La mala hora del magistrado Mola en Barranquilla

Esta semana el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) tomó una trascendental decisión contra el magistrado Jorge Eliécer Mola Capera, del Tribunal Superior de Barranquilla, señalado de presuntamente incidir de manera irregular en los procesos civiles y penales relacionados con una millonaria herencia.

Todo el escándalo que salpica a Mola gravita en torno al pleito judicial entre dos reconocidas familias de Barranquilla que se relacionan con la Fundación Acosta Bendek, legado de Gabriel Acosta Bendek, exsenador fallecido en 2014.

Por esa herencia se enfrentan ante los estrados las dos poderosas ramas de la familia Acosta Bendeck. Una es la de Ivonne Acosta Acero, hija del exparlamentario y heredera de la fundación, que abarca a la Universidad Metropolitana y al Hospital Metropolitano.

El otro brazo lo encabeza su primo, Luis Fernando Acosta Osío. Sus miembros reclaman ser parte de esa sucesión y han logrado por épocas—gracias a sucesivas acciones judiciales que han convertido el asunto en un verdadero galimatías— ejercer su domino sobre los bienes de la fundación. Ellos serían los directos beneficiarios de las actuaciones del togado y objeto de la sanción.

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Según el comunicado de esta semana del CSJ, el magistrado Mola, con las medidas provisionales que concedió vía tutela, “ha dejado sin efectos decisiones en procesos civiles y ha suspendido audiencias en procesos penales” derivados del conflicto entre los Acosta Bendek.

Por esa razón, el 13 de febrero pasado la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decidió suspender cautelarmente tres meses al togado por aquellos hechos y ordenar copias a esa misma corporación para investigar las actuaciones de dos de sus compañeros de estrado: Demóstenes Camargo y Luis Felipe Colmenares.

“Para la Sala esta situación puede reiterarse con la permanencia del funcionario en el cargo, por lo que ordenó suspensión provisional, pues en materia de tutela tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional, las medidas provisionales son excepcionales y deben estar debidamente sustentadas por el juez sin que puedan utilizarse de manera arbitraria so pretexto de la autonomía funcional”, expresó el alto tribunal.

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Contra la decisión procedía interponer recurso de reposición, acción que Mola Capera ejerció y que la Sala resolvió el 13 de marzo pasado confirmando la suspensión sin derecho a remuneración alguna, previendo que es posible también “la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación”.

Las faltas por las que se investiga al magistrado serían calificadas de graves o gravísimas, lo que significa que si es hallado responsable de los hechos de los que se le señala sería objeto de la pérdida de su investidura.

¿Tutelas sospechosas?

La Sala Disciplinaria, en pronunciamiento del 13 de febrero y conocido íntegramente por SEMANA, adoptó estas medidas cautelares sobre la queja interpuesta por Ivonne Acosta, para quien fue “sumamente sospechoso” que las dos tutelas falladas en su contra buscaran nada más “dilatar las acciones legales” interpuestas por ella y que, justamente, ambas le fueran repartidas a Mola.

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Esa corporación señaló que dicho togado decidió en estos casos “sin ningún tipo de fundamento jurídico, afectando así la competencia de la justicia ordinaria en esos asuntos y desbordando las facultades que le confiere el ordenamiento jurídico en materia de tutela”. Mola, que se expone a perder su investidura, fue separado tres meses de su cargo mientras se le investiga, aunque puede recurrir.

Durante la ampliación y ratificación de la queja de Ivonne, para la Sala “se demostró” que el accionar del magistrado “no fue solamente en esos trámites tutelares sino en otros más relacionados con el conflicto” entre la familia Acosta. Algunas de esas decisiones fueron suscritas también por los magistrados Camargo y Colmenares y de ahí que afronten también una posible investigación.