Instituciones, la gran herencia de la Indpendencia

El historiador Armando Martínez Garnica señala que el principal legado de la experiencia republicana, inaugurada con la independencia de 1819 y con la constitución de 1821, fue la “tradición constitucional” transmitida a las jóvenes repúblicas de Ecuador, Venezuela y Nueva Granada. Gracias al republicanismo constitucional se hizo virtualmente imposible cualquier iniciativa de monarquía constitucional como lo propondría San Martín para las naciones del sur del continente o como se experimentó, sin mucho éxito, en México y se consolidó en Brasil, durante el siglo XIX.

Como república constitucional, Colombia adoptó la idea revolucionaria (francesa y estadounidense) de la autoridad superior de una norma o conjunto de normas que rigen las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, lo que se expresa en el proyecto constitucionalista presentado en Ocaña en 1828: “la nación colombiana es la reunión de todos los colombianos bajo un mismo pacto político”. Siguiendo las ideas revolucionarias, reconocieron que la autoridad de la constitución procedía de la voluntad popular, quien se guarda el derecho de cambiarla.

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Conforme con el principio de la soberanía popular, desde 1819 hemos contado con al menos 8 constituciones diferentes, sin contar las diferentes Normas rectoras de los Estados Soberanos o Provincias, y muchas reformas constitucionales más. La reforma a la constitución se ha visto como el punto de llegada de la guerra, en donde el bando vencedor desarrolla su programa político, como es el caso de la constitución de Cúcuta de 1821, posterior a los logros militares de 1819. Sin embargo, paradójicamente, las reformas se han vuelto contra los vencedores, como le paso al caudillo bolivarianista Tomás Ciprinao de Mosquera (predecesor del conservatismo), que convocó a convención (realizada en Río Negro) para reformar la constitución de 1858 y se le terminó imponiendo una constitución esencialmente liberal o radical en los términos de la época.

Ciudadanía

La transformación política que comenzó con la independencia reemplazó a las instituciones políticas y a quienes las constituyen. Con la traducción de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, realizada por el prócer Antonio Nariño en 1793, los habitantes de la Nueva Granada comenzaron a buscar otro estatuto, otra identidad, diferente a la de vasallo del rey. El concepto de ciudadanía adoptado por las primeras constituciones, si bien tiene su origen en la Revolución Francesa y en la Constitución de los Estados Unidos, se adaptó de la Constitución de Cádiz de 1812 que se basaba en la idea de vecino, habitante libre que contribuía al cabildo, tenía “casa poblada” y no dependía de nadie. Para María Teresa Uribe, durante el siglo XIX, los ciudadanos-vecinos se constituían a partir de una comunidad política liderada por las Juntas de Vecinos Notables, quienes se encargaban de seleccionar y empadronar a los electores de los diferentes cargos públicos, lo que produjo una ciudadanía localista y comunitarista, alejada del ideal ilustrado de individuos autónomos e independientes.

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Por otra parte, como señala el Anibal Quijano, la ciudadanía se produjo al interior de la “experiencia colonial”, en donde se reprodujeron jerarquías ciudadanías de primera, segunda y tercera categoría. Desde 1810, la constitución de Cundinamarca reconoció la igualdad de los hombres libres lo que dejaba a criollos, mestizos e indígenas en pie de igualdad, pero excluía a mujeres y esclavos de los privilegios de la ciudadanía. Los esclavos debieron esperar hasta 1851 para dejar de serlo y comenzar su camino por la ciudadanía. Las mujeres debieron esperar hasta el siglo XX para gozar de la mayoría de derechos propios de un ciudadano pleno. Después de un comienzo muy incluyente, durante las guerras de independencia, con el trascurso del siglo XIX se restringió el concepto de ciudadano. La constitución de 1843 exigía como requisitos para el reconocimiento de la ciudadanía la mayoría de edad (21 años), un patrimonio mínimo de 300 pesos libres, contribuir de manera directa al fisco y saber leer y escribir. Esta restricción de la ciudadanía respondió en gran medida al miedo a la pardocracía o gobierno de sectores subalternos, incivilizados. La Regeneración intentó, con la constitución de 1886, refundar el Estado colombiano reemplazando la soberanía popular por la autoridad de Dios, a través de un gobierno autoritario y una ciudadanía una vez más restringida y basada en la doctrina católica. Con la emergencia de la cuestión social, en medio de la violencia política del siglo XX, se hizo necesaria una nueva síntesis de la ciudadanía, como la base de la participación en lo público, en la política y en el Estado de sectores históricamente marginados como los indígenas, los afrodescendientes, la izquierda, etc. que se manifestó en la constitución de 1991.

Educar a los ciudadanos

Para la naciente República se hacía necesario formar a los ciudadanos a través de la instrucción (educación) y por ese motivo se hicieron necesarias las instituciones educativas públicas como los colegios provinciales o las escuelas de primeras letras, para permitir que los hombres de la época pudieran atender los diferentes cargos de la República. De esta forma, la política, la búsqueda del bien público, hizo necesaria la educación. El reconocimiento de la educación pública fue reafirmado en el Estado de la Nueva Granada por el presidente Santander a través del Plan de Enseñanza e Instrucción Pública de 1833. A mediados del siglo XIX se implementan diversas estrategias para la ampliación de la instrucción pública como el método lancasteriano de enseñanza (en donde los estudiantes de cursos avanzados instruyen a los estudiantes de cursos inferiores), la creación de las Escuelas Normales. En 1867, Los Estado Unidos de Colombia fundan la Universidad Nacional como eje de la educación superior, con las carreras de jurisprudencia, medicina, ciencias naturales, literatura y filosofía, ingeniería, artes y oficios.

La idea de instrucción pública como base de la vida política republicana se fue diluyendo con el tiempo, aunque la necesidad de proveer educación pública ha sido reconocida a lo largo de la vida de la República, conforme con esta idea la constitución de 1886 reconoció la gratuidad de la educación pública y en 1991 se reconoció como un derecho. De forma recurrente, diferentes misiones de evaluación de la educación colombiana y diferentes gobiernos nacionales han reconocido que los dos problemas fundamentales son la cobertura y la calidad. Aunque el primer problema parece que se ha superado el segundo continúa como una de las peores lacras de nuestra sociedad.

En gran medida la instrucción de los ciudadanos osciló entre la educación secular y la religiosa. La iglesia católica hizo parte fundamental del Estado colonial sirviendo de mediador entre el Estado y las sociedades indígenas, españolas y mestizas. El estado republicano heredó cierta dependencia de la Iglesia para sostener el orden social y político, sin embargo las tensiones entre estas dos instituciones harían parte de la inestabilidad colombiana durante dos siglos. Las leyes de manos muertas afectaron el patrimonio de la Iglesia y sirvieron de detonante de la primera guerra civil colombiana, la Guerra de los Supremos (1839-1842). Uno de las funciones fundamentales de la Iglesia en Colombia fue el de educar, instruir o civilizar a los pueblos, y cuando se le disputó ese papel se produjo otro de los grandes conflictos civiles del siglo XIX, la “guerra contra las escuelas” que no se pudo resolver y escaló hasta terminar en la guerra civil de 1876, de donde saldrían debilitados los sectores radicales y sirvió de base para conformar el proyecto Regenerador conservador de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro.

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A pesar de los conflictos con gobiernos modernistas, la Iglesia ha hecho parte del Estado y lo ha representado en gran parte de la geografía nacional a través de las misiones religiosas y de las parroquias. La evangelización católica ha producido ciudadanos, y así lo ha reconocido el Estado y ha intentado controlarla antes que separarse de esta, a través de mecanismos como el patronato instituido desde 1824. Por su parte los sectores políticos abiertamente aliados al clero católico y defensores de un proyecto político basado en la cultura cristiana adoptaron otra forma de relaciones con la Iglesia a partir de los concordatos firmados entre el presidente de la República y el Papa en 1887 y 1973. Si bien es cierto la secularización se ha ampliado y la iglesia católica ha perdido terreno político, su protagonismo continúa siendo un factor importante de la sociabilidad y la política como ha quedado demostrado con su participación en el Acuerdo de Paz entre las guerrillas de las FARC y el Estado colombiano.

La guerra de independencia dio a luz a la República de Colombia en 1819 y en sus campañas se forjaron los primeros ciudadanos de la nación, ciudadanos-soldados con voto, cuya virtud cívica consistiría en la defensa de la independencia. Los ejércitos que acometieron la campaña liderada por Bolívar estaban constituidos por guerrillas patriotas, granadinas, venezolanas y de voluntarios europeos, supervivientes de las guerras civiles de las Primeras Repúblicas y de la Reconquista. Para el historiador David Bushnell, los grupos dominantes que circunscribieron las constituciones de 1832 y 1848 no veían la necesidad de mantener un ejército fuerte para mantener el control del País. Sin embargo la política colombiana del siglo XIX se continuó a través de la guerra por caudillos al mando de ejércitos locales y partidistas y del Ejército Nacional controlado por el gobierno de turno. La escalada de la conflictividad bélica tuvo uno de sus puntos críticos en la Guerra de los Mil Días (1899-1902). Posteriormente, el presidente Rafaél Reyes reformó (1907) a las fuerzas armadas con miras a superar la subordinación de estas al bipartidismo. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, las Fuerzas Armadas han hecho parte del Conflicto Interno, de forma legítima como instrumento de fuerza del Estado, pero también asociadas intereses particulares, políticos, económicos o criminales.

Bipartidismo

La historia de las instituciones del Estado en Colombia no agota la historia política del país. Para muchos especialistas el núcleo de la historia política se encuentra en el bipartidismo. Para el investigador Fernán Gonzalez en Colombia no se habría construido una comunidad imaginada en torno al Estado, sino dos comunidades imaginadas alrededor de los partidos Liberal y Conservador que se excluyen mutuamente. Los jefes locales, los caudillos regionales, se asociaran a partir de los líderes políticos de escala nacional que garantizan el acceso al Estado y sus recursos. La búsqueda de la hegemonía de cada partido en la política a nivel local y nacional conduciría a la exacerbación del conflicto que conocemos como la Violencia, a mediados del siglo XX y a la emergencia de los sectores populares de forma independiente al bipartidismo. La solución política del Frente Nacional y la emergencia de los nuevos sectores sociales comenzó un proceso de cambio político en Colombia, dentro de un contexto más amplio que sería el de la guerra fría, y que produciría una crisis importante del bipartidismo, posterior a la constitución de 1991.

*Historiador