Aumenta la preocupación de la JEP por asesinato de exguerrilleros en Cauca, Nariño y Valle

El asesinato de excombatientes tiene muy preocupada a la JEP. 114 excombatientes han sido asesinados en Cauca, Nariño y Valle del Cauca. En estos tres departamentos, donde se reincorporan 2.500 excombatientes, la proporción de asesinados es 104 % más alta que en el resto del país. El alto tribunal acaba de ordenar que se establezca un plan de seguridad integral para los firmantes del acuerdo de La Habana.

Justamente, al escuchar a más de una decena de instituciones del orden local, regional y nacional, encargadas de velar por la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP adoptó cinco nuevas decisiones encaminadas a robustecer las acciones desplegadas en Nariño, Cauca y Valle del Cauca para proteger a los excombatientes que adelantan su proceso de reincorporación en el suroccidente del país, y con ello, garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por crímenes que sufrieron en el marco del conflicto.

Para la JEP, “es determinante conocer qué hay detrás de los 283 asesinatos de excombatientes de Farc desde la firma del Acuerdo Final. ¿Cuáles son las razones de la victimización? ¿Hay patrones detrás de los hechos? ¿Cómo se conducen las operaciones de inteligencia para evitar la estigmatización? ¿Hay seguridad para quienes están en las Nuevas Áreas de Reincorporación?. Esas fueron algunas de las preguntas que la Sección formuló a las entidades convocadas”.

“Las respuesta a esas dudas tiene como finalidad avanzar en el estudio de las medidas cautelares colectivas y así adoptar decisiones que fortalezcan la articulación institucional en materia de seguridad y para poner fin a los asesinatos”, señala la JEP.

Justamente, este martes, en Popayán, se llevó a cabo una diligencia en la que participó el consejero Emilio Archila, congresistas de Comunes como Rodrigo Londoño (excomandante de las Farc en armas). Allí, en medio de la audiencia, los magistrados señalaron a los convocados que cuando se silencia a los comparecientes ante la JEP, no solo vulneran sus derechos y los de sus familias, sino que también se priva a los colombianos de un irremplazable fragmento de verdad y una fuente de reparación.

“No habrá paz estable y reconciliación genuina sin un esfuerzo común de todas las instituciones que estamos aquí, para cumplir de buena fe lo acordado en los mandatos legales y constitucionales que tenemos”, manifestó la magistrada Reinere Jaramillo, relatora de las medidas cautelares.

La diligencia, según explica la JEP, fue ordenada debido a la grave situación de seguridad que enfrentan los firmantes del Acuerdo Final en el suroccidente del país.

Las cifras son verdaderamente alarmantes; solo en estos tres departamentos 114 excombatientes de Farc han sido asesinados, así: 56 en Cauca, 40 en Nariño y 19 en Valle del Cauca. De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, “al menos 21 crímenes responden a uno de los patrones identificados por los investigadores: Desmonte de proyectos políticos, económicos o comunitarios ligados a la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios. En estos departamentos la tasa de muertes de excombatientes (5,28 %) dobla la tasa a nivel nacional (2,59 %). En esta zona la proporción de asesinados es 104 % más alta con respecto al resto del país”.