Beneficios judiciales en delitos graves y otros temas clave tras reunión de minJusticia, Fiscalía y Corte Suprema

En las últimas horas, la fiscal Luz Adriana Camargo, recibió en su despacho a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, para hablar de un tema clave que se avecina en la reforma a la justicia que llegará al Congreso el próximo 20 de julio, según el propio Gobierno nacional.

Fuentes consultadas por SEMANA confirmaron que ese tema prioritario que reunió a tres de los representantes más importantes del sector justicia en el país, ha sido la polémica propuesta que presentó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación que será incluida en la reforma a la justicia que prepara el gobierno y se espera llegue al Congreso en la próxima legislatura.

Dicha iniciativa, es entregarle a imputados por delitos graves, beneficios judiciales como preacuerdos y otro tipo de herramientas para que puedan ser condenados con mayor efectividad, reducir los índices de impunidad y descongestionar el sistema penal.

El exministro de Justicia, Néstor Osuna explicó que “lo que está previsto en esas propuestas de reforma es que la fiscalía del caso y el juez de control de garantías puedan llegar a un acuerdo que permita, a partir de la información que suministra una persona capturada, una persona sindicada, a partir de su colaboración con la justicia, por ejemplo, descubrir dónde están los bienes, las rutas, para desmantelar toda la estructura criminal, ofrecerle a esa persona una condena anticipada sin necesidad de ir a juicio y por supuesto una condena que entre el mínimo y el máximo legal que se permite, pues se pueda contener algún beneficio dentro de la ley para esas personas”.

El Gobierno Petro explicó que esa iniciativa, la cual fue debate en el despacho de la fiscal Luz Adriana Camargo en las últimas horas, se transformaría en colaboración con la justicia, beneficios a cambio de colaboración, inmediatez en la imposición de penas y múltiples mecanismos de allanamiento de cargos.

Las reformas a la justicia que prepara el Gobierno nacional, se están creando a partir de una Comisión de Expertos conformada por altos funcionarios, representantes del sector justicia, exfuncionarios, abogados y otros personajes que han llevado varias ideas para combatir la crítica situación por la que atraviesa el sector con un 96% de impunidad y una crisis humanitaria que deja hacinamiento en cárceles del país, URI y estaciones de Policía.

De hecho, la propia ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en medio del reciente nombramiento en esa cartera, explicó que “es un momento complejo, es un momento fuerte (...); creo que la justicia, lo decíamos desde el año pasado con la presentación de la Fiscalía, es del 96 % de impunidad. Creo que ese es un elemento muy grave y muy fuerte, porque cuando un país llega a ese nivel de impunidad, tiene todos los retos por delante. Esto no quiere decir que no se haya hecho lo posible o lo necesario, pero no se ha hecho lo suficiente”.