Baja ejecución del presupuesto en Prosperidad Social terminó en queja disciplinaria contra Gustavo Bolívar

Por presunta omisión en la ejecución del presupuesto asignado a Prosperidad Social para el año 2024, el Sindicato de Empleados del Sector Social (Siessocial) radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el actual director de la entidad, Gustavo Bolívar.

La queja menciona que Prosperidad Social maneja programas sociales importantes como Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor, Proyectos de Inclusión y Proyectos de Infraestructura, pero advierte que, según fuentes oficiales, en la actualidad lleva una paupérrima ejecución frente al presupuesto asignado para su funcionamiento.

El documento, que ya está en poder de la Procuraduría, menciona: “Según lo publicado en el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda, revisado el 11 de septiembre de 2024, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social presenta una inocua ejecución presupuestal para la presente vigencia, la cual a esa fecha registra un porcentaje de ejecución total del 24 %”.

El sindicato, que llevó esta situación ante la Procuraduría, alertó que esta situación presupuestal podría impactar “gravemente” en la prestación de los servicios esenciales a población vulnerable con retrasos en la entrega de subsidios en programas como Renta Ciudadana y los demás proyectos que maneja la entidad, lo cual afecta a millones de familias en situación de extrema pobreza.

La queja disciplinaria también menciona “la no ejecución efectiva del presupuesto asignado a estos programas sociales no solo afecta a las poblaciones beneficiarias, sino que pone en entredicho el cumplimiento de los objetivos institucionales de Prosperidad Social, afectando la superación de la pobreza y la inclusión social, que son los fines principales de la entidad”.

Frente a esta situación, el director de Prosperidad Social estaría infringiendo varias normas que reglan el actual de los servidores públicos y la gestión de los recursos, como el Código Disciplinario, el Estatuto Anticorrupción y el Nuevo Código Disciplinario, entre otros.

“Iniciar una investigación disciplinaria contra los servidores públicos responsables de la administración y ejecución del presupuesto en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el fin de establecer si ha existido un incumplimiento de sus deberes y responsabilidades, en violación de las regulaciones establecidas en las normas disciplinarias y otras disposiciones aplicables”, es la principal petición de la queja.

Así mismo, le solicitaron a la Procuraduría verificar las consecuencias y el impacto que ha tenido en la población vulnerable la falta de ejecución de presupuesto en programas como Renta Ciudadana, Renta Joven, y los proyectos de inclusión productiva.

Otras de las solicitudes del sindicato se resume en “determinar las sanciones disciplinarias correspondientes en caso de comprobarse que ha habido negligencia o incumplimiento en la ejecución del presupuesto asignado, conforme a lo establecido en la ley”.

La queja disciplinaria llegó a la Procuraduría el pasado viernes 13 de septiembre por medio de Zilia Daisy Ruiz, la presidenta del Sindicato de Empleados del Sector Social y se espera que en los próximos días haya un pronunciamiento de fondo sobre la situación que se estaría presentando con una de las entidades más importantes dentro del gobierno de Gustavo Petro.