Algo huele mal: lecciones del desastre ambiental en Barrancabermeja

El 2 de marzo en La Fortuna, Barrancabermeja, la tierra escupió una mancha negra. Las proporciones se ajustaban, según los primeros registros, a las medidas de otros brotes que se ven en la región. Solo allí en el valle del Magdalena se concentran más de 1.000 pozos –activos, cerrados y abandonados– de los que históricamente el país ha extraído petróleo y gas. La escena, oculta tras la cascada de noticias de la jornada electoral, salió a la luz nueve días después cuando se levantó una fuente de crudo de hasta 10 metros de alto. Sucedió a 200 metros del pozo Lizama 158, en medio de una plantación de palma, donde se abrieron paso 14 puntos de fuga.

Las causas del nacimiento todavía no son claras, pero el hidrocarburo fluyó con tanta presión que en cuestión de horas el derrame llegó a la fuente hídrica más cercana: la quebrada Lizama, que terminó sirviendo de canal. Desde allí comenzó el recorrido de la mancha negra que se conectó con los caños Muerto y Matore hasta que se filtró al río Sogamoso. El grosor de la capa negra que flota en el agua alcanza en el punto de fuga hasta 40 centímetros y termina convertida en una mancha medio transparente que entorpece la salida de oxígeno e ingreso de luz.

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“Es una consecuencia de los movimientos telúricos que se presentaron”, fue la primera explicación que se dio sobre un fenómeno sin precedentes en el país en 100 años de historia petrolera. Pero pocos parecen convencidos. Por eso, otros expertos manejan la hipótesis de una falla operativa para explicar por qué el predio Palmas de Colombia terminó inundado por el líquido viscoso. Y es que en esa zona se extiende la serranía de los Yariguíes, el sistema montañoso que presenta mayor altitud en las estribaciones occidentales de la cordillera Oriental y se necesita inyectar presiones altas para hacer emerger el petróleo.

Durante cuatro días la mancha se regó sin control por el territorio. Más de 2.470 especies habían muerto en el recorrido de 25 kilómetros al cierre de esta edición. La petrolera ha echado mano de diques y barreras, para intentar frenar su avance. Pero esas medidas se quedaron cortas cuando una borrasca elevó los niveles de agua y de nuevo facilitó el flujo del crudo. Cerca de 97 familias tuvieron que abandonar sus hogares, pues se quedaron sin suministros de agua y, lo que es peor, sin fuentes de ingreso. En la zona nadie quiere consumir alimentos que hayan tenido contacto con el agua. “Persiste la alerta naranja ante posibilidad de incrementos súbitos en nivel de río Sogamoso”, dijo este miércoles el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Ha pasado un mes y los trabajadores de la petrolera todavía no han podido contener definitivamente la situación y entregar un balance de los daños provocados.

La información ha tenido tal volatilidad que no hay consenso sobre fechas ni barriles derramados. Aunque en principio la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y las autoridades locales hablaron de 20.000, la empresa insiste en que serían apenas 550 de solo petróleo. La cifra se habría elevado porque las labores de limpieza también absorben sedimentos, agua y lodo. Lo cierto, sin embargo, es que los operarios habilitaron de urgencia el pozo Lizama y desde entonces vienen extrayendo en forma controlada alrededor de 5.000 barriles diarios. El derrame dejó daños incalculables en el medioambiente; se convirtió en el daño más grande de Ecopetrol en su historia, pero hace falta que termine el ciclo de contención para empezar la recuperación y la evaluación de responsables.

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Corte de cuentas

El jueves la Anla ordenó un procedimiento sancionatorio contra Ecopetrol por los hechos ocurridos en el campo petrolero Lizama. Al tiempo, el jefe de la cartera de Ambiente le solicitaba a la Fiscalía y la Procuraduría acompañar la investigación para determinar la responsabilidad y el origen de la fuente que surgió entre los cultivos el pasado 11 de marzo.Estas acciones contra la petrolera tienen que ver con que esa empresa no habría activado el plan de contingencia. Ecopetrol, por su parte, argumenta que siguió los protocolos y que no se presentó nada extraordinario hasta que inesperadamente brotó el yacimiento. “La empresa no informó oportunamente la real magnitud de la contingencia. Reportó como controlada el 3 de marzo y obstaculizó la actividad de seguimiento del evento en tiempo real”, informó el ente ambiental.

En ese sentido, para la Anla las fallas estarían relacionadas con el revestimiento del pozo y con problemas mecánicos que la misma petrolera solo habría reportado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) el año pasado. En esa misma línea, se conoció esta semana un informe de auditoría de la Contraloría de 2015, que advierte que “Ecopetrol no realizó el abandono físico” de 38 pozos, cuando Juan Carlos Echeverry presidía la petrolera. Aunque mencionan varios de la región afectada, el pozo Lizama 158 no aparece en la lista (ver documento). Sin embargo, varios medios asumieron que sí estaba allí

El tema, sin embargo, volcó las miradas hacia el Ministerio de Ambiente, la Anla, la ANH y el Ministerio de Minas y Energía sobre el seguimiento que hacen al tema. De ahí que la Procuraduría convocó una reunión y la propia Contraloría se disponga a evaluar las medidas tomadas ante su informe. Alrededor de la emergencia no solo gravita la responsabilidad de Ecopetrol, sino que también el seguimiento y los protocolos de las entidades encargadas de verificar los procesos. Por eso, las sanciones no solo tendrán que ver con la forma como se atendió la emergencia, sino también con las causas que condujeron a ella.

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Factores extras

Ecopetrol lucha por evitar que la mancha negra llegue a más fuentes de agua, y ante la escasez de información es muy pronto para sacar conclusiones a la ligera. Las autoridades deben entrar a evaluar varios factores que acentuan la gravedad del derrame. Primero, es la primera oportunidad en su historia en que un derrame de petróleo no tiene causas ajenas a Ecopetrol. Todas las demás han tenido que ver con sabotaje de la guerrilla. Segundo, aunque el episodio deja daños incalculables e irreversibles para la fauna y flora, los efectos todavía no se equiparan con las mayores catástrofes ambientales que ha sufrido el país en su historia, como ocurrió en Tumaco en 2015 cuando se derramaron cerca de 10.000 barriles. Y, tercero, la convención petrolera en la que se negociará con los empleados, también es un factor a tener en cuenta ante la abundancia de desinformación. Ni el tigrillo ni las aglomeraciones de peces muertos corresponden a una fotografía de la tragedia.

Ahora bien, el remedio no puede resultar peor que la enfermedad. Ante el afán de evitar que la mancha siga extendiéndose, Ecopetrol tuvo que cancelar los contratos que tenía con la empresa Felmar para recoger los residuos. Según denunciaron varias fuentes consultadas por SEMANA, la empresa no le estaba dando el manejo adecuado a los residuos y el petróleo extraído terminaba unos kilómetros más allá en piscinas de tierra otra vez mezclados con el ambiente.

Para entender por qué se le salió de las manos el problema a una empresa con tanta experiencia algunas fuentes consultadas señalan la forma como atendió la emergencia. Históricamente, por cuenta del conflicto la Vicepresidencia de Transporte atendía los derrames provocados por el ELN y las Farc. En esta ocasión, en otro escenario, la Vicepresidencia de Producción tuvo que asumir el tema y por eso advierten que “no tenían la misma experiencia, y se confiaron".

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En cuestión de días, la Anla formulará cargos contra Ecopetrol, mientras se busca la causa del fenómeno. La multa que podría recibir la empresa,apenas se perfila. No se sabe, por ejemplo, si quedaron contaminadas aguas subterráneas. De haber sido así, el escenario empeoraría. Pasarán meses antes de conocer qué pasó y quién responderá, pero sin duda las autoridades y la empresa están en mora de ofrecerles una solución a los habitantes y de atajar de una vez por todas la emergencia que amenaza con llegar al río Magdalena.