El hombre que entregó la información sobre el robo de tierras

Diez personas, entre ellas dos miembros del Fondo Ganadero de Córdoba, notarios, particulares y funcionarios para 1997 del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), fueron capturadas para ser escuchadas por la Fiscalía en indagatoria.

 

Los hechos se relacionan con un presunto desplazamiento forzado a campesinos y posterior despojo de tierras que inició desde hace más de 10 años en la región de Tulapas en el Urabá antioqueño. Los funcionarios públicos habrían operado en alianza con los paramilitares.

 

Alrededor de 160 familias han denunciado en reiteradas ocasiones ante la Fiscalía el despojo de al menos 3.000 hectáreas, que hoy están en manos del Fondo Ganadero de Córdoba y que las autoridades, junto a la Unidad de Restitución de Tierras, buscarán devolver a los perjudicados. 

 

¿Pero cómo la Fiscalía llegó hasta el último eslabón de esta cadena de irregularidades? Según fuentes de la entidad, la investigación contó con la colaboración de Benito Osorio Villadiego, exgerente del Fondo Ganadero, procesado por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. Él entró en un proceso de negociación con la Fiscalía y está a punto de ingresar al programa de protección a testigos.

 

En 2005, Osorio se hizo noticia porque quiso promover una iniciativa con la que pretendía darle al entonces jefe paramilitar Salvatore Mancuso el título de ‘salvador’  de Córdoba. 

 

Más adelante y con todo el poder regional derivado del gremio ganadero, el presidente Álvaro Uribe lo nombró como gobernador encargado de dicho departamento. Esto sucedió el 28 de diciembre del 2007. Sin embargo, 20 días más tarde, la desaparecida Revista Cambio publicó un informe que daba cuenta de las muy cercanas relaciones de Osorio con Mancuso. 

El informe mostraba las entradas de Osorio a la cárcel de Itagüí, donde por entonces se encontraba Mancuso. También se revelaron algunas comprometedoras conversaciones entre estos.

El tema desató un escándalo de grandes proporciones y al gobierno de la época no le quedó otra opción que apurar la renuncia de Osorio. Luego de eso, el exgerente del Fondo Ganadero se convirtió en un prófugo de la justicia por cerca de un año.

Verdad Abierta asegura en un extenso artículo que “luego de que una fiscal de la Unidad Antiterrorismo ordenara  su captura en el 2010, Osorio se entregó en marzo del 2011. Sin embargo, un juez ordenó su libertad en noviembre del 2011 por  vencimiento de términos. El proceso continuó y nuevamente fue detenido el 13 de marzo del 2012, cuando Osorio Villadiego se presentó nuevamente ante la justicia y fue recluido en la cárcel Las Mercedes de Córdoba donde permaneció hasta hoy (octubre del 2012) cuando fue liberado luego de que un juez dictara la nulidad de su proceso. Antes de ser excarcelado, Osorio estaba respondiendo por la compra irregular de 132 predios cuando era gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, en los cuales aparece como intermediaria Sor Teresa Gómez”.

 

Esa es precisamente la investigación que hoy tiene a 10 personas detenidas. Durante las capturas del pasado lunes en Medellín y Apartadó (Antioquia), Córdoba y Bogotá, se realizaron allanamientos en los que se encontró material probatorio. Este se suma a la evidencia que se ha recopilado a lo largo de la investigación y que permitirá saber si los vinculados son o no llamados a imputación. Los posibles delitos que afrontarían son desplazamiento forzado, concierto para delinquir, falsedad en documento y lavado de activos.

Entre los capturados están Benito Molina Velarde, accionista mayoritario y miembro de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba; Carlos Sotomayor, gerente de la entidad y los particulares Marco Fidel Furnieles y Guido Vargas. Estos dos últimos eran los encargados de intimidar a las víctimas para lograr el despojo y además amenazaban a los afectados para que no denunciaran a las autoridades sus casos, según fuentes de la Fiscalía.

 

Otros detenidos son el abogado Camilo Esquivia; Orlando Fuentes Hessen, y el notario tercero de Montería, Miguel Puche Yánez, de acuerdo a la información del diario El Meridiano de Córdoba.

 

En una de las viviendas de los notarios, la Policía y la Fiscalía encontraron escrituras públicas, las cuales las autoridades consideran que podrían ser de las propiedades despojadas. En este caso, el rol de los funcionarios habría sido el de facilitar la legalización de las tierras despojadas.    

 

Varias víctimas recuerdan que Guido Vargas les propuso los negocios a nombre de la firma Inversiones Tulapa. Casi todos vendieron por precios irrisorios fijados por los compradores. Hubo casos en los que les pagaron apenas 35.000 pesos por hectárea y otros lograron recibir un poco más: hasta 220.000 pesos por hectárea.

 

Pero hubo casos aberrantes, como el de una familia que vendió su finca por nueve millones de pesos que Salvatore Mancuso pagó con un cheque sin fondos. Jamás recuperaron el dinero. O el de un campesino que vendió a $100.000 cada una de las 200 hectáreas de su finca. Le dieron un anticipo de $10 millones y luego le dijeron que era más pequeña, que la volviera a medir. El campesino prefirió no hacerlo. Nunca le dieron el saldo. Una vez legalizado el despojo, Tulapas se convirtió en la sede del comando de operaciones de las Autodefensas. 

 

Los 10 capturados serán trasladados a Bogotá para ser escuchados por fiscales de la Unidad de Análisis y Contexto. Las detenciones son el primer “gran logro” de la dependencia en Urabá en cuanto al tema de Urabá.