Autoridades realizaron extinción de dominio a predios de las Autodefensas Unidas de Colombia en Córdoba

Tropas del Ejército Nacional, en un trabajo interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, lograron un importante resultado operacional en el departamento de Córdoba, con la extinción de dominio de dos predios, los cuales pertenecerían presuntamente a Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, comandante del Bloque Central Bolívar, de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La operación militar se registró en el municipio de Puerto Libertador, en el departamento de Córdoba, hasta donde llegaron tropas de la Décima Primera Brigada, con personal de la Fiscalía General de la Nación, para aplicar las medidas cautelares, secuestro, embargo y suspensión del poder a los lotes valorados en más de 50 millones de pesos.

Las propiedades se encontraban a nombre de diferentes personas de la región y, después de un meticuloso trabajo de investigación, se logró establecer que hacían parte del patrimonio de este sujeto y, al parecer, serían producto del narcotráfico, la extorsión y secuestro.

Los predios fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, con el objetivo de ponerlos a fines de reparación a víctimas de estos grupos al margen de la ley.

Gobierno entregó a campesinos predios incautados al Clan del Golfo y a alias Rasguño

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregó dos predios rurales a 200 familias campesinas en Ciénaga de Oro, Córdoba, el pasado 23 de agosto en la plaza pública.

La entrega de los predios hace parte de la reforma agraria del Gobierno y contó con la presencia del presidente Gustavo Petro, quien es oriundo de dicha región.

Se entregó una finca denominada Mochalito, de 739 hectáreas, ubicada en la zona rural, a 20 minutos del casco urbano del municipio de Ciénaga de Oro. Este predio perteneció a Luis Hernando Gómez, alias Rasguño, y con este se beneficiará a 100 familias de la región que podrán llevar a cabo proyectos productivos que aporten a la economía popular y a la soberanía alimentaria.

También se hizo la entrega de una hacienda llamada Las Mercedes, que pertenece a una sociedad administrada por la SAE y que le fue incautada al Clan del Golfo. Este predio ubicado a 40 minutos del casco urbano y que tiene 902 hectáreas, será destinado a otras 100 familias, la mayoría lideradas por mujeres campesinas, para que sea rentable y productiva a través de la figura de “Gerentes Populares”.

A la fecha, el Gobierno, a través de la SAE que administra los bienes con procesos de extinción dominio, ha entregado a familias campesinas 26.661 hectáreas para contribuir a la consolidación de la reforma que busca democratizar la tenencia de la tierra y generar las condiciones para que sea productiva.

¿En qué va la reforma agraria?

A inicios de julio, el Gobierno informó que hasta el momento solo se han ofertado 1,6 millones de hectáreas en el ámbito nacional. Las razones, al parecer, serían que las tierras ofertadas no están en terrenos productivos, como lo prometió entonces la exministra de Agricultura, Cecilia López.

Quiere decir que la reforma no avanza según lo esperado. La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, indicó que la meta de comprar 3 millones de hectáreas es casi imposible. Por lo pronto, del total de tierras ya ofertadas, la tercera parte es de los afiliados de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), gremio de los ganaderos que en meses pasados firmaron un acuerdo de compra directa con el Gobierno nacional.

De los 1,6 millones de tierras ofertadas, hasta el momento hay 25.700 hectáreas compradas. Esto significa que solo el 1,6 % de la tierra ofertada ha pasado los controles.

“Se han comprado 25.700 hectáreas de tierras y tenemos proyectado de aquí a agosto adquirir cerca de 40.000 hectáreas adicionales. Con ello, ya utilizaríamos todo nuestro presupuesto de compra y los recursos de la adición presupuestal serían para aumentar las áreas en el segundo semestre del año”, señaló la ministra Mojica en ese momento.

El Ministerio de Agricultura explicó que la principal causa de que el Gobierno vaya lento con el proceso es que las tierras no están pasando los controles de viabilidad técnica y jurídica por motivos catastrales.

“La mitad se está descartando porque no hay información de polígonos, y la otra es porque están reclamadas en restitución de tierras. Además, hay otras que no podemos comprar porque no son productivas o porque están en zonas de desastre y son inundables”, señaló la ministra.

Es de recordar que la decisión del Gobierno es comprar las tierras que han sido ofertadas por la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, en la región Caribe y en el Magdalena Medio, zonas en las que se concentrará la operación del catastro multipropósito.