Aumenta la desconfianza

Las explosivas palabras del Jefe de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia Jean Arnault, y en las que asegura que “un muy alto porcentaje de los ex miembros de las FARC ya no están en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación”, encendió la polémica sobre cómo va la integración de los miembros de esa guerrilla a la vida civil. Para los integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, así como para investigadores y fuerzas políticas que acompañan la implementación de los acuerdos, los reparos de Arnault son una prueba de que la reincorporación de los antiguos combatientes no va por buen camino. Por su parte el gobierno calificó de injusto lo dicho por el funcionario de la ONU y dice que pese a las dificultades los avances en la reintegración son notables.

En video: ¿Cómo va la implementación de los acuerdos de paz?

En medio de las declaraciones de un lado y otro, este debate sacó a flote la reincorporación, un tema que frente a la JEP y la reforma política, había pasado desapercibido durante este primer año de la implantación de los acuerdos de paz y en el que, si bien no se puede afirmar que va por mal camino, si hay elementos preocupantes que si no se toman los correctivos a tiempo podrían echar al traste los acuerdos de paz.

Más allá de importantes asuntos como la JEP y toda la agenda legislativa que debe aprobarse para cumplir con los acuerdos de paz, una cosa es evidente: del éxito de la reincorporación de los excombatientes depende en gran medida la pacificación y el fin de los ciclos de violencia de buena parte de las zonas rurales del país. Ante la Oficina del Alto Comisionado de Paz se encuentran acreditados alrededor de 12.300 exguerrilleros, personas que si no cuentan con las garantías políticas, económicas y de seguridad podrían ser asesinadas o engrosar las filas del ELN u otras organizaciones criminales que operan en el país. Como aseguró un antiguo miembro de las FARC: “en la historia de las negociaciones de paz, el país nunca ha podido llevar con éxito la reincorporación de combatientes de grupos insurgentes, y muchos de ellos han caídos muertos o no han tenido más remedio que volver a las armas. Así las violencias se siguen retroalimentando”.

Por eso la cifra dada por Arnault de que el 55 por ciento de excombatientes, unas 4.400 personas, abandonaron los 26 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación prendieron las alarmas. Sin embargo, este dato tiene unas cuantas acotaciones. Primero, cuando se crearon estas zonas especiales no se le prohibió a ninguno de sus habitantes el libre desplazamiento por el país. Segundo, los exguerrilleros que abandonan los Espacios Territoriales no lo hacen para engrosar las filas de grupos criminales sino porque se van vivir donde sus familiares o porque les ofrecieron trabajos que les permite tener un ingreso extra al subido otorgado por el Estado.

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Aun así, los datos de la ONU, y los informes de la Defensoría del Pueblo y del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz Universidad de Notre Dame, coinciden en afirmar que la principal razón de la rápida disminución de la población de los Espacios Territoriales se debe a la pérdida de confianza en los mecanismos de reincorporación. Si bien todos estos informes, reconocen que elementos importantes de la fase inicial de la reintegración se han cumplido, como la certificación de los miembros de las Farc, el otorgamiento de cuentas de ahorros para que les consignen los subsidios y la afiliación al sistema general de salud, entre otros; también muestran que a medida que pasa el tiempo el escepticismo de los excombatientes aumenta frente al cumplimiento de los acuerdos de paz y a la reincorporación.

Muchos de los excombatientes, consideran que las trabas puestas en el Congreso para aprobar la JEP, los atrasos en la obras de infraestructura en los Espacios Territoriales, las dificultades en las suspensión de las órdenes de captura, la demora en la implementación de proyectos productivos, entre otras cuestiones, demuestran la falta de compromiso del gobierno con su integración a la vida civil. Lo que los ha llevado abandonar la reincorporación colectiva y buscar una individual o simplemente a desistir del proceso, situación que de acuerdo al Informe del Instituto Kroc “aumenta el riesgo de deserción y potencial vinculación a grupos armados ilegales”.

Y aunque el gobierno muestre que efectivamente avanza en el proceso de reincorporación a corto y largo plazo, los cierto es que en la implementación de algunas acciones fundamentales para ganarse la confianza de los excombatientes todavía flaquea. De acuerdo a las cifras entregadas por Agencia para la Reincorporación y Normalización, el Estado colombiano le ha pagado a más de 10.000 exguerrilleros la asignación única de normalización de dos millones de pesos y las cuatro primeras rentas básicas, y ha afiliado a Colpensiones a más de 5.000 excombatientes. También se ha comenzado un proceso de alfabetización y nivelación académica en primaria y secundaria en los 26 espacios territoriales, lo cuales cuentan con un puesto transitorio de salud.

Pese a estos avances, las visitas de la ONU, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones a los 26 espacios territoriales han hallado atrasos en la obras de infraestructura y precariedad de los servicios públicos. Muchas de estas zonas no cuentan con servicios básicos, las mujeres embarazadas son atendidas en condiciones precarias y los niños que comienzan verse por ahí no tienen espacios recreativos. El caso más preocupante es el del Espacio Territorial de Policarpa (Nariño) que ahora parece un pueblo fantasma debido a que las obras de adecuación y de infraestructura prácticamente no empezaron. Todo esto, sumado a que los espacios territoriales se encuentran en terrenos arrendados a personas privadas o territorios colectivos, ha generado una gran incertidumbre en los excombatientes que piensan que en cualquier momento el gobierno los puede desalojar.   

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Otro elemento que genera la incertidumbre y escepticismo de los exguerrilleros es la seguridad, tanto jurídica como personal. Hasta el momento todavía hay más de 1000 personas pertenecientes a la FARC que no han sido indultados y liberados de las cárceles. Y una parte de excombatientes que viven en los Espacios Territoriales o en otras zonas del país que cuentan con la certificación del Oficina del Alto Concejero para la Paz, tienen problemas con las autoridades policiales porque todavía sus órdenes de captura siguen vigentes.

Respecto a la protección de la vida de los excombatientes, hasta la fecha van 25 asesinados y 11 familiares. Aunque la cifra no es alta, pone sobre la mesa la capacidad que tiene el Estado para cuidar a los miembros de la FARC, más aún cuando algunos de ellos empiecen a participar en política en zonas donde la presencia de grupos armados será la regla. La Defensoría del Pueblo detectó que en los alrededores de 24 de los 26 espacios territoriales hacen presencia el ELN, disidencias de las FARC y bandas criminales.

Los distintos informes revelan que la mayor incertidumbre de los antiguos combatientes se debe a la falta de un proyecto a largo plazo para implementar la reincorporación económica y social. Desde su creación en diciembre de 2016, el Consejo Nacional de Reincorporación conformado por el gobierno y la FARC, no ha definido la estrategia general del proceso de reincorporación. Y si bien, el gobierno ha logrado importantes avances para construir este plan con la elaboración de los censos de educación y socio-económico y ha promovido algunos proyectos productivos y la formación de la cooperativa ECOMUN, los excombatientes sienten que no hay una articulación entre los distintos programas implementados. Por su parte, el gobierno argumenta, que a un año de implementación de los acuerdos de paz y a tres meses de la creación de los espacios territoriales es imposible tener una hoja de ruta final para la reincorporación y proyectos productivos exitosos.

Implementar un proceso de reincorporación no es una tarea fácil y rápida. Como le comentó a Semana Patrick Colgan, expresidente del Fondo de la Unión Europea para la implementación de los acuerdos de paz en Irlanda del Norte, la primera etapa de reinserción social de cerca de 40.000 insurgentes duró 5 años y la entrega total de armas se logró hasta el 2005. Eso significa que comparativamente Colombia se encuentra bien. Sin embargo, los acuerdos con las FARC se dieron en un ambiente en donde las economías ilegales y los grupos armados por fuera de la ley mantienen su fortaleza. Ese contexto obliga al Estado a actuar más rápido y sobretodo generar una confianza en los excombatientes para evitar que ellos se desilusionen del proceso de paz y entren a engrosar las filas de bandas criminales, o peor, que terminen asesinados.