Estos son algunos de los bienes que hablan de la fortuna de las Farc

El santo grial en el que se convirtieron los bienes ilícitos de las Farc ha sido uno de los tesoros más difíciles de rastrear y el tema que más ampollas levantó en La Habana. El secretismo gravitó por meses en la mesa de diálogo. Mientras los voceros de la organización se afincaron en la idea de que "la guerrilla no tiene dinero", los cálculos de las autoridades estiman en billones de pesos los montos que acumuló la economía de guerra y que se viene desarticulando gota a gota.

Cerca de 3.389 propiedades ha intervenido la Fiscalía desde que empezó la cruzada para desarticular el músculo financiero del grupo armado. Menudos golpes con los que se les arrebató más de 1,1 billones de pesos. “Estamos hablando de miles de inmuebles urbanos, rurales y automotores. Dinero de ganado, empresas, establecimientos de comercio que ahora se someterán a un proceso de extinción de dominio masivo. Estamos hablando de billones de pesos", detalló el fiscal Néstor Humberto Martínez en entrevista con Caracol Noticias.

Desde antes de que el Gobierno y las Farc conquistaran un acuerdo final el ente investigador tenía bajo la lupa las finanzas de la guerrilla. Por eso fue que antes de que caducaran los 180 días que se pactaron para la dejación de armas, el fiscal armó un equipo de 300 miembros del CTI,  la Policía y del Ejército, para que analizaran cinco millones de archivo donde estarían consignados los activos.

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Esta semana los delegados alcanzaron su cometido: "por primera vez el Estado tiene el inventario de los bienes de las Farc y el listado de testaferros. Tenemos los nombres propios, con cédulas de quienes son los tenedores de los activos ilícitos”, dijo Néstor Humberto Martínez.

Los insumos que alcanzan teras y teras de información fueron conseguidos durante los golpes que dio la fuerza pública a la guerrilla antes del proceso de paz. Allí se les incautó cerca de 25 computadores y ipads que la fecha han permitido nutrir el inventario que traía el ente investigador y que contrastará con el que entregue la guerrilla el 1 de agosto.

En 2009, por ejemplo, tras una interceptaciones de correos entre los jefes guerrilleros Carlos Antonio Lozada y Mauricio Jaramillo, se conocieron datos concretos sobre el Bloque Oriental, el más rico de esa guerrilla. De las conversaciones se dedujo que tiene un capital de 60.000 millones de pesos.

Esa es la prueba de fuego que encararán las Farc durante su tránsito a la vida civil. ¿La razón?, ahora que la Fiscalía tiene su propio listado de bienes, la guerrilla corre el riesgo de que las cifras entre uno y otro informe no coincidan. Si algo así llega a ocurrir, y se demuestra que mienten, pueden perder los beneficios del acuerdo.

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Hace menos de tres meses la Fiscalía congeló bienes con fines de extinción de dominio por un valor cercano a los 282.000 millones de pesos en cinco departamentos. En Guainía se identificaron seis inmuebles rurales y cuatro sociedades avaluados en 6.000 millones dedicadas a la explotación ilegal de Tungsteno y Coltán en Vichada.

Según la investigación, esta actividad ilegal era legalizada a través de un título minero ubicado en Cumaribo (Vichada), cuando en realidad el Tungsteno y el Coltán eran extraídos desde una mina llamada Cerro Tigre ubicada en el parque natural de Puinawai. Así fue como exportaron más de 350 toneladas de los minerales, avaluados en cinco millones de dólares en un periodo de tres años.

Cerca de 260.000 hectáreas de predios rurales ubicados en los municipios de Simití, Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo (Sur de Bolívar), fueron aprovechados históricamente por el Frente 24 de las Farc, "a través de la usurpación de la posesión de sus moradores y que fueron utilizados posteriormente para cultivos ilícitos". Durante el operativo, la Agencia Nacional de Tierras recuperó cuatro predios baldíos avaluados en 260.000 millones de pesos.

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Con ayuda de la Superintendencia de Notariado y Registro, la Dirección de Extinción de Dominio ubicó unas zonas de reserva natural en La Uribe y Mesetas (Meta) que, al parecer, estaban a nombre de testaferros del Frente 40 Jaime Rodríguez. Cerca de 11 predios urbanos y rurales, 13 vehículos y una sociedad por un valor de 4.000 millones de pesos se recuperaron en la diligencia.

Pero las pistas que viene siguiendo la Fiscalía se remontan mucho más atrás. En uno de los últimos informes que expidió la Dirección Nacional de Análisis y Contexto con corte a 2015, se informa que poco más de 40 propiedades han sido cobijadas con medida cautelar de embargo y secuestro. Es decir, son más de 10.500 hectáreas ubicadas en Tolima, Cundinamarca, Caquetá, Antioquia, Nariño y Boyacá las que han retornado a manos d elas autoridades.

Muchos de los bienes que aparecen en el informe han sido ofrecidos por postulados de la guerrilla a Justicia y Paz, como Ely Mejia Mendoza, alias Martín Sombra; Mauricio Rangel Cifuentes, Alias Pedro Escalera y otros casos que desde hace varios años vienen rastreando las autoridades.

En las doce páginas del informe aparecen apartamentos, fincas, parqueaderos, casas y terrenos. Entre otras cosas, aparece el caso de la Caquetania I. Se trata de una de las fincas más famosas de los Llanos del Yarí y que en los expedientes judiciales reposa como una de las grandes propiedades de Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo.

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La finca está ubicada en el municipio de San Vicente del Caguán, (Caquetá) y tiene una extensión aproximada de 1.545 hectáreas. Aunque como propietario inscrito aparece la señora María Nancy Hinestroza, y diferentes versiones entregadas ante los jueces de Justicia y Paz apuntan a que pertenecen a las Farc. El valor estimativo comercial del bien está entre los 772.500 millones de pesos y los 3.090 millones aproximadamente.

Este caso incluso recuerda el que desde hace unas semanas la Fiscalía intenta probar: ¿a través de las empresas Andina de Carnes, y Carnes y Derivados de Occidente se comercializó de manera ilegal toneladas de carne que provenían de Meta y Caquetá?. Esta línea de investigación comenzó en el año 2015, cuando el Estado logró recuperar poco más de 280.000 hectáreas de terrenos baldíos que habían sido ocupados de manera ilegal por la guerrilla.

Las tierras son más o menos del tamaño del departamento de Quindío, y están avaluadas en 450.000 millones de pesos. En ellas, según constataron las autoridades, cuando realizaron la diligencia, se venían adelantando prácticas de ganadería extensiva con tecnología de punta.

Además del caso de la Caquetania aparece el de la finca Terranova, en San Vicente del Caguán, con un área de 363 hectáreas y avaluada entre 181.500 y 726.000 millones; Chontillal, con una extensión aproximada de 2.161 hectáreas avaluadas entre 1.019.500.000 y máximo 4.078.000.000 aproximadamente; además de 22 predios en Planadas (Tolima).

En esa misma proporción, se han registrado propiedades en zonas urbanas del país: apartamento en la zona sur de Medellín con un área de 78.08 metros en el que figura como última propietaria inscrita Liliana Morales, pero se informó que ella le hizo un favor a los hermanos Barragán colaboradores de Jhon 40; apartamento en la zona norte de Bogotá con un área construida de 187.70 metros cuadrados de un valor de 447.148 millones y una casa lote ubicado en Fusagasugá con una extensión superficiaria de 1.333 metros cuadrados avaluada en 490.058 millones.

En este caso y el de los predios ubicados en las ciudades de Villavicencio y Bogotá las autoridades informaron que los operativos se hicieron en el marco de una investigación contra bienes de integrantes y colaboradores del Frente 43 de las Farc.

Hace un año se realizó la primera incautación de bienes ilícitos de las FARC en el exterior. Según el ente acusador, en total fueron decomisados cerca de 1.428 millones de pesos en efectivo en una vivienda ubicada en San José de Costa Rica. El millonario hallazgo es producto de la Operación Fénix, realizada en marzo del 2008, en la que fue abatido el jefe guerrillero Raúl Reyes, pues a raíz de esta se solicitó la cooperación internacional para perseguir los activos de las FARC en Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Panamá y Perú.

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Según las propias Farc, cada combatiente cuesta en alimentación y gastos básicos 700.000 pesos al mes. Si esa guerrilla tiene, como calcula el propio Ejército, 8.000 combatientes, esto significa que gastan 5.600 millones al mes, y 67.000 millones al año.

La plata no es un tema menor. Lo que sucederá dentro de dos meses cuando se cruce el inventario que construyó el fiscal y el que entregarán las Farc servirá para contarle al país como fue que se sostuvieron estos 50 años de conflicto, dónde tenían más injerencia y qué sectores permearon. La primer oportunidad que tienen el país para conocer la dimensión de las economías de guerra.