NACIÓN
Bienes de paramilitares desmovilizados valuados en casi medio billón de pesos serán subastados
El director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, dijo que esos bienes están localizados en 24 departamentos.
Los bienes de los paramilitares que se acogieron a Justicia y Paz serán subastados o arrendados, y el producto de esas transacciones servirá para reparar a las víctimas de esas organizaciones armadas ilegales.
Se trata de casi 1.600 bienes que administra el Fondo para la Reparación a las Víctimas, de los que 974 son bienes rurales y 617 urbanos distribuidos en 24 departamentos.
La venta y arriendo de estos bienes está estimada en casi medio billón de pesos, con lo cual se adelantará el proceso de reparación a las víctimas mediante sentencia judicial proferidas por Justicia y Paz.
El director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, dijo que “en el departamento de Antioquia se concentran 706 bienes inmuebles que corresponden al 44 % del total administrados, seguido por Córdoba con 226 inmuebles (14 %), Magdalena con 82 bienes (5 %) y el Huila con 71 (4 %)”.
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Rodríguez también reveló que los ingresos por arrendamiento de los bienes administrados por el Fondo para la Reparación a las Víctimas en 2019 fueron de $3.072.463.038, y de enero a octubre de 2020 ingresaron por este concepto un total de $2.559.069.679.
Estado de los bienes
De acuerdo con el reporte de la Unidad de Víctimas, 542 inmuebles que actualmente administra el Fondo de Reparación cuentan con los siguientes sistemas de administración:
- 374 en arriendo. Consiste en que entre dos personas naturales o jurídicas una se compromete a transferir temporalmente el uso de un mueble o inmueble a una segunda parte que se compromete a su vez a pagar por ese uso un determinado precio.
- 44 en comodato. Es un contrato en el cual una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella. (Art. 2200 Código Civil Colombiano).
- 2 en comodato precario.
- 122 en administración directa por el Fondo para la Reparación a las Víctimas: corresponde a bienes con actividades agrícolas y forestales (BAAF), bienes con puesto de vigilancia y bienes con conserjería.
Entre tanto, los restantes 1.049 presentan dificultades para establecer un sistema de administración, debido a que 15 están bajo amenaza de ruina, 21 tienen difícil acceso, 99 son improductivos, dos tienen malas condiciones topográficas, dos registran minería ilegal, 639 tienen ocupación no autorizada, 55 por orden público, 77 por reserva forestal, 38 por Sociedad de Activos Especiales (SAE), 98 sin oferentes y tres están siendo comercializados por CISA (Central de Inversiones S.A.).
Frente al tema de los ingresos que se perciben por el tema de la monetización de los bienes, ya sea por venta o arriendo, el coordinador del Fondo de Reparación, Miguel Avendaño, señaló que “estos recursos son utilizados netamente para la reparación por vía judicial de las víctimas del conflicto, es decir, esos recursos no se pueden utilizar ni destinar para otro fin”.
“Si bien es cierto que la gran mayoría de los inmuebles acá administrados fueron producto del ofrecimiento de los postulados de Justicia y Paz, algunos otros llegan al fondo por las labores investigativas de la propia Fiscalía y sobre estos es donde mayor inconveniente hay”, explicó.
El funcionario dijo que “para evitar el retorno de los grupos armados a los bienes ofrecidos por los postulados, el Fondo para la Reparación a las Víctimas asigna durante su fase de administración sistemas de vigilancia privada a los predios que permitan generar presencia y que garanticen la información en tiempo real de lo que allí sucede y, así mismo, se realizan constantes inspecciones a los predios administrados por el Fondo, para mantener la información actualizada”.
“Con el objetivo de evitar la pérdida o daño de nuestros bienes, se han venido adelantando diferentes estrategias por parte del Fondo para la Reparación a las Víctimas, entre las cuales resaltan mesas de trabajo con los diferentes actores políticos de las regiones para fortalecer el trabajo mancomunado ante cualquier posible perturbación a la tenencia y posesión de estos inmuebles”, aseguró Avendaño.
Puntualizó diciendo que “además se han fortalecido los canales de comunicación entre el Fondo y la Policía Nacional, el Ejército Nacional e incluso en algunos casos especiales con la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, que son los que han prestado el apoyo debido para hacer presencia en las instalaciones, y en algunos casos más complejos se están estudiando posibilidades de hacer entrega de estos predios en calidad de comodatarios a las Fuerzas Militares”.
