“Gracias a Dios”: Uribe reacciona a decisión de libertad

La esperada audiencia empezó con dos lanzamientos. Uno de parte de Eduardo Montealegre quien en la presentación de ley dijo deliberadamente que actuaba como víctima de los “crímenes de lesa humanidad de Álvaro Uribe”, ante lo cual hubo una primera protesta por parte de los abogados del expresidente. Jaime Granados y Jaime Lombana dijeron que el exfiscal quería sabotear la audiencia y que estaba equivocado de proceso.

La jueza no le dio mayor trascendencia a eso y dio inició a la audiencia. Sin embargo, la togada sorprendió al inicio de su intervención cuando dijo que su veredicto no entraría cuestionar los avances y diligencias que tuvo el proceso previamente en la Corte Suprema de Justicia. Señaló que probablemente el fiscal Gabriel Jaimes se equivocó cuando en la audiencia anterior entró a cuestionar la diligencia de indagatoria hecha por la Sala de Instrucción cuando ese asunto no correspondía a la discusión actual. Agregó que esto llevó a que se desviara la diligencia de su verdadero propósito: estudiar si la medida de aseguramiento sobre Uribe debía continuar o no. De esa forma la jueza se desmarcó de la postura de la Fiscalía y sacó bandera blanca frente a la Corte Suprema.

La jueza señaló que la “imputación debe ser un presupuesto jurídico de la medida de aseguramiento”. Con lo cual dio una primera concesión a los argumentos planteados por la defensa de Uribe que pidió anular la medida de casa por cárcel en virtud de que el expresidente estaba detenido sin que se hubiera dado una imputación previa. “Sin imputación no puede existir medida”, dijo la togada.

En ese momento se entendió, tácitamente, que ordenaría la anulación de la detención de Uribe. La jurista se extendió un poco más “en la explicación de la decisión” antes de pasar a anunciarla. Dijo que en la Ley 906 o sistema penal acusatorio (marco normativo en que se tramita el caso del expresidente ahora) para imponer una medida de aseguramiento se requiere que esta sea solicitada por la Fiscalía ante juez de garantías quien debe analizar y determinar su viabilidad. Ese fue otro punto para la defensa de Uribe. Los abogados del expresidente cabalgaron sobre ese argumento en la audiencia previa.

La jueza dijo categóricamente que equiparar la indagatoria y resolución de situación jurídica dados por parte de la Corte Suprema en ley 600, a la imputación que exige el proceso en el marco de la ley 906 es “desnaturaliza” este sistema cuya característica es ser garantista.

“Por todo lo expuesto esta funcionara accede a la petición de la defensa del señor Álvaro Uribe”, dijo la jueza. La togada señaló que su orden debe ser cumplida de inmediato.

La reacción del expresidente Uribe se dio inmediato. El ahora exdetenido trinó: Gracias a Dios.

Los argumentos en favor y en contra de la petición de libertad

En la esperada audiencia para solicitar la libertad de Álvaro Uribe hubo de todo. Fueron 14 horas cargadas de conceptos jurídicos densos, pero también de escaramuzas y mucha cizaña entre las partes enfrentadas. Incluso, el fiscal a cargo lanzó dardos contra la Corte Suprema de Justicia.

El penalista Jaime Granados, defensor titular del expresidente, le pidió a la jueza de garantías ponerlo en libertad. Argumentó que los magistrados de la Sala de Instrucción adoptaron la medida de aseguramiento hace dos meses, en el marco del sistema inquisitivo. Y que ahora que el caso pasó al sistema penal acusatorio no es posible detener a alguien sin imputarlo previamente. El abogado recalcó que no solicitaba ninguna “anulación”, aunque dejó entrever que después, cuando el proceso avance ante un juez de conocimiento, pedirá eliminar una serie de evidencias que obran en el expediente. De momento, su prioridad era la libertad de Uribe.

Había expectativa en torno a la intervención del fiscal delegado, Gabriel Jaimes Durán. Muchos se preguntaban si el representante del ente acusador respaldaría o se opondría la petición de libertad. Pasó lo primero, con algo más. Jaimes pidió leer su postura en estricto derecho, no en clave política. Luego pasó a argumentar y coincidió en lo esencial con Granados, pero además cuestionó la indagatoria efectuada por la corte a Uribe el 8 de octubre de 2018 cuando el magistrado instructor, César Reyes, interrogó al entonces senador del Centro Democrático en una diligencia de siete horas. El fiscal Jaimes dijo que la indagatoria fue poco clara respecto a los delitos investigados y que en ese escenario Uribe no tuvo oportunidad, por ejemplo, de acogerse a sentencia anticipada o de optar por algún mecanismo de terminación temprana de la causa. “No es lo mismo la indagatoria que la imputación”, concluyó Jaimes al señalar que adecuar el caso debía implicar la libertad del expresidente.

Luego intervino el defensor del senador Iván Cepeda, Reinaldo Villalba, quien, como era de esperar, se opuso a la libertad de su contraparte. El jurista señaló que la corte tomó su decisión con estricto apego a la ley y que el trasteo de un sistema a otro, consecuencia de la renuncia de Uribe al Senado, no podía llevar a un borrón y cuenta nueva. “Entonces el aforado siempre va a querer cambiar de juez, de procedimiento y que se tumben las decisiones constitucionales que se han tomado”, afirmó Villalba.

Más adelante, intervino el exfiscal Eduardo Montealegre, acreditado como víctima, quien literalmente se robó el show con una exposición tan extensa como gris. El exfuncionario se dedicó a lanzar provocaciones. Decenas de veces se refirió con ironía al fiscal Jaimes como “el filósofo del derecho” y a Granados como “eminente letrado”. Montealegre repitió una y otra vez referencias grandilocuentes y expresiones en latín con las que en realidad solo llenó las horas y colmó la paciencia de la joven jueza, que lo reconvino en seis ocasiones. Luego, con mejor compostura, Montealegre criticó que el fiscal y el abogado de Uribe coincidieran en detrimento de las víctimas.

Cuando al fin le llegó el turno a la procuradora, María Lourdes Hernández, ella le dio otro espaldarazo a la libertad de Uribe. Profirió una intervención concreta para afirmar que el sistema penal acusatorio ofrece una serie de garantías que no tiene el sistema inquisitivo y que deben aplicarse al procesado, pues la ley también da la oportunidad de pasar a este sistema, como hizo Uribe.

Era obvio que las víctimas se opondrían a la petición de libertad, pero que la Fiscalía y Procuraduría se hayan puesto del lado de esta solicitud tiene un peso específico. Más allá del número de intervinientes a favor o en contra, al cierre de esta edición era claro que la togada sopesaría la solidez de los argumentos y encontraría razones para ambos extremos. Pero, sobre todo, era claro que pondría en consideración que su papel de juez de garantías no existe en el sistema inquisitivo. Precisamente, por eso el procesado renunció al Senado y se trasteó.