Aunque la Fuerza Pública niegue hoy el paramilitarismo en Colombia, la Comisión de la Verdad dice que persiste

¿Por qué el paramilitarismo persiste? Esa es una de las preguntas que plantea la Comisión de la Verdad en una de las más de 600 páginas que tiene el informe que presentó al país este martes, en el que detalla lo ocurrido durante el conflicto armado en Colombia en los últimos años.

“Un factor clave de persistencia del paramilitarismo ha sido el negacionismo de su relación con las Fuerzas Armadas y todo un entramado de alianzas con sectores políticos y económicos en Colombia. Sin un reconocimiento estatal y social de la verdad sobre el paramilitarismo, que rompa con esa negación, no es posible la puesta en marcha de los mecanismos institucionales, económicos y políticos eficaces para su desmantelamiento”, afirma la institución.

Sin acciones contundentes al respecto, la Comisión cree que el paramilitarismo seguirá siendo un factor fundamental de violencia.

El primer factor por el que la entidad cree que persiste el paramilitarismo obedece a “que los procesos de desarme de los grupos paramilitares, como el de las AUC, pese a todos sus alcances, no han significado el desmonte de las alianzas dentro de las que operaban las distintas estructuras armadas”. En otras palabras, los actores que fueron centrales en el proyecto paramilitar porque tuvieron participación y “no fueron identificados ni investigados”.

El segundo factor se da porque los orígenes, la consolidación y la pervivencia del entramado paramilitar en diversas regiones no pueden explicarse por fuera de los procesos de construcción estatal y social.

La Comisión recomienda ver los casos que esta ha construido sobre paramilitarismo en el Magdalena Medio, especialmente el de las AUC campesinas en Córdoba y Urabá, entre otros.

“Estas historias regionales no son un simple antecedente, sino contextos que favorecieron el surgimiento de órdenes armados simultáneos y aliados al Estado, entre estos las órdenes paramilitares”, se lee.

El paramilitarismo –según la Comisión de la Verdad– “ha sido impulsado por medio de la legitimación social y política que ha tenido por parte de distintos sectores, movidos por beneficios directos o indirectos de la acción paramilitar, desde la protección frente a las acciones guerrilleras, hasta la conservación de privilegios económicos y políticos”.

Otro de los factores, según la institución, “es que parte de los poderes políticos y económicos que se formaron bajo el orden paramilitar han continuado vigentes o fueron heredados por nuevos actores cercanos. En el caso de la parapolítica, varios de los implicados continuaron con el control territorial que tenían con las organizaciones paramilitares y mantuvieron sus redes clientelistas a través de colaboradores o familiares”.

Incluso, dentro de procesos judiciales por paramilitarismo, “el uso de los testaferros para el ocultamiento de bienes no ha permitido que esas propiedades puedan ser totalmente identificadas y, como consecuencia, no pueden usarse para la restitución a las víctimas”.

Para rematar, las economías ligadas al narcotráfico siguen siendo un motor central para los grupos armados posdesmovilización de las AUC. “Los incentivos para participar en este negocio siguen siendo extremadamente altos, debido a las ganancias que produce, a los capitales y sectores involucrados y al nivel de enraizamiento que tiene en la vida cotidiana de muchos territorios”, argumentan los investigadores en el documento.

La Comisión de la Verdad insiste en que la investigación en profundidad del entramado paramilitar y sus responsabilidades sigue siendo una necesidad pendiente de abordar en Colombia.

“Se debe ampliar la revelación de las verdades que aún tienen líderes paramilitares, la investigación de las compulsas de copias de los tribunales de Justicia y Paz, las revelaciones de empresarios o políticos y exmiembros de dichos grupos ante la JEP y el sistema de justicia, tanto para otorgar seguridad jurídica a los responsables, como verdad a las víctimas y la sociedad. Además, es necesario proporcionar información relevante que ayude a desmantelar estos mecanismos y sus entramados de poder”.

Igualmente, el Estado tiene una deuda con las víctimas del paramilitarismo, en el reconocimiento de su responsabilidad en esta victimización. El ocultamiento y la minimización operaron como mecanismos de persistencia, pero no se trata solo de hechos, responsabilidades y mecanismos, sino de personas: las víctimas son ciudadanos colombianos que necesitan esa verdad.