Aumentan homicidios en Córdoba por cuenta del Clan del Golfo: en lo corrido del año, 130 personas fueron asesinadas, alerta Defensoría

La Defensoría del Pueblo expresó gran preocupación por el creciente aumento de la vulneración de los derechos a la vida, integridad y seguridad de la población civil en el departamento de Córdoba. Los habitantes se encuentran sumidos en un ambiente de terror debido a los homicidios y otros actos de violencia cometidos por seis frentes y tres bloques del Clan del Golfo que operan en la región.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, aseguró que “el asesinato de 126 personas en los primeros seis meses del 2023 en el departamento, de las cuales 44 ocurrieron en los municipios de Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro y San Carlos, evidencia la materialización de lo que hemos advertido a través de nuestras Alertas Tempranas”.

Ante este panorama, la Defensoría emitió la Alerta Temprana (AT) 007 el 4 de marzo de 2022, la 015 el 24 de junio de 2022 y ha realizado requerimientos oportunos, como el del 10 de marzo de 2023, en los que se advertía a las autoridades competentes sobre posibles atentados contra aproximadamente 100 personas residentes en áreas rurales de Chimá, Ciénaga de Oro, San Carlos, Sahagún y Chinú.

En estos municipios circulaban versiones sobre la existencia de un listado en el que estas personas eran declaradas como “objetivo militar” por parte de un supuesto grupo de justicia privada que, en alianza o a través de la instrumentalización de las AGC, buscaba asesinarlas por su presunta implicación en casos de abigeato.

Los acontecimientos que han ocurrido en Córdoba en las últimas semanas han generado zozobra entre la población. “A la situación de riesgo permanente se suma el hecho de que la justicia no muestra avances significativos que frenen la ola de crímenes”, señaló Carlos Camargo Assis.

Además, preocupa el incremento de actos violentos para exigir el pago de extorsiones por parte del Clan del Golfo, un fenómeno que impacta a la población en general y, en particular, a los contratistas de obras públicas, quienes en ocasiones son blancos de su actuar criminal.

“Esta situación priva a las comunidades de acceder a los bienes y servicios otorgados por el Estado y les genera pánico día y noche. En todo momento están expuestas a la vulneración de sus derechos”, afirmó el Defensor del Pueblo.

Durante el año 2022, un total de 401 personas fueron asesinadas, lo que representa un aumento del 18.29 % en comparación con el año anterior. Esta problemática afectó principalmente a la ciudad de Montería y a los municipios de Cereté, Ciénaga de Oro, San Antero, San Carlos, Chimá y Buenavista, donde se registraron 205 homicidios.

Ante esta situación, el defensor del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades para fortalecer los planes de acción, basados en las recomendaciones emitidas a través de las Alertas Tempranas, con el objetivo de salvaguardar la vida de las comunidades en el departamento de Córdoba.

Clan del Golfo amenaza a líderes del sur de Córdoba

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo manifestó el pasado 9 de julio su rechazo ante las amenazas realizadas por el Clan del Golfo en contra de los líderes sociales del sur de Córdoba, Cervelión Cogollo y Arnobis Zapata.

“Rechazamos los señalamientos emitidos por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia contra los líderes sociales del sur de Córdoba. Esta situación está incluida en los informes de seguimiento de las Alertas Tempranas 083-18 y 054-19 y en el informe de consumación emitido el 10 de mayo, que advirtió los riesgos que enfrentan líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, comunales y étnicos”, señaló la entidad.

La Defensoría también hizo un llamado a los grupos armados ilegales a que “dejen por fuera del conflicto a la población civil, y a las autoridades civiles y militares a que adopten las medidas urgentes para salvaguardar su integridad, así como la de las organizaciones que representan”.

Los dos líderes fueron declarados “objetivo militar” por el Clan del Golfo en un panfleto que se distribuyó en Tierralta, Córdoba, según denunció la fundación social Cordobexia.