Bajo Cauca, el huevo de la serpiente

Dos casos de violencia sacudieron esta semana a los antioqueños. El primero sucedió en Yarumal, municipio al norte del departamento y paso obligado entre Medellín y el Bajo Cauca. El domingo, a las 10:30 de la noche, en el estadero La Margarita, a tan solo 20 minutos de la cabecera municipal, hombres encapuchados asesinaron a 7 personas. Según el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, se trató de un ajuste de cuentas entre facciones del Clan del Golfo, una de ellas al mando de alias Gonzalito, que quieren quedarse a toda costa con el microtráfico del norte del departamento. Casi al mismo tiempo, el ELN y el Clan se enfrentaban en zona rural de Cáceres, Bajo Cauca, lo que obligó a más de 400 campesinos a abandonarlo todo y llegar hasta el casco urbano, donde pidieron la ayuda de la Defensoría del Pueblo.

Estos hechos, que parecen aislados, tienen en común un mismo fenómeno que ha tenido repercusiones en Medellín y su área metropolitana, donde han muerto asesinadas numerosas personas. En efecto, las bandas a las que el Clan del Golfo les había vendido franquicias criminales en barrios, pueblos, ciudades y campos de Antioquia ahora quieren todo el poder y el fruto de las rentas ilegales para ellos.

Le sugerimos: En video: Dramáticas imágenes tras estallido de una granada en discoteca de Caucasia

Los atentados en Caucasia, los cuerpos escondidos en maletas de carros en Medellín o la masacre en Yarumal corresponden a esta guerra que tiene como epicentro el Bajo Cauca antioqueño, una rica región en donde siempre se ha impuesto la ley del más fuerte: primero las guerrillas, luego las AUC y ahora las bandas criminales divididas en franquicias, en su mayoría compradas al Clan del Golfo. ¿Qué buscan estas bandas, principalmente en el Bajo Cauca? Pues las tierras de antiguos narcotraficantes y jefes de las autodefensas, muy productivas y estratégicas para sembrar la hoja de coca y crear laboratorios, y situadas en un corredor estratégico que conecta con Córdoba y Urabá, sur de Bolívar, costa Caribe, nudo de Paramillo o el Valle de Aburrá. Además, allí está gran parte de la minería ilegal y ha sido refugio de fortunas y capos del narcotráfico y la delincuencia. 

En los dos últimos, Antioquia llegó a 8.855 hectáreas de cultivos ilícitos, lo que representa el 28 por ciento de toda la coca del país. El gran problema, y lo que atrae a los actores ilegales, es que de toda esa coca sembrada en territorio paisa, el 63 por ciento está en Tarazá, Valdivia, Cáceres, Briceño, El Bagre y Nechí, municipios que conforman el Bajo Cauca y donde hay cerca de 250.000 habitantes y una amplia población flotante debido a la minería y la coca. Para atender tantos sembradíos, la Policía destinó 1.200 hombres que en 2017 erradicaron más de 5.000 hectáreas, lo que también ha dado lugar a nuevos conflictos.

En palabras de Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, toda la violencia desatada en el Bajo Cauca y su coletazo en el norte de Antioquia y parte de Medellín tiene que ver con las divisiones entre dos grupos criminales: Caparrapos y el Clan del Golfo. “Otoniel ahora piensa que alias Montero se le puede salir de las manos y por eso han empezado los enfrentamientos. A estos, también se les está enfrentando una pequeña disidencia de las Farc al mando de Carnitas. Todos por mantener o capturar territorios”.

Le recomendamos: Violento comienzo de año en Cauca

De acuerdo con Víctor Barrera, investigador del Cinep, la compleja situación de orden público en la región se debe a que en ese eje se encuentran el mundo andino y el costeño, un corredor estratégico que conecta el suroccidente colombiano con la salida al mar, así como Antioquia y Chocó, Montes de María y Catatumbo. El Bajo Cauca hace parte de una región que históricamente se ha caracterizado por el predomino de las economías ilegales.

Un problema social

Según el Anuario Estadístico de Antioquia para 2016, en el Bajo Cauca el 58,96 por ciento de la gente está en la pobreza y el 30,32, en la miseria; en palabras del Informe de Derechos Humanos 2015 del Instituto Popular de Capacitación (IPC): “Esta es la subregión con el menor índice multidimensional de calidad de vida (IMCV), las tasas más altas de homicidios y una de las que han soportado en los últimos los más altos niveles de desplazamiento forzado(… y) altos índices de despojo de tierra”.

Esa pobreza social, que contrasta con los miles de millones de pesos que mueve por la explotación de oro, se convierte en un caldo de cultivo para la criminalidad y la violencia alimentada por las rentas ilegales de la minería, la coca y otras economías ilegales. Por eso, las bandas criminales ponen su atención en la minería, que representa el 85 por ciento de la economía regional. Precisamente, el 57 por ciento del oro que produce Antioquia se encuentra en esta zona, por lo que resulta necesario un proceso de legalización y control.

Para Soledad Betancur, investigadora del IPC, muchos de los predios que han habitado los pequeños mineros informales no se les pueden titular porque ya están a nombre de multinacionales. “El 90 por ciento del territorio está licenciado o en proceso, y los mineros han sido marcados como criminales, y eso no es cierto. Ellos han pedido seguridad desde hace muchos años, pero el discurso de criminalizarlos ha resultado muy bien para sacarlos del territorio”.

El aumento de la violencia también responde a los cultivos de coca y a las estrategias para erradicarlos. Hace unas semanas, el gobernador Pérez lanzó la estrategia ‘Antioquia libre de coca‘, un programa de inversión social por más de 500.000 millones de pesos de los que ya hay actas de inicio de obra por más de 124.000 millones, en su mayoría en zonas afectadas por las bandas criminales. De la mano de esta estrategia, el año pasado 1.200 policías erradicaron más de 5.000 hectáreas de coca, lo que ha generado conflictos y tiene descontentos a algunos campesinos, que esperan que se cumpla el punto cuatro del acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno: que se estimule la sustitución de cultivos, que no se obligue a erradicar. “Pero aquí lo único que hemos visto es una seguidilla de incumplimientos”, dijo un campesino a SEMANA.

Le sugerimos: Dos incursiones armadas, diez muertos y muchas dudas

Sin embargo, la erradicación no marcha bien, y este es un gran reto para quitarles oxígeno a las bandas. Según Rodrigo Osorno, investigador del IPC que ha seguido de cerca el tema, “en la Caucana, corregimiento de Tarazá, ha habido acuerdos para erradicar cultivos y a algunos campesinos ya les están dando un millón de pesos al mes, pero los proyectos productivos no terminan de caminar y no les están cumpliendo con la titulación de predios”.

Pese a los intentos de los gobiernos nacional y departamental por mejorar la situación social de los pobladores, erradicar los cultivos de coca y luchar contra la minería ilegal, el bajo Cauca sigue en manos de las bandas criminales y la violencia, lo que en tiempos del posacuerdo tiende a incrementarse. Para Barrera, ese aparente fracaso se debe a que la estrategia del Estado para mejorar el orden público, basados en la focalización (es decir, atacar la ilegalidad solamente en el bajo Cauca), no es la correcta “ya que no contemplan todas las redes y conexiones que esta región establece con otras zonas del país”. Precisamente, esta interconexión regional ha causado el aumento de la violencia en Medellín y toda Antioquia y amenaza con expandirse a otras zonas si no se toman cartas en el asunto. De ahí que la paz de este departamento pase por lo que el Estado haga finalmente en el Bajo Cauca antioqueño.