en Colombia, que empezó a conocerse desde este martes, revela un capítulo sobre narcotráfico en el país.

Allí, la institución confirma la preocupación del gobierno norteamericano por la infiltración de dineros de los narcos a las campañas de varios expresidentes.

“La Comisión tuvo acceso a documentos del Gobierno estadounidense donde representantes y agencias mostraban serias preocupaciones por el nivel de penetración que podían llegar a tener estos dineros en las campañas de 1974, ganada por Alfonso López Michelsen; la de 1978, ganada por Julio César Turbay Ayala, y la de 1982, donde López Michelsen intentó ser reelegido”, se lee en el documento que contiene más de 800 páginas.

La Comisión de la Verdad aclaró que es difícil precisar quién financió a quién, “pero es claro que el sistema político y electoral ha sabido promover el clientelismo y una creciente corrupción electoral que ha minado la transparencia democrática –sobre todo a nivel regional– y ha incentivado la tolerancia frente a la circulación de recursos de dudosa transparencia como base del ejercicio político”.

En el informe, la entidad dirigida por el sacerdote Francisco de Roux informó que, desde 1977, en los cables enviados por su embajada al Gobierno de los Estados Unidos, se informaba de los posibles relacionamientos con narcotraficantes de campañas presidenciales de períodos anteriores y se planteaba que la corrupción que estaba en todos los sectores y estamentos del Gobierno era la principal amenaza para la sobrevivencia de las instituciones democráticas”.

Sin embargo, “en muchos de esos cables es claro que la preocupación de Estados Unidos estaba relacionada con el compromiso de colaboración de Colombia con las agendas de dicho país (como las políticas de presencia de sus pilotos en operaciones antidrogas, los programas de desarrollo alternativo, la erradicación con herbicidas y la extradición)”, se lee.

Según los testimonios que, de acuerdo con la Comisión, recogió durante los cuatro años de investigación, “la entrada de dinero del narcotráfico en las campañas presidenciales fue una de las formas en que el narcotráfico obtuvo poder y control político”.

Recordó la entidad que, en el período de la configuración de los carteles de Medellín y Cali, el tema central de disputa política fue la extradición a Estados Unidos, uno de los principales temores de los narcotraficantes de la época.

“Los señalamientos por el involucramiento del narcotráfico en la política han salido de los propios narcotraficantes. En julio de 1984, el expresidente Alfonso López Michelsen (1974-1978) se entrevistó con narcotraficantes en Panamá, donde dijo que ellos confirmaron rumores que circulan acerca de cheques que comprometían a funcionarios públicos, recibidos durante la pasada campaña presidencial. La Comisión de la Verdad entrevistó a conocidos narcotraficantes del Cartel de Cali, que confirmaron una frecuente relación y apoyo económico a diferentes políticos, particularmente miembros del Congreso, senadores y representantes de quienes entregaron a la Comisión los nombres”, dice el informe.

“El Estado colombiano no ha establecido una estrategia de control contundente de capitales en las campañas políticas. Por el contrario, en la década del noventa, el despliegue del narcotráfico y el paramilitarismo detonó en dos procesos fundamentales que terminaron de quebrar la legitimidad del régimen político e inauguraron una nueva etapa donde el clientelismo y la corrupción aumentaron”, agrega.

Uno de ellos, según la Comisión de la Verdad, fue el proceso 8.000. “En él, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, aduciendo falta de pruebas, sobre la responsabilidad del presidente Samper en la infiltración, ciertamente comprobada de dineros del Cartel de Cali en su campaña, ordenó el archivo del proceso que se adelantaba contra el presidente Samper por infiltración de dineros del narcotráfico en su campaña. El proceso deterioró las relaciones de Colombia con Estados Unidos, situación que puso en juego la estabilidad institucional del país”, concluyó la entidad.

El segundo proceso ocurrió en la historia política más reciente. “El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, en el marco de la Ley de Justicia y Paz que facilitó el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia, reveló que en 2005 el 35 % del Congreso había sido elegido gracias al paramilitarismo, dado que ese porcentaje correspondía a representantes de zonas de influencia paramilitar donde los dineros del narcotráfico habían sido fundamentales para las campañas”, dijo el informe orientado por De Roux.

Por último, la Comisión de la Verdad consideró que la penetración del narcotráfico obedece a un entramado de relaciones, coaliciones y vínculos entre diferentes actores políticos, económicos, armados o militares, que se funda en el beneficio y la acumulación de capital, pero también en redes clientelistas y relaciones familiares.

Desclasificar archivos de inteligencia

En las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, en su informe final, hay un capítulo espinoso. “Al presidente de la República, al Ministerio de Defensa, a la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad e Inteligencia, al Congreso de la República y a la Rama Judicial, garantizar de manera inmediata el acceso a la información de inteligencia y contrainteligencia que haya cumplido el término legal de reserva a partir de la fecha de recolección, y adelantar un proceso gradual de levantamiento de la reserva de archivos de seguridad, inteligencia y contrainteligencia en garantía del derecho a la información”, asegura el documento.

En el listado agregan que se deberían “establecer condiciones para la aplicación de la reserva a los archivos por ser de inteligencia o por razones de seguridad nacional, de manera que la negativa deba ser evaluada caso a caso, de manera motivada y por causales precisas, de acuerdo a los estándares internacionales en materia de acceso a información en casos de violaciones de derechos humanos”. También habla de implementar o activar un mecanismo de control judicial de las decisiones de negativa a entregar información debido a reserva por razones de inteligencia o seguridad nacional.

El documento menciona responsabilidades que deberían tener otros entes del Estado, como la Procuraduría General de la Nación. A su juicio, el organismo podría “adoptar medidas para evitar el uso abusivo de la reserva de la información por parte de las entidades estatales en general y de los organismos de inteligencia y de seguridad del Estado en particular”.

También se le pide al “presidente de Colombia solicitar al presidente de Estados Unidos la desclasificación acelerada de documentos de agencias del Gobierno de Estados Unidos relacionada con el conflicto armado colombiano, para profundizar en el esclarecimiento de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH poco documentadas. Como antecedente, la Comisión entre su legado dejará pública la solicitud de desclasificación que realizó autónomamente durante su mandato y que puede ser la base de la solicitud del Gobierno colombiano al Gobierno estadounidense”.

Entre las propuestas en este asunto está derogar la disposición de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia que establece un término de reserva de 30 años, y “mantener vigente como único plazo máximo de reserva el de 15 años, no prorrogable, establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública”.

Reclutamiento de menores, tortura y otros hallazgos

“En Colombia no ha existido una sola generación que haya vivido en un país en paz”. Con esta frase, inicia la Comisión de la Verdad uno de sus capítulos sobre los hallazgos que se evidencian en el informe final en materia de violación de derechos humanos.

En uno de los apartes del documento conocido por SEMANA se menciona que para el informe se analizaron violaciones e infracciones como homicidios, agrupados en ejes como: masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos.

También se refieren a atentados contra el derecho a la vida: desaparición forzada; secuestro; torturas; detenciones arbitrarias; violencias sexuales; amenazas; reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; trabajo forzoso; extorsión; ataques indiscriminados; ataques a bienes protegidos; desplazamiento forzado; confinamiento; despojo, entre otros.

Y precisamente, siendo uno de los mayores protagonistas de estos hechos las guerrillas, especialmente las Farc, la Comisión lanza una especie de justificación para gran parte de la motivación que tuvo la subversión explicando que la “mayor parte de las veces los combatientes actuaron orientados por una lógica del exterminio físico y simbólico de quien se consideraba enemigo, por razones políticas, movimientos sociales o población civil a la que se estigmatizó desde diferentes bandos y grupos”.

Eliminar gradualmente el servicio militar

En el extenso documento que entregó la Comisión de la Verdad al país hay una serie de recomendaciones. Una de estas tiene que ver con la forma como miles de jóvenes se han involucrado en el conflicto armado, a veces sin que medie su voluntad.

“En Colombia no ha existido una sola generación que haya vivido en un país en paz”, dice el escrito. El documento critica la “militarización” que por años ha imperado en las políticas públicas con relación a los jóvenes y especialmente el servicio militar obligatorio, que existe en Colombia desde 1886.

“El servicio obligatorio ha involucrado principalmente a jóvenes campesinos y de escasos recursos. A pesar de que en 2017 se reconoció la objeción de conciencia, en general los jóvenes están obligados a prestar el servicio. Los criterios para aplazar la obligación favorecen a quienes estén estudiando, por lo que se termina incorporando como conscriptos principalmente a los jóvenes más vulnerables, con menor acceso a la educación”, señala.

El informe agrega que el servicio militar “también afecta diferencialmente a las comunidades étnicas, pues transforma la vivencia tradicional de sus miembros y deslegitima al Estado dentro de ellas. No obstante, en las últimas décadas se ha fortalecido la profesionalización de la Fuerza Pública”.

Y culpa especialmente a la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe de haber extendido esa práctica aún más. “Así mismo, se amplió el servicio militar, principalmente a través de la figura voluntaria de ‘soldados campesinos’ que prestaban el servicio en medio tiempo, en sus lugares de residencia, y el otro medio tiempo lo ocupaban en sus actividades cotidianas”, agrega.

Reforma o eliminación del Esmad

Citando las graves situaciones que se presentaron durante las manifestaciones que se registraron en diferentes ciudades del país el año pasado, la Comisión de la Verdad le solicitó al Estado realizar las acciones pertinentes para que no se presenten violaciones y afectaciones a la vida e integridad de los manifestantes.

En el capítulo 3, del documento de 896 páginas, titulado ‘Hay futuro si hay verdad’, se ponen de presente recomendaciones a corto, mediano y largo plazo con el fin de garantizar la protesta social en Colombia y la seguridad de los manifestantes.

“La reforma o eliminación del Esmad e incorporación de procesos de formación públicos y evaluables para prevenir la estigmatización y criminalización de movimientos y organizaciones sociales. Es necesario, igualmente, garantizar el cumplimiento de los estándares sobre uso de la fuerza por parte de instituciones policiales”, señala la Comisión.

“(…) Realizar los ajustes normativos, institucionales, culturales y políticos necesarios para dar garantías al ejercicio de la movilización y la protesta como derecho”. En este sentido, se considera que es necesario blindar y proteger a la protesta social como derecho establecido por la Carta Política.

La Comisión señaló que es clave reconocer la “legitimidad” de la Minga indígena “como una institución étnica de concertación y diálogo entre autoridades, y garantizar, por parte de los representantes del Estado y de la sociedad civil, la no estigmatización de esta expresión válida de gobierno”. Esto teniendo en cuenta que durante las manifestaciones se presentaron acciones en contra de las minorías étnicas.

Cambios en las Fuerzas Militares

“Pedimos a los estamentos de justicia frenar la impunidad, reconstruir la confianza en el Estado, garantizar la imparcialidad e independencia de los entes de investigación y juzgamiento, y proteger a las víctimas y jueces que participan en estos procesos de verdad y justicia”, señaló el presidente de la Comisión de la Verdad.

Con el fin que no se repitan prácticas como los “falsos positivos”, la Comisión manifestó la necesidad de hacer cambios en las Fuerzas Militares y de Policía. “Al Estado y a la sociedad les pedimos tomar una nueva visión de la seguridad para la construcción de la paz, centrada en las personas y la protección de los seres humanos, la naturaleza, sobre la base de confiar en el pueblo, para un Ejército que ponga el honor en la paz y una policía ciudadana al lado de los ciudadanos, donde las medallas de orden público no sean por entregar cadáveres, sino personas vivas, culpables o inocentes, a la justicia restaurativa”.

En su segunda intervención, el padre De Roux manifestó que no existen calificativos para describir las ejecuciones extrajudiciales que se presentaron en Colombia y las cuales fueron lideradas por las Fuerzas Militares con el fin de presentar resultados operacionales y lograr reconocimientos.

“Si hubieran sido diez ‘falsos positivos’ sería gravísimo, si hubieran sido cientos sería motivo para pedir un cambio de Ejército. El sentido de esos soldados era hacer lo que la Institución quería: vender con publicidad la muerte y defender a los perpetradores”, precisó.

En la lectura del informe señaló que durante cuatro años se recolectaron las declaraciones de varios integrantes de la Fuerza Pública que explicaron cómo se originó y potencializó la práctica de los “falsos positivos”.

“Cambiar la política de guerra que ataca a los campesinos, que son el eslabón más débil, y resaltar la dimensión de derechos humanos y salud pública al enfrentar este problema con soluciones éticas, educativas y económicas: y poner en marcha una estrategia de regulación del consumo y del mercado donde Colombia puede tomar el liderazgo internacional”, precisó.

No más glifosato, regularización y un nuevo enfoque global

Lo primero que contempla la Comisión de la Verdad es que Colombia, amparado en ser el país que más ha sido el país del mundo con mayor afectación por el narcotráfico, “liderar y promover un debate internacional para la modificación del régimen global basado en la prohibición de las drogas y así avanzar hacia un régimen regulatorio”. Para esto contemplan que se realice una gran conferencia internacional para abordar este tema.

Lo que no deja claro la Comisión, y con seguridad es un asunto que va mucho más allá de la semántica, es qué se refieren con el paso a un régimen regulatorio, que en síntesis sería algo similar a la legalización, pero no hay claridad sobre por qué no usan ese término en el documento.

Ya en territorio, donde está sembrada la coca, sostienen que es necesario que se abran espacios de diálogo y concertación con las autoridades territoriales y étnicas, sus organizaciones, la academia, frente a la implementación y seguimiento en los territorios.

Sobres este punto señalan que estos espacios “deben servir para identificar y compartir propuestas que permitan avanzar hacia la regularización”, nuevamente usan el término regula, sin explicar las pretensiones.

Plantean desde la Comisión de la Verdad, “crear espacios de reconocimiento y diálogo con las personas y comunidades de manera que puedan compartir sus testimonios y así visibilizar impactos ambientales, sociales, culturales y políticos del narcotráfico y la política prohibicionista, y las diferentes formas para atenderlos y superarlos”.

“Mientras que se avanza a la regulación, es necesario racionalizar la acción penal, aplicando el principio de proporcionalidad de la respuesta penal frente a la gravedad del delito, concentrando su ejercicio en los actores de la cadena que generan violencia, lavan dinero y se lucran de las actividades ilegales”, señala el informe.

Que además plantea iniciar el “trámite de un proyecto de ley de tratamiento penal diferencial de cultivadores y cultivadoras y mujeres que se encuentren en prisión por delitos menores de drogas”.

Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad

• A los colombianos y colombianas sin distinción, acoger las verdades de la tragedia de la destrucción de la vida entre nosotros y a tomar la determinación de No Matar por ningún motivo a nadie.
• Reconocer a las victimas del conflicto armado en su dolor, dignidad y resistencias. Ya comprometernos con la reparación integral.
• Mirar críticamente la historia e incorporar la memoria del sufrimiento y la lucha por la paz para hacer posible la no repetición y el nunca más.
• Pedimos a los jóvenes, encarar la verdad y construir la nación nueva que está en sus manos. Y a no colaborar en nada que profundice la muerte y el odio y la desesperanza
• A la sociedad y el Estado, implementar de manera integral el Acuerdo Final de Paz.
• Al Estado, tomar la iniciativa para la paz con el ELN y los otros grupos armados,
• Ya las organizaciones que no aceptan la legitimidad del Estado, ELN, disidencias y demás insurgentes en la guerra, escuchar el clamor de del pueblo que pide “parar la guerra ya desde todos los lados y ponerse en la ruta del diálogo desde la diversidad de metodologías y situaciones regionales.
• A todos los estamentos sociales y políticos, profundizar la democracia mediante la exclusión definitiva de las armas del escenario de lo público, y la participación incluyente y deliberativa y el respeto a la movilización como expresión de derechos.
• A los estamentos de justicia, frenar la impunidad, reconstruir la confianza en el Estado, garantizar la imparcialidad e independencia de los entes de investigación y juzgamiento; proteger a las victimas y jueces que participan en los procesos.
• Al gobierno, la Fuerza Pública, los partidos políticos, los empresarios, las iglesias, los educadores y demás decisores en Colombia, reconocer la penetración del narcotráfico en la cultura, el estado, la política y la economía y encararlo como nación. Desarrollar el instrumento de investigación para enfrentar al sistema de alianzas e intereses involucrados. Cambiar la política de guerra que ataca en el campesino al eslabón más débil. Resaltar la dimensión de derechos humanos y salud pública para buscar soluciones éticas, educativas, y económicas, y poner en marcha una estrategia de regulación donde Colombia, por la historia sufrida, puede tomar liderazgo.
• Al Estado y la sociedad, establecer una nueva visión de la seguridad para la construcción de paz, centrado en las personas y la protección los seres humanos y la naturaleza sobre la base de confiar en el pueblo y para un ejército que ponga el honor en la paz y una policía ciudadana al lado de los ciudadanos. Donde las medallas de orden público no sean por entregar cadáveres, sino vivos, culpables o inocentes, para la justicia restaurativa.
• A la burocracia estatal y administradores públicos y privados, rechazar y acabar con la corrupción en los distintos niveles, romper hábitos y complicidades gracias al control de la sociedad y la sanción eficaz para detenerla.
• Al Estado y, particularmente, al empresariado de los grandes proyectos industriales y financieros, dar prioridad a garantizar las condiciones de bienestar y vida digna de las personas y las comunidades sin exclusiones, desde una visión compartida de futuro para superar las desigualdades estructurales que hacen de este país uno de los más inequitativos del mundo en la concentración de los ingresos, la riqueza y la tierra.
• A todos los colombianos dar a los campesinos el lugar que tienen para la vida de Colombia, asegurarles la redistribución equitativa de la tierra, la prevención y reversión del despojo y las condiciones acordadas en la reforma rural integral.
• A la Nación, superar el racismo estructural, el colonialismo y la exclusión injusta e inmensamente torpe que se ha dado a indígenas, afrocolombianos, raizales y pueblos RROM, golpeados de manera desproporcionada por la guerra, y a hacer de sus culturas parte sustantiva de la identidad de nosotros y nosotras como colombianos.
• A todas y todos, respetar en igualdad de dignidad, las diferencias de mujeres, personas LGBTIQ+, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, personas en situación de discapacidad para incluirnos en un nosotros colectivo en la diversidad.
• A las naciones amigas, a quienes agradecimos la compañía en la solidaridad con las victimas y en la negociación de paz pedimos ayudarnos a hacer de Colombia un ejemplo mundial de reconciliación. Dejar de vernos como país en conflicto que necesita instrumentos para sobrevivir en el conflicto. Hemos sufrido sesenta años de guerra. No nos den nada para la guerra. No la queremos. No queremos guerra en ninguna parte del mundo. Pedimos apoyarnos en todo lo que hace florecer la vida y en la confianza apóyennos en la amistad de las naciones en una comunidad internacional que comparte la casa común del planeta.
• Pedimos la sociedad, asumir el compromiso de un cambio profundo en los elementos culturales que nos llevaron hasta la incapacidad de reconocer al otro y a la otra como seres humanos de igual dignidad. Pedimos emprender el dialogo para construir desde las diferencias y tradiciones espirituales y concepciones de vida, una ética pública, basad en la dignidad igual de todos y todas.
• A los líderes religiosos reflexionar sobre ante el vacío y perplejidad espiritual de un pueblo de tradiciones de fe, sumido en una crisis humanitaria de desconfianzas y muerte y atrapado en los comportamientos de la guerra. Y a tomar con decisión la misión de reconciliación de la Iglesia católica con las demás iglesias y con los sabios y ancianos hombres y mujeres de las tradiciones indígenas afrocolombianas y campesinas.