Barceló y las grabaciones ocultas a Uribe

En la lista de pulsos entre Álvaro Uribe y la Corte Suprema, hay uno que genera particular molestia y tensión en ambos lados: las interceptaciones al expresidente. Se trata del episodio más álgido vivido en los últimos años entre el exmandatario y este alto tribunal, y una de las piezas clave del proceso que lo tuvo en casa por cárcel. Hasta ahora, todo estaba del lado de la Corte, que validó la legalidad de esa cuestionada movida: unas grabaciones, tomadas por un supuesto ‘error’ dentro del expediente del congresista Nilton Córdoba, terminaron convirtiéndose en pruebas en el de Uribe. Sin embargo, el llamado a versión libre que le hizo esta semana la Comisión de Acusación al exmagistrado José Luis Barceló podría alterar por completo ese ajedrez.

Con la orden a declarar, vuelve el debate sobre la validez de esas interceptaciones. Los congresistas a cargo del caso –Edward Rodríguez y Mauricio Toro– llevan seis meses investigando la denuncia que interpuso Uribe. Con esos elementos, los parlamentarios llamaron a Barceló para que “rinda versión libre para relatar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos (...) y vincularlo formalmente a la investigación”.

La historia de esa pelea es larga y compleja. Todo comenzó el 7 de marzo de 2018 cuando el entonces magistrado Barceló ordenó la interceptación de Nilton Córdoba. Había estallado el escándalo del cartel de la toga, y el exfiscal Gustavo Moreno contó que el congresista pagó para enredar su caso. En un auto, Barceló ordenó escuchar por 90 días un número telefónico que resultó ser el de Uribe y no el de Córdoba. Por esos días, el expresidente ya estaba siendo investigado por el caso de supuesta manipulación de testigos. Meses después, en julio de 2018, el magistrado Barceló lo llamó a indagatoria, con las interceptaciones como base de esa decisión. Para Uribe, esas “chuzadas” y el hecho de que la Corte no le permitió dar una versión libre demostraban que no tenía garantías.

El magistrado Barceló defendió la legalidad de esas interceptaciones. Aseguró que el número se puso por error y que las escuchas se suspendieron el 22 de marzo. “(El número) no resultó ser de Nilton Córdoba y eso a mí me generó un lío espantoso. Inmediatamente lo cancelé”, explicó en ese entonces. Agregó que por dos años el número de Uribe estuvo en los documentos del proceso de Córdoba, sin que nadie notara este yerro. Pero dejó claro que las grabaciones eran prueba, pues habían sido un “hallazgo imprevisto e inevitable” y que “no hubo nada ilegal ni fue un error”.

La Corte avaló en tres oportunidades la legalidad de esas grabaciones. La primera fue la decisión que ordenó su traslado de un proceso a otro. Luego, todos los expedientes de aforados, incluido el de Uribe, pasaron a una nueva Sala de Instrucción, creada para la doble instancia. Allí, en una decisión con ponencia de Cristina Lombana, apoyada por otros cuatro magistrados, también se respaldó la legalidad de las grabaciones. La tercera fue en respuesta a un recurso de reposición, en el que nuevamente la Corte se dio a sí misma la razón.

El proceso de Uribe avanzó en la Corte, pero paralelamente la investigación sobre las interceptaciones siguió su curso en la Fiscalía. Allí, varios testimonios demostraron que el magistrado Barceló no había contado toda la historia. Las declaraciones más reveladoras las hizo Óscar Álvarez, el analista del CTI que hizo las interceptaciones, quien aseguró que desde el primer momento se dio cuenta de que la persona que estaban grabando no era el congresista Córdoba. “Informé. No es A es B”, relató. Según él, a pesar de que le advirtió a la Corte, las interceptaciones solo se frenaron más de una semana después.

El contenido de esas llamadas, publicadas por SEMANA, dejaban claro que la persona al otro lado de la línea era el entonces senador. “Buenos días, Álvaro Uribe”, dice él cuando contesta la primera conversación interceptada. Después de ahí, se grabaron 22.000 horas más, hasta que el magistrado suspendió la interceptación. “Pretenden decir que grabaron por error y que nadie reconoció la voz del presidente a quien todo mundo llama así, ‘presidente’”, se quejó el abogado Jaime Lombana cuando se destapó esa controversia.

Al lado de la disputa judicial, la tensión entre Uribe y Barceló creció en esos años a niveles que no se veían desde el duro choque de trenes de su presidencia con la Corte Suprema. Para Uribe, Barceló lideraba una conspiración que buscaba meterlo preso. Para Barceló, el expresidente buscaba un linchamiento público del alto tribunal.

Esa pelea tuvo varios episodios. Barceló tuvo que negar acusaciones del exmandatario. “Decían que yo ebrio o borracho dije que íbamos a capturar al senador Uribe... O que habían ofrecido 5 millones de dólares para ponerlo preso... Falso de toda falsedad”, le respondió Barceló al periodista Juan Roberto Vargas. Hasta hoy, Uribe se ha mantenido en su versión contra el expresidente de la Corte. Otro capítulo polémico tiene que ver con el Tuso Sierra, quien aseguró que “me visitó dos veces el periodista Juan Carlos Giraldo con la misma historia: que si le daba información de los Uribe, que venía de parte del fiscal Montealegre, de Perdomo y una razón del magistrado Barceló”.

En entrevista con SEMANA, en medio de su detención en agosto pasado, Uribe aseguró que Barceló heredó el odio de esa Corte con la que se enfrentó desde la Casa de Nariño. Agregó que al ser nombrado por esos magistrados, y haber participado en la elección de su sucesor, no contaba con garantías de imparcialidad. “Hay un evidente sesgo político del magistrado José Luis Barceló”, les dijo a las periodistas Vicky Dávila y María Isabel Rueda. El exmandatario se despachó contra la Corte, afirmó que lo tenía secuestrado y la calificó de “mafiosa”. Barceló, quien ya terminó su periodo como magistrado, le contestó: “Hay un país politizado que come cuento a ese discurso mentiroso traído de los cabellos”.

Semanas después de su detención, el expresidente Uribe renunció a su curul en el Senado y por esa razón la Corte perdió competencia para investigarlo. Su expediente pasó a la justicia ordinaria. En 2021, la Fiscalía decidirá si presenta una acusación o si archiva el caso. Si elige lo primero, tendrá que decidir si presenta esas grabaciones como pruebas en el juicio. Si eso sucede, la defensa de Uribe probablemente sostendría que las escuchas fueron ilegales, y el debate volverá.

Tampoco se puede perder de vista el proceso de la Fiscalía que investiga lo qué pasó con las interceptaciones a Uribetras la denuncia de Jaime Lombana. Próximamente, el ente investigador decidirá la situación jurídica del analista del CTI Óscar Álvarez, quien fue el encargado técnicamente de escuchar al expresidente. Asimismo, se debe definir el futuro de los otros no aforados que intervinieron en las cuestionadas interceptaciones. Entre ellos, Iván Díaz, quien era magistrado auxiliar de la Corte Suprema y hoy está en la JEP, y Clara López, la gerente del caso. Si la Fiscalía los encuentra responsables y los imputa, muy probablemente las interceptaciones se caerán como prueba.

En 2021 el magistrado que ordenó la interceptación también tendrá que dar sus explicaciones ante las autoridades. Con la decisión de la Comisión de Acusación, Barceló deberá defender la versión de que las grabaciones fueron un error accidental, pero que, una vez hechas, eran legales para ser incluidas en el proceso contra Uribe. La Comisión ya escuchó a Clara Azucena López y Roque Julio Duarte, los dos funcionarios que recibieron la orden de Barceló de realizar la interceptación en 2018. También realizó una inspección judicial a la Corte Suprema. Si después de oír al exmagistrado encuentra mérito, podría llamarlo a indagatoria y vincularlo formalmente a una investigación. La disputa entre el jurista y el expresidente está lejos de acabarse.