Autoridades en Uruguay alertan sobre red de préstamos, conocida como ‘gota a gota’, organizada por colombianos

La Policía de Uruguay alertó el miércoles, 4 de octubre, sobre préstamos ofrecidos por ciudadanos colombianos a tasas muy superiores a las permitidas por el banco central, con pagos exigidos diariamente y “respuestas intimidatorias” por atrasos.

Se trata de los préstamos conocidos como los ‘gota a gota’. “En caso de detectar maniobras similares, no aceptar el préstamo y dar aviso a la Policía concurriendo a la seccional más próxima”, indicó la Policía Nacional en la cuenta del Ministerio del Interior en la red social X (antes Twitter).

La advertencia tiene lugar luego de que el fin de semana 18 colombianos y un venezolano fueron imputados por delitos de usura, asociación para delinquir y violencia privada en Tacuarembó, unos 400 km al norte de Montevideo.

Para tres de ellos se dispuso prisión preventiva por 120 días, mientras que para los restantes 16 rige la obligación de fijar domicilio y el cierre de fronteras. A otras seis personas se les prohibió abandonar el país mientras continúan las pesquisas, señaló la Fiscalía.

Además de las detenciones, en los operativos policiales se incautaron vehículos, celulares, documentación y dinero en efectivo por 1,7 millones de pesos (unos USD 45.000).

Las inculpaciones se realizaron en el marco de la Operación Parce, que desde febrero de 2022 investiga supuestas actividades de extorsión de un grupo de personas de nacionalidad colombiana que prestaba dinero en efectivo a emprendedores y comerciantes con obligación de devolverlo ‘gota a gota’, con porcentajes de interés del 20 % y en plazos de 20, 24 y 30 días.

Los préstamos eran por sumas desde 5.000 pesos (unos USD 130) hasta 150.000 pesos (unos USD 4.000), con cuotas diarias de entre 500 pesos (USD 13) y 6.000 pesos (USD 158), dependiendo del monto concedido.

De acuerdo con la acusación, de no pagarse lo solicitado, comenzaban las amenazas con armas de fuego, y violencia, llegando incluso al hurto de bienes como cobro del crédito y a la persecución de los acreedores en sus domicilios particulares.

La fiscal Irena Penza, a cargo del caso, dijo que los miembros de esta red habitualmente no residían en Uruguay por mucho tiempo, y operaban con base en la confianza, para lo cual contaban con “algunos allegados de nacionalidad uruguaya”. Destacó que sus actividades alcanzaban otras zonas dentro y fuera del país.

“No hay un arraigo exclusivo en Tacuarembó, sí a nivel de todos los departamentos del Uruguay, por no decir a otras regiones y países cercanos”, declaró Penza a Canal 4.

Según el escrito acusatorio, esta red reclutaba personas generalmente de nacionalidad colombiana, quienes viajaban a Uruguay con la promesa de un trabajo para ayudar a sus familias en Colombia, “muchas veces desconociendo cuál era efectivamente el tenor de la tarea a desarrollar”.

Llegaban “únicamente con un pasaje de ida, cuyo costo debía ser reembolsado al recluta con trabajo durante un período de un año”, agrega.

De acuerdo con la investigación policial, muchos de los imputados tenían como negocio de pantalla empresas en el rubro electrodoméstico.

*Con información de AFP