Bajo Cauca: la violencia arrasa

El Bajo Cauca antioqueño está que arde. Se trata de una subregión que pocas veces ha conocido la paz. Desde hace varios años la ley la imponen las bandas criminales: el Clan del Golfo y Los Caparros, que intimidan, reclutan, paralizan corregimientos enteros, todo ante la mirada impávida de las autoridades. Por otro lado están las disidencias de las Farc y el ELN, que ha retomado posiciones. Justo esta semana, en Puerto Valdivia, hombres armados intentaron detener a un bus de servicio público que se negó a parar en un retén ilegal. Ante la negativa abrieron fuego e hirieron a dos niños de 12 y 13 años. Finalmente, quemaron el bus, como ha sucedido en los últimos días.

Los casos de hostigamientos y agresiones a la población civil vienen creciendo en las últimas semanas. El 26 de febrero el grupo delincuencial Los Caparros, que tiene dominio en la región desde la desmovilización del bloque Minero de las AUC, secuestró a un grupo de ocho jovencitos que viajaban desde Pereira hasta la costa Caribe. Nunca se supo la razón del plagio, pero los muchachos han sido liberados de a poco, uno de ellos logró escaparse y llegar a la vereda La Caucana, de Tarazá, y dos más fueron rescatados por el Ejército. Mientras tanto, uno más continúa secuestrado.

La tragedia creció esta semana, cuando se supo de la muerte del joven Sebastián Pérez, quien desde su liberación presentaba quebrantos de salud. Algunos familiares señalaron que tenía una infección intestinal que no pudo superar. “Su mamá nos llama y nos informa que él falleció en una clínica de Pereira. Tenía una infección intestinal que, se presume, adquirió por consumir agua no potable en medio del monte”, dijo un vocero a los medios de comunicación.

Estos casos de los últimos días, solo han evidenciado el miedo y la zozobra bajo la que viven los cientos de habitantes de esta subregión del país, donde cada año hay varios desplazamiento masivos por cuenta de los enfrentamientos entre las estructuras criminales.

Ante los últimos hechos, el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, anunció a sus hombres que la presión militar contra ese grupo armado no cederá. Y al contrario, se reforzará con sobrevuelos en la zona. Pero en la región ya no creen en paños de agua tibia, sabiendo que la pobreza extrema campea por toda la región y los armados obligan a los campesinos a sembrar coca para robustecer el narcotráfico.

El asunto va más allá de una intervención puntual, según reportan los investigadores de la ONG Análisis Urbano, “El Bajo Cauca ha pasado de tener cero masacres en el año 2016 a reportar 2 en el 2017, 1 en el 2018, 6 en el 2019 y 13 durante el 2020 que la convierte en la zona del departamento con más número de masacres. La firma del acuerdo de paz entre el Estado y las guerrillas de las Farc redujeron a mínimos históricos los hechos de violencia contra la población”.

Lo que menciona Análisis Urbano es apenas la punta del iceberg, las Naciones Unidas reportaron 191 casos de violencia armada durante el año pasado, entre las que se cuentan las 13 Masacres ya mencionadas, 17 casos de desplazamiento forzado masivos, más de veinte denuncias de desaparición forzada, asesinatos a líderes sociales, además de amenazas a líderes sociales y ciudadanos que se niegan a trabajar para la criminalidad.

La situación nunca ha sido fácil para los habitantes del Bajo Cauca —testigos de decapitaciones, ejecuciones públicas, amenazas que los obligan a mantenerse encerrados, ataques armados en plena plaza pública— y ahora la violencia se expresa en métodos que parecían del pasado: secuestros y ataques en vía pública. Ahora que los ataques hacen eco nacional, se espera una respuesta contundente por parte del Estado.