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Aumentan muertes infantiles por desnutrición: “Es una vergüenza que como Estado no se logre una estrategia”, dice el defensor Camargo
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, entre el primero de enero y el 17 de junio de este año se han reportado un total de 141 muertes por desnutrición.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó su indignación ante la persistente situación de muertes infantiles por desnutrición en el país, señalando la falta de una estrategia efectiva para abordar esta problemática.
“Es una vergüenza que como Estado sigamos registrando muertes de niñas y niños por desnutrición sin que se logre una estrategia que ponga fin a esta situación tan dolorosa, lo que muestra indolencia, indiferencia y desidia de los Gobiernos nacional, departamentales y municipales”, reclamó el defensor Camargo Assis.
Según el Instituto Nacional de Salud, entre el primero de enero y el 17 de junio de este año se han reportado un total de 141 muertes por desnutrición y causas relacionadas en menores de 5 años en el país. “La Guajira es el departamento con más casos: 39; seguido de Chocó, con 17, y Cesar, con 10″, informó Carlos Camargo.
Ante esta preocupante situación, el defensor del Pueblo hizo un llamado a las entidades competentes para que tomen medidas reales y efectivas. “El Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia y la Comisión Intersectorial para la Seguridad Alimentaria y Nutrición deben desarrollar acciones reales y efectivas. En La Guajira, por ejemplo, cada cierto tiempo las entidades aparecen con ‘paños de agua tibia’ y a las pocas semanas todo sigue igual. No puede seguir sucediendo”, afirmó.
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Además, se instó a las autoridades departamentales a fortalecer las rutas de atención, especialmente aquellas destinadas al seguimiento de los casos identificados y su evolución, con el objetivo de prevenir la vulneración de los derechos de los niños y niñas y evitar desenlaces mortales.
El defensor del Pueblo también enfatizó la importancia de la implementación oportuna e integral de las medidas adoptadas, destacando la necesidad de descentralizar la operación de la vigilancia en salud pública y establecer un acercamiento con las entidades territoriales que enfrentan graves problemas de atención médica en el país.
Con relación a la llegada del fenómeno climático de El Niño, el funcionario solicitó la implementación de acciones preventivas. “Hay que prender las alarmas frente a la llegada de este evento climático, especialmente en la región Caribe. Cuando hay escasez de agua, las tasas de mortalidad infantil pueden aumentar en los departamentos del norte del país, especialmente en La Guajira”, advirtió el defensor del Pueblo.
Por último, Camargo hizo un llamado al Gobierno nacional para que, en cumplimiento de la Ley 2294, se implementen acciones que garanticen el derecho humano a la alimentación, tal como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo.
“Es imperativo que se contribuya a mejorar las condiciones de inseguridad alimentaria que vive el país. Las acciones por realizar no se pueden dilatar en el tiempo, todos los niños y niñas deben tener acceso a alimentos”, concluyó el defensor del Pueblo.
Adultos mayores enfrentan difíciles condiciones, dice Defensoría
Por otro lado, durante el Foro Académico y Social Vejeces, Justicia y Derechos, organizado por la Defensoría del Pueblo y la Universidad Externado de Colombia, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó su preocupación por la situación de las personas mayores en el país.
Según Camargo, el año pasado fallecieron 1.661 personas mayores debido a deficiencias y anemias nutricionales, y solo el 17 % de cada 100 personas mayores accedió a una pensión.
El defensor del Pueblo hizo un llamado al Gobierno nacional para que tome medidas que garanticen la protección de las personas mayores, ya que la problemática se extiende a diferentes escenarios y regiones del país.
Camargo Assis destacó que la falta de protección económica, la exclusión social y el maltrato que sufren las personas mayores de 60 años en Colombia “se agudiza cada día debido a la discriminación por edad en la vejez, llamada de manera general como edadismo, y particularmente para las personas mayores, como viejismo. Violencia que es ejercida por las familias, la sociedad y el Estado”.
Estas violaciones, de acuerdo con el funcionario, forman parte de una serie de situaciones que se desarrollan a lo largo de la vida, lo cual genera “discriminación, segregación y desprotección” hacia las personas mayores.
El defensor del Pueblo también resaltó la necesidad de que el Estado adapte su ordenamiento interno de manera que esté acorde con los principios del derecho internacional, con el fin de identificar y abordar de manera oportuna, con un enfoque diferencial, las violencias contra este grupo de población.
La Defensoría del Pueblo ha llevado a cabo importantes acciones para promover y difundir la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a la cual se adhirió el Estado colombiano.
Además, publicó el informe ‘Hacia un cambio de paradigma sobre la vejez en Colombia: del asistencialismo a la garantía de los derechos’. Asimismo, elaboró un compendio normativo y ha realizado jornadas pedagógicas sobre la Convención, con el objetivo de fomentar su apropiación y un cambio de enfoque permanente.
Carlos Camargo Assis enfatizó en la necesidad de erradicar cualquier forma de violencia contra las personas mayores e instó a las entidades competentes a generar acciones y estrategias para lograr su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.
“Cualquier forma de violencia contra esta población debe ser erradicada, sean directas, indirectas o estructurales. Las entidades competentes deben generar acciones y estrategias para sostener su autonomía, el desarrollo de sus capacidades, y de esta manera contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”, señaló el defensor Camargo.
“La garantía y el respeto de los derechos de las personas mayores hablan de cómo estamos como sociedad y Estado, su cumplimiento debe ser una prioridad de todos, sin distinción alguna”, puntualizó.