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El secretario de Salud, Alejandro Gómez, anunció el lanzamiento de de cursos virtuales para que los bogotanos identifiquen y aborden síntomas de la viruela del mono.
El secretario de Salud, Alejandro Gómez, está en el centro de las críticas por denuncias de sobrecostos en contratos al interior de la entidad. | Foto: Secretaría de Salud

Bogotá

Aumenta polémica en la Secretaría de Salud de Bogotá: denuncian sobrecostos de $ 3.300 millones en otro contrato

Desde el Concejo de la capital denunciaron las compras de digiturnos y reguladores de energía a precios exorbitantes.

25 de octubre de 2022

Vuelve y juega. La Secretaría de Salud de Bogotá sigue en el centro de las críticas por millonarios sobrecostos en contratos para la adquisición de varios elementos al interior de la entidad, situación que ha dejado muy mal parado al secretario de Salud, Alejandro Gómez.

En el mes de diciembre de 2021, la entidad adquirió, a través del Fondo Financiero Distrital de Salud, 22 digiturnos, cada uno por un valor de 102.822.258 pesos sin IVA y 18 reguladores de energía (UPS 20 KVA), por un valor unitario de 57.924.985 pesos.

Según denuncia la concejal del Partido Liberal María Victoria Vargas Silva, no se entiende “por qué algunos de los elementos tecnológicos presentan un precio muy superior para los mismos elementos tecnológicos adquiridos en el contrato del mes de octubre de 2021, transcurridos tan solo dos meses”.

Entre octubre y diciembre de 2021, de acuerdo con la cabildante, los digiturnos pasaron de costar 41.338.921 a 102.822.258 pesos cada uno, un presunto sobrecosto total de 2.262 millones de pesos, es decir de 249 %. Y los reguladores de energía (UPS 20 KVA), pasaron de costar 25.688.667 a 57.924.985 pesos cada uno, generando un presunto sobrecosto total de 1.042 millones de pesos, es decir, de 225 %.

En esta investigación liderada por la concejal Vargas y su equipo de asesores de su Unidad de Apoyo Normativo (UAN), encontraron que estos elementos tecnológicos fueron adquiridos para la Subred Sur, en un contrato firmado el 21 de octubre de 2021, entre el secretario de Salud, Alejandro Gómez, el director Ejecutivo y Ordenador del Gasto del Fondo Financiero Distrital de Salud y la Bolsa Mercantil, por un valor de 2.100 millones de pesos y la concejal evidenció que en diciembre de 2021, elementos idénticos fueron comprados a valores muy superiores, pudiendo configurarse un presunto detrimento patrimonial.

La cabildante del Partido Liberal no entiende cómo el secretario Gómez, quien firmó el contrato con la Bolsa Mercantil el 21 de octubre, no se dio cuenta de que en el contrato firmado el 21 de diciembre de 2021, estos elementos tecnológicos presentaban un precio muy superior. Y cómo la firma SDT ingeniería cotizó los estudios previos en ambos contratos a valores tan diferentes, pues para octubre de 2021 cotizó cada regulador de energía (UPS 20 KVA) a 25.885.338 pesos y para el mes de diciembre cotizó el mismo ítem, por un valor unitario de 108.538.174 pesos.

Teléfonos a precios exagerados

Esta denuncia de posibles sobrecostos de más de 3.300 millones de pesos en la compra de digiturnos y reguladores de energía, se suma a otra que se hizo también desde el Concejo de Bogotá ante un posible detrimento patrimonial de más de 5.000 millones de pesos por la compra de diferentes elementos tecnológicos con sobrecostos mayores al 100 %.

Según lo denunció el concejal Jorge Colmenares, el 31 de agosto, la compra de teléfonos fijos, impresoras y computadores portátiles por la Secretaría de Salud se habría hecho a un precio mucho más elevado que el valor que se ofrece en el mercado, lo que obligó a destinar muchísimos más recursos para la adquisición de estos elementos.

Estas compras se hicieron por medio del contrato de comisión 3123046 de 2021, por el cual la Secretaría Distrital de Salud aprobó la compra de equipos en la infraestructura TIC de las cuatro subredes, como parte de la implementación de la estrategia Transformación digital en salud.

Tras revisar los estudios previos y el estudio de mercado realizado por la Secretaría Distrital de Salud, Colmenares denunció que es evidente que los productos tienen valores que no corresponden con la realidad del mercado nacional, aun cuando se consideraron tres firmas para cotizar: SDT Ingeniería, Comsistelco y Coinsa.

Frente a esta denuncia, en las últimas horas la Secretaría de Salud comunicó que tomó la decisión de no hacer ningún pago del contrato firmado en diciembre de 2021 con la Unión Temporal Infraestructura a través de la Bolsa Mercantil de Colombia e iniciar todas las acciones judiciales que correspondan para la terminación del mismo.

La entidad señaló que, de inmediato, se dio la orden a todas las subredes de congelar la puesta en marcha de los equipos que han sido entregados a la fecha y en el transcurso de la presente semana serán recogidos por el personal de la Secretaría de Salud.

La Secretaría precisó que, desde agosto del presente año, se dio la orden de no hacer ningún pago del contrato y de recoger uno de los ítems del mismo (teléfonos) sobre los cuales se evidenciaron graves sobrecostos.

La entidad especificó que la recolección de dichos teléfonos inició el 15 de septiembre y concluyó el 26 del mismo mes con la devolución de 360 teléfonos por la Secretaría de Salud al proveedor, y destacó que estos teléfonos no fueron pagados al proveedor.

“A la fecha, únicamente se han cancelado los valores por temas administrativos establecidos por ley para este tipo de procesos. El proveedor ha presentado cuatro facturas sobre las cuales la Secretaría no ha realizado ningún pago, y no se realizará, de acuerdo con la decisión tomada, al no haber claridad ni confianza en los valores establecidos, ni en el cabal cumplimiento de las obligaciones por parte del corredor de bolsa”, dijo la Secretaría.

La entidad precisó que una vez fueron detectados los sobrecostos en los teléfonos, esto se puso en conocimiento de la oficina de Asuntos Disciplinarios, la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Salud.

La Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Salud instauró denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por estos hechos, la cual fue ampliada el pasado 10 de octubre del presente año.