¿La excusa de las Farc para no declarar los bienes?

La cuenta regresiva para que la Fiscalía reciba el listado de activos que las Farc entregarán en el marco del proceso paz está corriendo. En el entretanto, la Fiscalía y la Procuraduría señalaron varios puntos críticos de lo que, se ve venir, será el siguiente palo en la rueda en la implementación de los acuerdos.

Este miércoles, la Corte Constitucional citó a audiencia pública en el marco de la revisión que realiza sobre el decreto que marca el camino en el destino del inventario de los bienes y activos a disposición de las Farc.

Desde el comienzo de su administración, el fiscal general tomó esta como una bandera de las discusiones alrededor del proceso de paz, y más teniendo en cuenta que fue Néstor Humberto Martínez quien extrañó que la entrega de bienes de las Farc a sus víctimas no fuera un tema presente y agotado en el primer acuerdo de paz. En su último reporte, el fiscal dice contar con pistas de 1,1 billones de pesos en bienes de las Farc y avanza en un documento que pueda ser contrastado con el que entregará la guerrilla. 

Esta es una discusión que tiene varios frentes, sin embargo, el que concentró la atención en la sala de audiencias de la Corte comenzó con la intervención del vocero del Movimiento Voces de Paz Jairo Estrada, representante de las Farc, quien afirmó que son cuestionables las cifras y la información que maneja la Fiscalía sobre los bienes de la guerrilla, además de hacer énfasis a que estos activos representa una porción minúscula del compromiso que en sentido estricto tiene el Estado con las víctimas del conflicto.

Estrada Álvarez hizo una afirmación que dejó preocupado al fiscal general y es que las Farc no tienen una personería jurídica por lo que no son titulares de activos. En consecuencia -afirma- no puede esperarse que el fondo a cargo de concentrar y direccionar los recursos que la guerrilla entregue vaya a resolver lo que Estado no ha sido capaz en relación con los derechos de las víctimas. 

“Es apenas una contribución y las consideraciones que se realicen sobre que se espera que aquí se van resarcir los derechos de las víctimas están errados y equivocadas si consideramos el universo de víctimas del conflicto y las estimaciones que se han hecho de lo que tales reparaciones significaría en términos de presupuesto”, indicó.

Sin mucha espera, el vocero de las Farc escuchó las nuevas críticas del fiscal: “Hemos quedado notificados a la luz de esa teoría de que los derechos reales y los bienes de las Farc, como carecen de personería jurídica, no tiene ni bienes, ni de derechos, en consecuencia, es poco lo que podemos esperar del inventario”. 

Partiendo de la buena fe -dice el fiscal- el decreto toma como punto de partida el hecho de que la titularidad sobre unos activos en lo que se denomina una economía de guerra no quedó en cabeza necesariamente de los miembros desmovilizados de la guerrilla, por el contrario la evidencia que tiene el ente acusador es que detrás hay cientos de testaferros.

“En sentir de esta autoridad del Estado es que ese inventario no se contraiga a esa nebulosa espesa de decir que, como no existían bienes y activos en una persona jurídica, no existe el deber de declarar los activos que poseen los testaferros de esa economía de guerra”.

Al tema se le suma otro reparo que resulta de mayor calibre. El fiscal considera inconstitucional la disposición que crea un patrimonio autónomo y la incorporación a éste de los bienes de las Farc, ya que precisamente se salta la extinción del derecho de dominio de las propiedades inventariadas. “Un atajo para no utilizar los mecanismos constitucionales establecidos”, cuestiona.

Su reparo fue respaldado por el procurador Fernando Carrillo quien también señaló que sostener que no es una extinción de dominio, sería tanto como considerar que "existió una donación o una asociación del grupo guerrillero con el Estado para la conformación de un patrimonio autónomo que, en estas condiciones, estaría viciado por la ilegitimidad de la procedencia de los bienes”.

Aunque en la discusión, el gobierno fue enfático en que los dineros de las Farc no sevirán para financiar las actividades ahora lícitas de las Farc, este resultó ser apenas el abrebocas de una lista de frentes que la Corte Constitucional tendrá que entrar a chequear punto por punto. En lo que sí todos coinciden —como bien lo afirmó el Procurador— es que las Farc tenían una economía de guerra y la reparación de las víctimas no se va a financiar haciendo pulseritas.