Diez puntos para entender el escándalo de Bermeo y la JEP

Su nombre completo es Carlos Julián Bermeo Casas y nació en Popayán el 24 de febrero de 1974. Inició su carrera universitaria en la Universidad del Cauca y de allí se graduó no solo como abogado, sino también como politólogo. Es especialista en Derechos Humanos y Cultura de Paz y magíster en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Universidad Javeriana. Este perfil precisamente, de acuerdo con el fiscal jefe de Unidad de Investigación y Acusación (UIA), Giovanni Álvarez, fue el que dio pie para contratarlo en la Jurisdicción Especial de Paz. 

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Aunque en sus inicios ejerció de manera independiente, en 2015 Bermeo Casas se lanzó a la alcaldía de Popayán con el respaldo de Opción Ciudadana tal como Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil —capturado con Bermeo— rebautizó en el 2013 al Partido de Integración Nacional (PIN). Se trata de un movimiento que terminó convertido en el escampadero de políticos cuestionados y, en su mayoría, herederos de uno de los mayores escándalos de la política nacional: la parapolítica. El operativo ejecutado por la Fiscalía, sin embargo, se dio mientras Bermeo Casas fungía como fiscal adscrito de la UIA. Aunque, según informó la naciente jurisdicción, este funcionario que fue apartado de su cargo, no llevaba casos específicos y mucho menos tenía injerencia alguna en la decisión sobre Jesús Santrich, sí apoyaba a los fiscales de sala y de tribunal en diferentes comisiones solicitadas desde la magistratura. 

Con “la figura del agente encubierto" la Fiscalía logró descubrir la tramoya. Bermeo y el controvertido exsenador Luis Alberto el Tuerto Gil habrían caído en un entrampamiento. Les tendieron un anzuelo sobre el cual se configuró el delito en el momento en que los sospechosos lo mordieron tal como les ocurrió a ambos capturados cuando departían entre música y copas de coñac en un hotel de Bogotá. Todo indica que para que se consumara el acto fue clave  el rol que jugó el agente que departía con ambos, fue él quien le pasó al fiscal de la JEP por debajo de la mesa un fajo de 40.000 dólares que guardó con rapidez y discreción en el bolsillo de su saco. Estos turbios movimientos que finalmente quedaron en evidencia fueron alertados desde un principio por la agencia federal antidrogras DEA, de Estados Unidos.

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Los gringos participaron en el operativo y la Fiscalía pasó la plata para concretarlo. Según se sabe, la DEA tuvo conocimiento de que los señores Luis Alberto Gil, Carlos Julián Bermeo y Luis Orlando Villamizar junto a otros, impulsaban temas de corrupción en el Estado colombiano. Haciendo lobby con los funcionarios a cargo en las dependencias judiciales respectivas y exigiendo “500.000 dólares”, los acusados ofrecían servicios que permitirían “arreglar” procesos penales y administrativos. De hecho, hay una carta de la entidad norteamericana donde se puso en aviso a la Fiscalía sobre la red de corrupción y sus alcances en asuntos de narcotráfico. Así mismo, el documento indicaría la necesidad de poner en marcha un operativo con agente encubierto, tal como se desarrolló.

Más allá del escándalo, existe un debate jurídico que será determinante a la hora de juzgar el caso de fondo: ¿la pieza clave del operativo fue un agente encubierto o agente provocador? De acuerdo con el fiscal general Néstor Humberto Martínez durante el despliegue judicial en el que cayó Bermeo Casas y el Tuerto Gil participó un agente que entregó la suma de dinero y facilitó la realización del operativo. Según relató, esa maniobra quedó en evidencia por las labores de ese personaje que tuvo como misión conducir una entrega controlada de la plata. En Colombia las operaciones encubiertas tienen 2 modalidades: el agente encubierto (Undercover Agent), quien se encarga de infiltrarse en una organización para recaudar pruebas y el agente provocador o entrampamiento (entrapment) que además puede inducir a otras personas a cometer un delito. Aunque esa segunda modalidad es muy utilizada en los Estados Unidos, en Colombia no está permitida. El entrampamiento está prohibido tanto por el artículo 243 del Código de Procedimiento Penal como también por sentencias de la Corte Constitucional (en especial la C – 176 de 1994 y C – 156 de 2016).

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Hace dos años esa figura se descartó y se dejó constancia de que “está prohibido al agente encubierto sembrar la idea de la comisión del delito en el indiciado o imputado”. Para el alto tribunal “la jurisprudencia constitucional ha sostenido que estos agentes no pueden provocar el delito, y objetivamente no pueden trasgredir límites constitucionales ciertos como, por ejemplo, el derecho a la vida, las prohibiciones de esclavitud, tortura y desaparición forzada”.

Es decir, las operaciones de infiltración realizadas por el sujeto encubierto al ingresar a reuniones en el lugar de trabajo y al domicilio del imputado o indiciado pueden tener injerencia en el derecho a la intimidad, el cual se proyecta en la residencia, en las comunicaciones, en la vida familiar y en el pasado individual e involucran cierta ilegalidad de la intervención del Estado en la vida privada. Para efectos de este caso lo clave será establecer puntualmente la forma en como el agente participó de la comisión de los hechos lo que por ahora todavía no está muy claro. 

Foto: Vanguardia 

La captura del exsenador Luis Alberto Gil y el fiscal de la JEP Carlos Bermeo se concretó el mismo día que el Consejo de Estado negó la demanda de pérdida de investidura que pesaba contra Jesús Santrich y que el Depatamento de Justicia de Estados Unidos descartó entregar las pruebas que tiene contra del exjefe guerrillero acusado de narcotráfico. Pero el endeble vínculo entre estos tres personajes va más allá. De acuerdo con la Fiscalía, los dos capturados en Bogotá estaban recibiendo 500.000 dólares a cambio de incidir en el trámite de extradición” del excomabatiente que este 9 de abril cumple un año en la cárcel mientras se resuelve su situación jurídica.

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Al líder de las extintas Farc lo requiere Estados Unidos por la acusación de haber maquinado un plan para enviar droga a ese país poco después de la firma del acuerdo de paz. Esta última circunstancia hizo que en su proceso de extradición interviniera la jurisdicción de paz (JEP) para evaluar si los supuestos hechos ocurrieron antes o después del pacto. Ahora bien, todavía hay varios interrogantes por resolver en este caso. El primero es cuál era el interés de un exsenador vínculado con el paramilitarismo (el Tuerto Gil) de ayudar a un exguerrillero de las Farc. El otro es conocer detalles del entramado a través del cual el fiscal Carlos Bermeo iba a interferir en el proceso si no tenía relación directa con el caso Santrich en la JEP como dejó en claro la Sala Plena. Así las cosas, ¿quién más esta involucrado? 

No se puede perder de vista, sin embargo, como lo reveló la Vanguardia, que en el 2016 varios miembros de Opción Ciudadana, entre ellos el Tuerto Gil, se reunieron con los exjefes guerrilleros Pablo Catatumbo, Iván Márquez, Romaña y Jesús Santrich. El primer encuentro político de la Farc, tal como se anunció en ese momento. 

De otra parte, el fiscal general Néstor Humberto Martínez señaló que el ente de investigación no cuenta con ninguna evidencia que permita vincular a Jesús Santrich, como individuo, con el tema de Bermeo, Gil y compañía. El fiscal Gabriel Sandoval, encargado del caso contra estos, ha explicado en las audiencias que las grabaciones indican que la red de corrupción estaría dispuesta a mover sus hilos para incidir en el caso de Jesús Santrich y que pedía a cambio dos millones de dólares. Así las cosas, todo indica que para la Fiscalía el escándalo sí tiene relación con el caso Santrich, pero no con el exguerrillero de forma individual y directa.  

La decisión que debe tomar la JEP de extraditar o no Jesús Santrich se estancó una vez se supo que por un error del Ministerio de Justicia, al Departamento de Justicia de Estados Unidos nunca llegó la carta donde se solicitaba el material probatorio que sostiene el caso contra el exjefe guerrillero. El día que caducó el plazo de 40 días hábiles establecidos para recibir respuesta de ese país, Colombia asumió el silencio como una negativa y los magistrados quedaron abocados a decidir con los elementos disponibles. Sin embargo, al cabo de las horas el fiscal Matthew Whitaker que estaba en Bogotá contó en una cena que a su país no había llegado carta alguna. Al mismo tiempo, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, indagó y solo entonces se supo que la carta rogatoria no pasó de Panamá.

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Ahora, tras el escándalo, el fiscal del caso señaló que Bermeo, a cambio de remuneración ofreció incidir en un proceso ante la JEP y dijo –en reunión grabada por un agente encubierto el 1 de marzo de 2019– ya haber influido en servidores públicos para que la carta rogatoria que la jurisdicción envió a Washington no llegara a su destino (tal como ocurrió) y que podía atrasar por tres meses más el proceso. “Usted logró que la carta no llegara a su destino”, señaló el fiscal. Hasta el momento, sin embargo, no hay nada que pruebe que sí interfirió. Por el contrario, varias inconsistencias quedan a la vista.

Si la justicia de paz entregó la carta a la Cancillería, antes de que empezara toda la operación que el ente investigador ubica en diciembre, la gestión de Bermeo Casas no se habría dado precisamente entre los funcionarios de la JEP sino en la Cancillería, el Ministerio de Justicia, o incluso, hasta el servicio de envío 4-72. 

La respuesta al anterior interrogante es: las dos cosas. Luego de un trabajo de seguimiento e infiltración, la Fiscalía General estableció que que el exsenador Luis Alberto Gil y el fiscal Carlos Bermeo –junto con otros tres capturados en otro hotel– integraban una organización dedicada a propiciar la corrupción entre instituciones del Estado colombiano. Pero eso no es todo, renglón seguido, el ente investigador señaló que se contaba con grabaciones en las que se escucha a Bermeo, supuestamente, negociar 120 kilos de cocaína para ser entregados en Roma, en una discoteca que el fiscal de la JEP habría dicho que era de su propiedad.

En síntesis, el ente investigador acusó de narco al capturado fiscal Bermeo. Pero además el ente acusador endilgó también responsabilidad en ese tema al exsenador Gil. Al respecto el delegado de la Fiscalía señaló que el exsenador autorizó la recepción del dinero a otros miembros de la red y que esa plata tenía relación con el envío de los 120 kilos de coca a la señalada discoteca en Roma, Italia. Además, en el expediente obra una carta de la DEA en la que la agencia de inteligencia del gobierno gringo puso en aviso a la Fiscalía sobre la red de corrupción pero también sus alcances en asuntos de narcotráfico. 

Sin embargo, los abogados de Bermeo, Gil y Villamizar han señalado que es la Fiscalía la que interpreta que estos hablaron de alijos de droga pues en ningún audio se escucha la palabra "cocaína" ni hay ningún asidero para sostener una acusación en ese sentido. 

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La práctica del agente encubierto no ha sido la única que ha generado suspicacias en torno al nuevo escándalo que enreda el caso de Jesús Santrich. El uso de dinero incautado como parte de las logística del operativo del viernes pasado no cayó nada bien. Es decir, tanto la plata que recibió Bermeo Casas y el Tuerto Gil, como el resto de capturados, provenía de un fondo especial de la Fiscalía. De ahí que en los videos se vea al agente encubierto entragando los fajos. Por eso cabe aclarar que fue el mismo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien autorizó la utilización del dinero para la operación. Este movimiento no solo siembra dudas en que haya sido precisamente el agente quien les solicitó a los capturados interferir en el caso del exjefe guerrillero, con lo cual se habría superado la línea roja según la cual el agente encubierto no pude provocar los delitos.

Y es que a pesar que la captura de Bermeo Casas y el Tuerto Gil se dio cuando recibían 40.000 dólares, el resto de la transación se llevó a cabo en otro hotel del norte de la capital. Pero ese monto no corresponde a la cifra final. Según dijo el fiscal del caso durante la audiencia "son audios y videos bastante ilustrativos: es una negociación por 2 millones de dólares y en un momento se menciona que el pago puede llegar a 10 millones”, dijo el vocero del ente investigador. 

 “No acepto rotunda y contundentemente los cargos”, dijo Luis Alberto Gil por video conferencia desde la clínica ante la pregunta de la jueza de si admitía responsabilidad en los cargos que le endilgaba la fiscalía. El fiscal Bermeo de la JEP, a su turno, dijo “no, no acepto”. Y lo propio respondieron los otros tres imputados.

Por su parte, el exfiscal Bermeo justificó ante la Fiscalía que el dinero “eran para comprar un apartamento”. De hecho, durante el operativo, a pesar de que el hombre había sido captado por las cámaras recibiendo los 40.000 dólares en efectivo, en el momento que los agentes le notificaron su captura cuando salía del baño, no tenía nada. Para sorpresa de las autoridades, adentro del lugar se había llevado a cabo la transacción con su esposa quien guardaba el fajo en una mochila, razón por la cual también fue detenida y ahora también espera su proceso en los estrados judiciales.

De acuerdo con el ente investigador desde diciembre de 2018 y hasta marzo 1 de 2019 los implicados se concertaron para cometer delitos contra la administración de justicia y para el tráfico de estupefacientes. Uno de ellos, habría sido atravesarse en el proceso de extradición de Jesús Santrich. Si bien Bermeo Casas en la evidencia advierte que logró enredar el envío de la carta solicitando las pruenas a Estados Unidos, hay algo que no encaja.

La Jurisdicción Especial de Paz hizo pública la solicitud el 25 de octubre. Ese día a través de un comunicado, la Sección de Revisión le solicitó al fiscal Néstor Humberto Martínez que en un término de cinco días, "aporte de manera legal los aludidos audios originales o, en su defecto, la copia espejo" de los insumos que hay del caso y de paso le pidió a la Cancillería pida las pruebas que tiene Estados Unidos contra el exjefe guerrillero. Para la fecha que fija la Fiscalía, el documento ya se encontraba en la Cancillería que tardo más de un mes en remitirlo al Ministerio de Justicia que optó por enviar por correro certificado 4-72. Así las cosas, no queda claro como Bermeo Casas captó un secretario de la JEP, sino que más bien daría la impresión de que si realmente fue el responsable de obstaculizar la carta lo habría hecho metiendo la mano en el gobierno, un alcance poco probable tratándose de un funcionario de bajo nivel.  

La nueva tormenta que rodea el proceso de Jesús Santrich llegó cuando el presidente Iván Duque analizaba la posibilidad de objetar la ley estatutaria de la JEP, como lo reclamaba con vehemencia su partido el Centro Democrático. Allí el senador Álvaro Uribe, en primera línea, aseguró que no basta con objetar, sino que habría que acabar con la justicia de paz. De esta forma, la mancha que le cayó a la Jurisdicción Especial de Paz por cuenta de la captura de uno de sus funcionarios que se pavoneaba argumentando que podía meterle mano a procesos penales y administrativos, llenó de motivos a los detractores del acuerdo que encontraron una trinchera para acomodarse. 

A pesar que todavía no está claro si Bermeo Casas tuvo o no alguna injerencia en el envío de la carta o si existe dentro de la JEP un entramado que permita complir con la oferta que hacía el exfiscal cuando cobraba los 500.000 dólares, lo cierto es que el escandaló les llegó como anillo al dedo a quienes piden echar para atrás la norma que reglamenta la naciente justicia transicional. “Estos hechos bochornosos que se denuncian en la JEP puede que cambien la ecuación política. Lo que hace pocos días parecía que no tenía condiciones para ser derogado uno no sabe hasta dónde estos hechos bochornosos, previsibles por el origen de la JEP, lleguen a decirle a los políticos y nuevamente a la opinión pública: hay que derogarla”, justificó el expresidente. 

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En esa orilla también están congresistas, académicos, exmagistrados y empresarios, entre los que se encuentran Hernando Yepes Arcila, exconstituyente; Samuel Hoyos, exrepresentante; José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan y Luis Camilo Osorio, ex fiscal general.“Consideramos que en el proceso de sanción presidencial al proyecto de la ley estatutaria para la administración de justicia en la JEP resultaría relevante un análisis a los criterios con base en los cuales se definen la procedencia del otorgamiento de las amnistías e indultos, así como a las formas de verificación de los presupuestos de concesión de estas”, explican en la carta, que cuenta con 36 firmas.

Esas voces calaron. El pasado domingo el Presidente de la República anunció la objeción a seis artículos de la ley estatutaria de la JEP y la formulación de al menos tres reformas constitucionales para rediseñar la JEP en otros aspectos sobre los que el uribismo ha planteado reparos. En suma, deliberada o coincidencialmente, el golpe a Bermeo y compañía fue la antesala al debate en que hoy está enfrasacado el país.