Once claves para entender el chicharrón de los baldíos

"Desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo", dice el adagio popular que le cae como anillo al dedo al trámite de la ley de tierras que se acordó en La Habana. Y es que si el resto de la implementación del punto agrario avanza con el ritmo de esta semana el aterrizaje no va a ser fácil.

En menos de cuatro días dos temas que versan sobre la reforma rural integral alborotaron el avispero. Primero fue la propuesta de una nueva legislación agraria que no le gusto ni a la derecha ni a la izquierda, y luego, el llamado que hizo la Contraloría a la Agencia Nacional de Tierras para que ejerza acciones judiciales que anulen la venta de 322 predios de origen baldío y así recuperar tierras que han sido privatizadas de forma presuntamente irregular.

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Aunque la última noticia terminó alentando las voces de quienes argumentan que se está poniendo en riesgo el derecho de la propiedad privada, curiosamente la izquierda alega desde la otra orilla, que no se le está metiendo dientes a la desconcentración de la tierra. Lo cierto, sin embargo, es que uno de los componentes clave para que el proceso de paz funcione prendió motores pero empezó levantando ampollas. 

Investigadores, intelectuales y académicos han señalado que el problema agrario -la falta de una reforma estructural que democratice el acceso a la tierra- ha sido una de las principales causas del conflicto armado. De hecho, muchos sugieren que la creación de las FARC estuvo relacionada con este problema. Por eso, es que además del componente judicial es importante que, a cinco meses de la firma en el Teatro Colón, se comiencen a sacar adelante los otros puntos del acuerdo.

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El tema ha dado para todo. Se volvió a convertir en la bandera de quienes advirtieron casos de concentración de tierra en el pasado, pero también en el argumento de los que no están de acuerdo con lo que pactó del Gobierno con las FARC en La Habana. Ante todas las confusiones que provoca el tema de los baldíos en Colombia, Semana.com le explica en once puntos sobre qué versa la pelea.

1. Se entienden por baldíos las tierras que no son de propiedad privada y pertenecen a la Nación. En 1936 cuando se definió el concepto jurídico, se estableció que las tierras ocupadas con cultivos o ganado son de propiedad privada y se presumió que las baldías son las que no están explotadas, las que no son objeto de aprovechamiento económico y no tiene dueño.

2. No hay un registro detallado de los terrenos baldíos que tiene la Nación. Pese a que ha sido una obligación de los gobiernos documentar los millones de predios, no hay una forma de llevar el control, entre otras, porque el sistema de catastro es deficiente.

3. Por la misma dimensión que lleva hacer el registro, no hay claridad de cuáles son los baldíos que están ocupados y los que no. Sin embargo, se presume que la gran mayoría están ocupados por campesinos o ganaderos. De ahí la importancia de clarificar cuáles han salido del dominio del Estado, los que siguen siendo baldíos y resolver esa situación.

4. El 1 % de los propietarios es dueño del 54 % de la tierra en el país. La concentración de los terrenos agrarios y la desigualdad no paran de crecer. El índice Gini rural, que mide la desigualdad, está en 0.87. Es decir, si el índice está en uno significa que un sólo propietarios es dueño de toda la tierra en el país y si está en cero traduce que todos los campesinos son dueños de su parcela y hay una buena distribución.

5. El debate alrededor de quiénes pueden acceder o no a títulos baldíos siempre ha existido, pese a que la ley dice que son para los campesinos que no tienen tierras que trabajar.  En los últimos 50 años se han titulado 25 millones de hectáreas, más del 90 % de ellas baldíos o títulos colectivos.

6. Con el paso de los años uno de los ajustes más importantes que se le hizo a la norma fue en 1994 cuando se estableció que las tierras que fueron entregadas como baldíos a campesinos no pueden acumularse para convertirse en grandes propiedades. Aunque se estipulan diferentes extensiones, la concentración viola el régimen Agrícola Familiar. El liquidado Incoder era el encargado de definir cuál es la extensión de la Unidad Agrícola Familiar en cada municipio, ahora la encargada de esa tarea es la Agencia Nacional de Tierras.

7. Una de las trampas que fomentan quienes practican la acumulación de baldíos es que suelen dividir la propiedad en varias sociedades para así respetar el límite de extensión de la Unidades Agrícolas Familiares que se delimitan para cada territorio. Por ejemplo, en la altillanura las UAF tienen que ser de 1.800 hectáreas pero si se supera esa extensión se reparte en muchas sociedades que casi siempre aparecen a nombre de un mismo propietario.

8. Los baldíos son una de las fuentes de las Zidres y las Zonas de Reserva Campesina. La primera de ellas tiene que ver con la entrega de tierras en usufructo a largo plazo a inversionistas para que se desarrollen empresas productivas en territorios de baja densidad de población, distantes de los mercados y con graves problemas de fertilidad de los suelos. Las segundas fueron creadas en 1994 con el fin de proteger a las comunidades campesinas, especialmente aquellas ubicadas en zonas de frontera agrícola, colonización o de conflicto armado, del avance del latifundio o de los grandes monocultivos.

9. Además de las Zidres y las ZRC, en La Habana se acordó crear un Fondo de tierras para los campesinos que no tienen o los que tienen insuficientes. El problema, sin embargo, es que el Gobierno está en mora de hacer el registro de los baldíos que tiene y recuperar los territorios usurpados a las víctimas del conflicto. Recuperar los baldíos que hayan sido ilegalmente privatizados va a ser una de las fuentes más importantes del Fondo de Tierras, además de las compradas y donadas para la reforma al campo.

10. Uno de los mantras del punto agrario que se firmó en La Habana es la desconcentración de la tierra en el país. Una premisa que no pone en riesgo la propiedad privada, sólo aquella que haya sido indebidamente adquirida. Se acordó una reforma rural integral con enfoque territorial. Esto, partiendo que cada región tiene un problema agrario distinto y una taza de concentración que varía y debe ser atendida particularmente.

11. En su informe la Contraloría dice que no hay un detrimento patrimonial pero sí le pide a la Agencia Nacional de Tierras que revise 33 casos para ver si hay irregularidades legales en la acumulación de baldíos. De comprobarse, se tendrán que tramitar las nulidades correspondientes para revertir la concentración de tierras.