“Barriles de sangre”: la insistente orden del general Mario Montoya a sus subalternos para presionar por resultados en Antioquia

Esta semana el general Mario Montoya Uribe se convirtió en el oficial de más alto rango en la historia de Colombia en ser vinculado en un proceso por los llamados falsos positivos. La JEP lo señaló de tener responsabilidad directa en 131 ejecuciones extrajudiciales que se presentaron entre los años 2002 y 2003 en el departamento de Antioquia, cuando fungió como comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

Pese a que en septiembre de 2022, el general rindió su versión durante tres sesiones ante la JEP, asegurando que nunca tuvo conocimiento del hecho que las bajas que le reportaban en combate sus subalternos, léase comandantes de batallón, división y tropa, eran en realidad civiles ajenos al combate quienes habían sido secuestrados y asesinados para presentarlos como integrantes de grupos subversivos, las pruebas demuestran todo lo contrario.

Una avalancha de testimonios de militares demuestran que el general Montoya no solamente sabía de estas irregularidades sino que fue el motivador número uno para la presentación de bajas “a como fuera lugar”. Los que mostraran cifras recibían felicitaciones, permisos, anotaciones positivas en su hoja de vida y eran tenidos para ascensos; los que no, debían enfrentarse a los insultos, humillaciones y burlas del oficial, que montó, desde su llegada a la División, un escalafón de premios.

En contra del oficial existen, desde hace más de cinco años, cerca de 60 testimonios de subalternos que detallan la forma en cómo les exigía, como si de lo más normal se tratase, litros, chorros, ríos, barriles o ‘carro tancados’ de sangre. Para ejercer las presiones el general Montoya utilizaba el habitual programa de radio y desde muy temprano empezaba a exigir resultados.

El mensaje era claro y reiterado: quería bajas, nada de capturas. Todo esto quedó registrado en los manuscritos que hizo un subalterno suyo frente a todos los mensajes en los que el general alentaba para que le mostraran más y más resultados operacionales en el marco de la política de seguridad de la época y así demostrar que la lucha contra el enemigo se estaba ganando.

Como parte de esa política, el general fijó un número de cuotas para hablar de éxito. “La mejor brigada da 204 bajas”, repetía una y otra vez. Los que cumplieran con este tope recibían felicitaciones y permisos para salir, los que no, literalmente se tendrían que quedar en la selva hasta no cumplir con el número exigido, sufriendo así todo tipo de afectaciones en su psiquis, con poca comida y alejados de su familia. Esto los llevó a buscar civiles inocentes para matarlos y reportarlos como subversivos.

Las presiones empezaron a dar resultados, y para los militares, lo normal, entonces, era presentar estas bajas y recibir permisos, nada más. “No nos negábamos, decíamos, es que son cinco días de licencia, esa es la cruda realidad, ninguno nos negábamos, ¡ninguno! Eso antes decíamos ‘démosle’ ”. En medio de una guerra que cada día se volvía más sin cuartel, el soldado profesional Ely de Jesús López Giraldo recordó que existía una competencia por buscar víctimas y se molestaba cuando “alguien les ganaba”.

En por lo menos 24 programas de radio, el comandante de la cuarta división felicitaba a quienes lograban bajas y cuestionaba a los que presentaban números no tan satisfactorios para él. Desde su posición aseguraba que el Estado estaba gastando millones de dólares en recursos para ganar la guerra, esto en referencia al Plan Patriota, apoyado desde los Estados Unidos. “Hasta la fecha se han hecho 200 bajas. Un total de 3 ‘g’ por día. El país está esperando más resultados por el Ejército”. La frase del general Montoya quedó grabada y consignada en los libros con las transcripciones, resúmenes o notas de los programas radiales que se enviaban a los comandantes de sus respectivos batallones.

La exigencia de “barriles de sangre” no era una frase suelta, Montoya rechazaba violentamente la presentación de capturas, heridos en combate o incautaciones, eso no le servía. “A mí no me entreguen maricadas, ni desmovilizados, ni entregados, ni heridos, ni mierda. Yo quiero ver es sangre”, le narró en abril de 2021 a la JEP el cabo tercero César Andrés Daza, quien hacía parte del Batallón de Artillería N.° 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez’, más conocida como el BAJES, la cual se destacó por sus “resultados operacionales”.

En la entrada del BAJES —recordó el sargento viceprimero Carlos Mauricio Roberto Mejía— había un cartel contador de las bajas “que nosotros llevábamos durante todo el año y había una competencia debido a las instrucciones que impartía el general Montoya”. Esto los llevaba a afinar sus sentidos en la búsqueda de personas de la región a las que podía presentar como guerrilleros. Para esto se fueron creando perfiles, lo campesinos del oriente antioqueño o los que se encontraran en un estado de vulnerabilidad, eran los “elegidos” e incluso se asociaron con los paramilitares que delinquían en la región.

“Usted no sabe, de pronto, la forma de mi general Montoya que decía a mí no me traigan problemas, tráiganme soluciones”. Los problemas, entonces, para el oficial eran las “capturas e incautaciones” y las soluciones eran las bajas, como lo reseñó el sargento viceprimero Carlos Mauricio.

Los que no mostraban los resultados esperados por Montoya recibían todo el peso de su ira y venganza. “En el programa, en las tardes, escuchábamos en la radio cuando el comandante del Batallón decía ‘quiero bajas, ¿por qué no hay bajas? Es que no quieren trabajar o tienen pereza. ¿Qué pasa o es que toca relevarlos? Se sentía la presión”, detalló el soldado Francisco Javier Venegas.

Versión que coincide con lo que dijo, en febrero de 2019, el capitán Rubén Blanco Bonilla, la orden era clara: “Si está herido, es una baja en combate”. Visiblemente afectado recordó la vez que reportó que tenía un muerto en combate y dos fusiles y su superior le respondió: “Tiene un muerto y un fusil, busque el dueño del otro fusil. ¿Qué le están diciendo a usted? Busque cómo soluciona ese problema usted con ese fusil que le está sobrando”.

Por su posición, y su ascendente carrera, el general Montoya tenía las facultades para sacar del Ejército a aquel que no mostrara resultados. “ ‘Usted no sirve para nada’, ‘usted solo se está robando el sueldo’, ‘usted como que está comiéndose los víveres”’, les recordaba en los mensajes de radio Montoya a sus subalternos, para sembrar así temor entre las tropas.

Los que sí demostraban bajas, recibían hasta 30 días de permiso, lo que sembraba angustia y ansiedad en los otros batallones que seguían en la selva sin ver ni saber nada de sus familias. “Uno escuchaba en el programa: acaba de salir el pelotón con sus 15 días de permiso y como tenían sus cuatro bajas salieron con 35 días”, recordó el teniente Andrés Mauricio Rosero Bravo.

“Te va a faltar vida”

Tal vez, uno de los capítulos más luctuosos que marcó la puesta en marcha de esta política de seguridad ocurrió el 9 de marzo del 2002, cuando Montoya felicitó por escrito a los integrantes por dar de baja a cinco peligrosos integrantes de la novena cuadrilla de las Farc en el municipio de San Rafael. Con su uniforme salió en los medios de comunicación a dar el reporte de este hecho pese a que, según varios declarantes, sabía que eran civiles ajenos al combate “a pesar de que se trataba de menores de edad, que salían del colegio”.

En los archivos del BAJES, que comandó ese operativo y presentó los resultados, todavía están las felicitaciones firmadas de puño y letra por parte del general Montoya a los once integrantes de la Brigada.

Para el teniente coronel, Julio Alberto Novoa, quien comandaba el tristemente celebraba BAJES, este hecho es la demostración máxima que las bajas eran lo único que importaba. Pese a que el general insistió, 20 años después de los hechos, que eran guerrilleros, la evidencia documental y testimonial dice que no.

Gloria Lucía López, madre de Érika Castañeda, todavía tiene fresco en su memoria cuando fue a recoger el cadáver de su hija y la respuesta que recibió: el comandante de la Brigada IV no había dado la orden y que volviera al otro día, momento para el cual el general Montoya ya había aparecido en todos los medios de comunicación dando la noticia de las bajas.

Cuando el general y sus hombres estaban en el camión para llevarse el cuerpo de Érika y sus cuatro amigos, doña Gloria le soltó una frase que dos décadas después repite como si fuera ayer: “Yo logré llegar antes que él llegara al puente y a una distancia de media cuadra le grite ‘¡Te va a hacer falta vida y a mí me va a sobrar para que me compruebes que mi hija es una guerrillera!’ ”.

El coronel Novoa no dudó en calificar al general Montoya como un “apasionado” por salir en los medios de comunicación y eso aumentó. “Le fascinaba mostrar los resultados operacionales”. En el discutido operativo el coronel, pese a que eran sus hombres, no tuvo voz alguna, fue el general el que presentó todo pese a que bien sabía que eran civiles ajenos.

Esta insistente política llevó a que se presentaran como subversivos abatidos a once niños, cuatro niñas y tres personas en condición de discapacidad. La puesta en práctica de esta política de resultados aumentó la crisis en el oriente antioqueño, rompiendo proyectos de vida, generando miedo, desplazamiento y pobreza. Las mujeres, viudas o los huérfanos, tuvieron que emprender la reconstrucción del tejido social.

La búsqueda de respuestas sobre lo que ocurrió con sus seres queridos motivó una estigmatización y persecución por parte de agentes del Estado. “En ese tiempo decían que todos éramos guerrilleros y todo, y el día que vinimos acá a Santa Ana con el conductor de la ambulancia y todo, nos decían que nosotros éramos guerrilleros y no, nosotros decíamos que éramos campesinos y ya nos fuimos para Granada para el entierro. Y al regresarnos a la finca con mi papá, mi mamá y mis hijos encontramos la casa toda revolcada y en la pared un letrero que decía: ‘Que Dios conceda la victoria al BAJES N.° 4″. El letrero estaba hecho con carbón’”, aclaró una joven de la vereda El Oso, en el corregimiento de Santa Ana, cuyo dos hermanos fueron presentados como bajas en combate a comienzos de enero de 2003.

En el extenso documento, la JEP advierte que los hechos por los que deberá responder el general en retiro no fueron casos aislados; por el contrario, hicieron parte de un patrón de conducta que fue ejecutado a lo largo y ancho del país como parte de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, así como de los mecanismos establecidos para hacer frente a la escalada guerrillera durante las administraciones de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), tal como lo evidencian los diferentes procesos que se han adelantado hasta la fecha por parte del alto tribunal.

“La Sala ha encontrado la recurrencia de este patrón macro criminal en distintos territorios del país entre los años 2002 y 2008. Hemos esclarecido lo que pasó en el Catatumbo en 2007 y 2008; en la jurisdicción del Batallón La Popa; en el sur del Cesar, entre 2002 a 2005; lo que ocurrió en el Casanare entre 2005 y 2008; lo que ocurrió en Dabeiba en un periodo más amplio de tiempo, y ahora lo que ocurrió en el oriente antioqueño en el 2002 y en el 2003.”, advirtió la magistrada Catalina Díaz Gómez, en uno de los apartes de su intervención respecto al centenar de ejecuciones extrajudiciales ejecutadas a instancias del general Mario Montoya Uribe.

Por este caso, no se descarta llamar a declarar a expresidentes de la República, exministros de Defensa y excomandantes de las Fuerzas Militares.