Aumenta un 20,5% la extorsión en Colombia: Defensoría exige acciones inmediatas del Gobierno nacional ante las 9.871 denuncias en 2023

La creciente ola de extorsiones en Colombia ha llevado a la Defensoría del Pueblo a instar a las autoridades gubernamentales a implementar medidas efectivas para contrarrestar este delito y salvaguardar la seguridad ciudadana. Según datos del portal Siedco, basados en estadísticas de la Policía Nacional, los casos de extorsión han experimentado un alarmante aumento en los últimos cuatro años.

En 2020, se reportaron 8.188 casos, cifra que aumentó a 8.342 en 2021, 9.791 en 2022 y 9.871 en 2023. Esto representa un incremento del 20,5 % en comparación con el año base de 2020. Los departamentos más afectados fueron Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca y Norte de Santander, donde se concentraron la mayoría de las denuncias.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, alertó sobre la implicación del sistema penitenciario en este flagelo, señalando qué internos, a través de llamadas de celular, también participan en actos de extorsión. Además, directores de establecimientos carcelarios y funcionarios del Inpec están siendo amenazados por la población reclusa, evidenciando la gravedad del problema.

“Aunque las denuncias instauradas por la ciudadanía afectada darían cuenta de que las extorsiones provienen de grupos ilegales, organizados y bandas criminales, el sistema penitenciario y carcelario no es ajeno a la ocurrencia del ilícito, desde donde los internos, a través de llamadas de celular, extorsionan”, aseguró el defensor Camargo Assis.

Además, algunos directores de los establecimientos carcelarios y funcionarios del Inpec están siendo amenazados por la población privada de la libertad, como ha venido ocurriendo en la cárcel de Tuluá, en el Valle del Cauca, en las penitenciarias de Palogordo y Modelo, en Santander, pero también en otros centros.

A pesar de la ‘Operación Dominó’, la nueva estrategia del Inpec para luchar contra extorsión en cárceles, la falta de inversión en tecnología de punta para el sistema penitenciario se convierte en un obstáculo. Camargo Assis destacó la necesidad de un mayor esfuerzo presupuestal del Gobierno nacional para modernizar el sistema, especialmente en términos de tecnología 4G o 5G, ya que los inhibidores de señal existentes presentan tecnología obsoleta 2.5G.

De los 125 establecimientos de reclusión a cargo del Inpec, solo en 16 se ha instalado el sistema de inhibición de señal, pero únicamente en seis de ellos los inhibidores están en funcionamiento y con tecnología 2.5G.

La Defensoría del Pueblo también hizo llamado a la acción conjunta de las instituciones del Estado, solicitando una mayor coordinación entre los ministerios de Justicia, Defensa y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Urgió a la implementación urgente de planes efectivos para contrarrestar los casos de extorsión y amenazas que afectan las cárceles colombianas.

“Combatir ese delito requiere una actuación conjunta y coordinada desde las diferentes instituciones del Estado, es por ello que solicitamos una mayor articulación entre los ministerios de Justicia, Defensa y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de que implementen con urgencia planes efectivos, idóneos y eficaces para contrarrestar los casos de extorsión y amenazas que se han presentado en las cárceles colombianas”, fue el otro llamado de Camargo Assis.

Además, la entidad instó al Inpec a consolidar convenios con las empresas operadoras de telefonía celular para establecer mecanismos de prevención, como la identificación de llamadas realizadas desde los centros penitenciarios. La Defensoría del Pueblo busca así fortalecer la lucha contra la extorsión y garantizar la seguridad de la ciudadanía.