Sentencia de Interbolsa enciende polémica por "rebajatones"

Interbolsa, uno de los escándalos financieros más importantes en los últimos tiempos, no termina de resolverse en la justicia. El viernes pasado, en una polémica decisión, una jueza de Bogotá condenó a Tomás Jaramillo y a Juan Carlos Ortiz, dos de los protagonistas del descalabro de Interbolsa, a cinco años y nueve meses de prisión.

Los implicados aceptaron cargos por los delitos de estafa agravada y masiva, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional. Aunque todavía tienen pendiente un proceso por captación masiva de dinero, el juez del caso les concedió en su sentencia la casa por cárcel y una multa de 100 salarios mínimos legales.

La reacción no se hizo esperar. Este jueves, la Procuraduría se opuso a que la justicia determinara que la pena la pudieran pagar en su casa, con lo que considera, se desconocieron todas las exigencias del ordenamiento penal. El ministerio Público aseguró este jueves que la pena impuesta a los responsables de la defraudación del caso de Interbolsa no es proporcional a la gravedad de las conductas realizada y pidió aumentar la condena.

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Lo mismo argumentaron los defensores de las miles de víctimas que perdieron sus inversiones. El exvicefiscal Francisco José Sintura y abogado defensor apeló la decisión, por lo que los condenados no podrán recuperar su libertad de inmediato. Será el Tribunal Superior de Bogotá el que tendrá la última palabra, lo que tomará alrededor de un mes y medio.

Esta semana, el procurador también hizo pública la apelación a la sentencia, al considerar que la pena impuesta “no es consecuente con la gravedad de las conductas realizadas”, ya que defraudaron la confianza de más de mil ciudadanos, quienes depositaron sus recursos económicos en esta sociedad para ser invertidos en el mercado de valores.

En el foro anticorrupción, llevado a cabo este martes, el fiscal general aseguró que se trata de un “remedo” de justicia. Sin embargo, Néstor Humberto Martínez no cuestionó la autoridad del juez sino de la política criminal del Estado que permite este tipo de descuentos sustanciales de la pena.

“Por el solo hecho de allanarse a los cargos hoy en Colombia, el victimario tiene derecho a descuento del 50 por ciento de la pena de entrada. Desde el punto de vista criminal ¿esto no es una invitación a continuidad del delito? Me he tomado el trabajo de mostrarle al Ministro de Justicia la inconveniencia de seguir avanzando en estas “rebajatones”, cuestionó Martínez.

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Según las cuentas del fiscal, el cohecho que tiene pena de unos 12 años; se resta el descuento del 50% por aceptación; menos el 20 % del jubileo; menos lo que descuentan con estudio y trabajo que se podría ampliar: tres días de trabajo tengan dos días de redención. “Esto manda una señal inadecuada a los delincuentes, a este paso los señores de Odebrecht terminarían pasando navidad en sus casas porque la pena mínima sería de 11 meses”.

Este jueves se reunió el Consejo Superior de Política Criminal en el Ministerio de Justicia. Al encuentro asistió al fiscal general, sin embargo, aunque se discutieron estos temas, por falta de quórum no fue posible llegar a decisiones frente a los proyectos de ley que se promueven desde esta cartera y por varios parlamentarios, con el fin de lograr rebajas sustanciales a las penas solo por una vez.

Unos de los proyectos se soportan en el jubileo en el marco de la llegada del Papa en septiembre a Colombia. El del ministro Enrique Gil Botero, se basa en la descongestión carcelaria. Sin embargo, para los más críticos como el fiscal, póngase el nombre que se le ponga, este tipo de iniciativas no deberían ver la luz. 

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