Aumento de muertos y heridos de la fuerza pública confirma el recrudecimiento del conflicto

El recrudecimiento del conflicto armado en varias regiones del país le está pasando una dolorosa factura a la fuerza pública. Según un informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), las muertes de uniformados aumentaron en lo que va del año. Al corte del 19 de septiembre pasado, se habían registrado 88 fallecimientos en acciones del conflicto, frente a 72 que se presentaron en el mismo periodo del año anterior. El alza es de 23 por ciento. La cifra también es la más alta desde 2015, justo antes de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.

Una tendencia similar se observa en el número de heridos. Mientras que en 2018, el Cerac registró 169 miembros de la fuerza pública afectados, en 2019 la cifra ascendió a 281, un aumento del 29 por ciento. Las estadísticas de uniformados heridos venían bajando de forma sostenida desde 2013 y el registro del año en curso es el más alto desde 2015.

Según el centro de investigación, el aumento de las afectaciones a los soldados y policías se debe a que se dispararon las acciones furtivas, es decir, los ataques a las patrullas de la fuerza pública llevados a cabo por francotiradores o con explosivos. Esta modalidad es muy usada, por ejemplo, por las disidencias de las Farc o grupos como el Clan del Golfo, que han perdido su capacidad de confrontar de frente a las autoridades y han implementado este tipo de ataques. Por otro lado, en lo que va del año, cuatro uniformados han muerto en accidentes con minas antipersonal.

El Cerac advierte que el aumento de los muertos y heridos de la fuerza pública tiene que ver con la situación de violencia en cinco regiones en particular: Arauca, Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño, Nariño y el norte del Cauca, todas con una característica común: la disputa entre varios actores armados por el control de rentas como la minería ilegal y el narcotráfico.  

El Catatumbo, por ejemplo, padeció durante buena parte del año la confrontación entre el ELN y el EPL, también llamados Pelusos, que se aliaron incluso con la banda delincuencial los Rastrojos. Esos enfrentamientos ocasionaron el aumento de los asesinatos y desplazamientos masivos en esta región de Norte de Santander.

En el norte del Cauca, la disputa ha sido entre grupos disidentes de las Farc, el ELN y una pequeña facción del EPL. Estos dos últimos han sido replegados hacia el Valle especialmente por la fuerte entrada a la región de las disidencias de la columna Jaime Martínez, comandadas por alias Mayimbú. Este grupo ha sostenido enfrentamientos directos con la fuerza pública. Allí, la disputa es, sobre todo, por el control del conocido triángulo de oro de la marihuana, ubicado entre los municipios de Corinto, Miranda y Toribío.

Entre tanto, la pelea en el Bajo Cauca antioqueño es entre el Clan del Golfo, viejo controlador de la zona, y los Caparrapos, una disidencia de la banda criminal más grande del país. Estos últimos habrían recibido apoyo del ELN en la confrontación que convirtió a la subregión en una de las zonas con la mayor tasa de homicidios del país, y que obligó al desembarco de unidades militares especiales a comienzos de este año.

En Nariño hay toda una disputa entre grupos disidentes de las Farc, por el mayor enclave cocalero del mundo. Los Contadores, las Guerrillas Unidas del Pacífico y el Frente Óliver Sinisterra, fundado por el caído Guacho, se disputan el territorio. En todas estas zonas han sido desplegadas unidades militares especiales como las fuerzas de tarea o las fuerzas de despliegue rápido.