Colonizar para poblar

La Colombia de hoy, con su geografía económica, humana y política, es el resultado de 200 años de múltiples historias, de colonizaciones campesinas, de fundaciones de aldeas y ciudades, de expediciones científicas y sueños de progreso, de conflictos por la tierra y de controles territoriales, unos estatales y otros ilegales. La cartografía nacional contiene todos estos procesos que se siguen entretejiendo en un inacabado proyecto político nacional.

Hacia finales del siglo XVIII empezaron a tomar fuerza diversas reflexiones políticas, económicas y geográficas que tenían como propósito aprovechar la diversidad y riqueza de un virreinato pródigo. Esa perspectiva criolla, que tendría gran fuerza en la República, tuvo al religioso capuchino Joaquín de Finestrad como uno de sus pioneros. En 1789 publicó ‘El vasallo instruido’, uno de los de los más importantes textos en tiempos del ocaso de la monarquía. En este, conjugó geografía y política, dando inicio a una importante tradición de pensamiento que se hizo vital en tiempos de la República. Con un sentido profundamente patriótico, el religioso les expresaba a las autoridades virreinales lo prodigiosa que era la naturaleza neogranadina, que “en su asiento se descubre la fragancia de un campo lleno en que Dios derramó las propias liberalidades de su bendición para que con lluvia tan del cielo se logre la fertilidad de la tierra y la abundancia menesterosa de todo lo necesario a la salud humana y no se vea precisado a mendigarlo de otros reinos y de naciones extranjeras.”

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El Capuchino exaltaba las ventajas de estas tierras al estar ubicadas en lo que se llamaba en esa época la zona tórrida que “le comunica sus mayores influencias logrando tener todo el año verdes los montes, vistosos los campos, pobladas las huertas, hermosos los valles, floridos los prados, deliciosos los bosques y cargados de frutos los árboles.” Lo que destacó en sus escritos fueron las ventajas que se derivaban de una posición astronómica y de unas extensas cordilleras que hacían posible los más variados climas, así como unos paisajes agrícolas y naturales que le ofrecían a sus habitantes cosechas permanentes y abundantes. Este era sencillamente el preámbulo para llevar a cabo ambiciosos planes territoriales que tenían por objeto promover la agricultura y frenar la minería, que según él empobrecía los pueblos.

La conciencia geográfica y los patriotismos derivados de ella fueron compartidos por unas élites que participaron activamente en la Independencia. La Expedición Botánica y la visita de Humboldt fueron dos importantes referentes que alimentaron el interés por la geografía. La frase del científico alemán que dice que todo buen político debía, ante todo, conocer el territorio que debía administrar, se convirtió en el más importante principio de los aspirantes al poder. El siglo XIX fue, por lo tanto, un periodo en el desarrollo de una geografía con claros propósitos nacionales.

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Y fue éste quizás el gran propósito de la Comisión Corográfica que promovió el presidente Tomás Cipriano de Mosquera y que encabezó el coronel Agustín Codazzi. Ésta fue una de las empresas intelectuales más importantes del siglo XIX,de la que quedaron mapas, láminas con imágenes de los habitantes del territorio y libros con las descripciones físicas del la tierra colombiana.

Los políticos del siglo XIX, en sintonía con los letrados de finales del siglo XVIII, consideraban que el territorio se encontraba despoblado en su mayor parte. Extensos bosques y valles con escasa presencia humana los llevaban a pensar en proyectos para colonizar las tierras. De Finestrad, al igual que lo pensadores del siglo XIX, consideraba que la manera más eficaz de promover la colonización del territorio era facilitándo el acceso a la tierra a las familias campesinas. La idea era promover un paisaje rural en el que predominaran pequeños propietarios con la capacidad de generar riqueza.

Los planes de poblamiento del territorio nacional le otorgaron un papel importante a la construcción de caminos. El objetivo no solo era propiciar los intercambios comerciales y el desarrollo de un mercado interno, sino también generar unos poblamientos de aldeas ‘lineales‘. Es decir, caminos que atravesaran extensas selvas debían tener un número determinado de aldeas distribuidas en su trayecto, con la función de asistir a los viajeros al final de cada jornada. Este tipo de poblamientos dio origen a diversas territorialidades blanco-mestizas, en especial en los valles interandinos, la Amazonía y la Orinoquía.

En el Magdalena medio santandereano, por ejemplo, las poblaciones de Puerto Parra, Cimitarra, Landázuri, La Paz, Barrancabermeja, San Vicente del Chucurí, entre otras, surgieron de este tipo de plan territorial. En la Amazonía, las poblaciones de Calamar, Puerto Rico, San Vicente del Caguan y Florencia resultaron de estrategias de comunicación similares por parte de los negociantes del caucho. Hacia la Orinoquía y el Catatumbo también se trazaron planes viales y se promovió su poblamiento. En un comienzo, fueron colonizaciones dirigidas por el estado o por empresarios en su afán de extraer riquezas forestales o conectar zonas de producción con espacios de consumo.

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También se desarrollaron otro tipo de poblamientos. La colonización del occidente colombiano fue, sin duda, una de las más significativas de todas que se adelantaron en el país, debido a su extensión y el impacto que tuvo en el desarrollo económico. J.J.Parsons, uno de los geógrafos clásicos y emblemáticos en el estudio de las colonizaciones antioqueñas, trazó el movimiento espontáneo de colonos a los valles altos de Sonsón, y también hacia Abejorral y la fundación de Aguadas en 1814. Luego, vino la fundación de Manizales y Santa Rosa. La etapa final parece corresponder a la fundación de Pereira y la colonización del ondulado altiplano del Quindío en las últimas décadas del siglo, en gran parte motivada por las leyendas sobre guacas, como la del tesoro de Pipintá.

Por otra parte, fue importante la fiebre del caucho que se propagó hacia 1872, de donde luego devinieron en ocupaciones permanentes. Parece ser que el factor de la guaquería y las prácticas extractivas del caucho favorecieron ciertas tendencias latifundistas, siendo el municipio de Montenegro el mejor ejemplo.

El límite de la colonización antioqueña, pero también de otras en esta parte del país, como la cundi-boyacense o tolimense, estuvo precisamente en las fundación antioqueñas de poblados de Anaime y Cajamarca, precisamente en este último departamento.

Otras colonizaciones antioqueñas se desarrollaron hacia el golfo de Urabá. En este proceso también tuvo lugar la concesión de tierras entre Frontino y el río Atrato, pero parece que con mejores resultados para el concesionario que explotó las maderas que fueron exportadas a Estados Unidos.

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La agricultura comercial o de exportación se empezó a desarrollar hacia 1869 con una ordenanza de la Asamblea Departamental que a través de una política de exenciones fiscales se propuso incentivar las plantaciones de cacao, índigo y morena. Años más tarde, las exenciones eran también para el café y otros productos. Así se configuró un paisaje agrícola antioqueño que le sumo a los cultivos propios de la región otros de gran importancia: hortalizas, caña de azúcar, plátanos, cacao, índigo, vainilla, anís en granos, arroz, tabaco, algodón, Cabuya (fique), además de los pastos destinados a la sericultura y la ganadería. De todos modos, ,el café configuró mayoritariamente el paisaje agrícola antioqueño en el siglo XX.

Otras colonizaciones se proyectaron hacia el bajo Sinú y Ayapel, las cuales se pensaron como zonas importantes para el desarrollo de la ganadería. La población paisa, de acuerdo con los datos censales a partir de 1828, se duplicó cada 28 años, y hacia 1934 correspondía al 26.4 por ciento de los habitantes de Colombia. Las colonizaciones que se adelantaron en el siglo XIX no estuvieron exentas de conflictos. Los campesinos marcharon hacia las tierras baldías con el objetivo de desbrozar y crear una unidad agraria familiar. Este proceso fue acompañado por el Estado, que promulgó una legislación que amparaba los intereses de los colonos. La ley 61 de 1874 estipuló en su artículo primero que todo individuo que ocupara terrenos incultos pertenecientes a la nación, a los cuales no se les haya dado aplicación especial por la ley, y establezca en ellos habitación y labranza, adquiere derecho de propiedad sobre el terreno que cultive, cualquiera que sea su extensión.

El campesinado colonizador, a pesar del respaldo legal, tuvo que defender sus intereses frente a las aspiraciones de individuos que habían obtenido grandes concesiones territoriales, como fue el caso de los colonos en el Quindío, quienes defendieron sus derechos ante las pretensiones de los agentes de la concesión Burila. Lo mismo sucedió con la concesión Aranzazu, en la que el gobierno también intervino en favor de las nuevas poblaciones y colonos. No obstante, la tensión entre campesinos colonizadores y hacendados no siempre se resolvió en favor de los primeros. La titulación de las tierras le demandaba a los campesinos conocimiento y dinero que no tenían. De ahí que a las clases medias y altas del sector rural la titulación de tierras se les facilitara, entre otras razones, por sus conexiones políticas. Esto se vio claramente expresado en los memoriales o cartas que los campesinos le enviaron al gobierno central. Estos documentos le han permitido a los historiadores tener un mayor conocimiento de las vicisitudes de la colonización y del desarrollo del mundo rural colombiano. A pesar de todo, muchos campesinos independientes que se habían hecho de un terreno a partir de su propio esfuerzo se convirtieron en arrendatarios y jornaleros en aquellas zonas estratégicas por su ubicación y facilidades para el desarrollo de la agricultura comercial.

En el siglo XX esta tendencia se profundiza y paulatinamente la balanza se inclina a favor de los hacendados como se puede constatar con las leyes posteriores a la de 1874. El desarrollo del capitalismo en el país y su urbanización le planteó nuevos retos al sector rural colombiano. Había que producir alimentos para los crecientes habitantes de ciudades. La emergencia económica de 1928 reveló esa tensión entre los requerimientos urbanos y las respuestas limitadas del sector rural y cuya solución fue la de permitir la libre importación de alimentos. La escasez de mano de obra en el campo fue uno de los factores que más contribuyeron a las tensiones agrarias.

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Con la llegada del liberalismo al poder en 1930 el tema agrario pasó al primer plano de la agenda del partido Liberal. En el gobierno de Alfonso López Pumarejo se promulgó la Ley 200 de Tierras. Aunque los resultados son controvertibles, el estado trató de institucionalizar el conflicto agrario. La parcelación fue uno de los mecanismos que más contribuyó a la distensión de los conflictos, pero esto se logró después de intensas movilizaciones campesinas cuyos epicentros más importantes fueron los municipios de Chaparral, Marquetalia, Villarrica, Icononzo y Cunday y el municipio del Líbano.

La Violencia de mediados del siglo XX, entre liberales y conservadores, condujo a desplazamientos de campesinos que encontraron en las tierras de los Llanos Orientales, Putumayo y Caquetá lugares para rehacer sus vidas, hasta la llegada de grupos armados que, a su vez, siguen generando nuevos desplazamientos, esta vez hacia las ciudades. Los campesinos asumen el desafío del desplazamiento tratando de insertarse en una esquiva vida urbana en ciudades como Medellín, Montería, Cartagena, Bogotá, Cúcuta, Popayán y Cali. Los conflictos políticos han sido, en los 200 años de historia republicana, los factores más decisivos en la reconfiguración permanente del paisaje rural colombiano.

En tiempos de bicentenario, qué importante son los balances históricos. Las noticias nos llenan de desesperanza, pero es importante tener la ilusión y la decisión de avanzar en el desarrollo de una Colombia rural pacífica, equitativa y sostenible.

*Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana