Bienes: la prueba ácida para las Farc

Este martes 15 de agosto, las Farc, ya sin armas, se juegan gran parte de su futuro político. Ese día, cuando formalmente termina el esquema de zonas veredales creado para el cese del fuego y la dejación de armas, ellas le tendrán que entregar a la ONU el listado completo de los bienes que adquirieron durante la guerra. Hace dos semanas suministraron un listado parcial que aún no se ha dado a conocer. Hasta ahora lo que se especula sobre este inventario es que supera el billón de pesos y que incluye: 1. Tierras y ganado. 2. Algunos bienes inmuebles y vehículos. 3. Todo el armamento. 4. Obras públicas como carreteras y puentes. 5. Dinero en efectivo y oro. Se da por descontado que no abarcará empresas, pues las Farc aseguran que no las tienen, ni bienes o cuentas en el exterior.

Cualquiera que sea el monto que entreguen los exguerrilleros, la controversia no se hará esperar, pues se ha especulado mucho sobre su fortuna, que se presume muy alta. Pero nadie lo sabe a ciencia cierta. Mientras diversas fuentes de inteligencia y analistas económicos creen que es exorbitante, hace algunos meses Timochenko mostró las dos mudas de ropa que carga en el morral, para demostrar que los jefes viven en la austeridad.

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El dato más exagerado publicado al respecto salió en la prestigiosa revista The Economist, que tasó en 10.700 millones de dólares la plata de las Farc. La información resultó tan absurda que el funcionario del gobierno que se la dio al semanario británico tuvo que renunciar. El economista Salomón Kalmanovitz, en un ejercicio académico, calculó los ingresos anuales de esa guerrilla, cuando estaba en plena guerra, en 3,6 billones de pesos anuales. En contraste, Iván Márquez ha dicho recientemente que las Farc se pusieron como meta conseguir 240 millones de dólares para hacer una ofensiva hacia la toma del poder, pero no lo lograron.

Muchos de estos cálculos se basan en la realidad incontrovertible de que durante más de 30 años la guerrilla se financió con la extorsión, el narcotráfico y el secuestro, y que dado su control territorial de buena parte del país, ese dinero no era poco. Pero también es cierto que las Farc gastaron muchísimo dinero no solo en sostener su ejército, sino en la guerra misma.

El fiscal Néstor Humberto Martínez dice que tiene identificados más de un billón de pesos en bienes de las Farc en manos de testaferros, y por eso tasa en varios billones el patrimonio ilícito de la guerrilla. Sus datos provienen de los computadores incautados en operaciones militares, y los que han aportado guerrilleros desmovilizados que comparecieron ante los tribunales de Justicia y Paz. Martínez ha convertido esta información en una espada de Damocles para que las Farc entreguen todo para no verse expuestas a la acción de la justicia ordinaria. Es decir que aplicará la extinción de dominio a los bienes que no estén en el listado, y que la justicia demuestre que las Farc los obtuvo con recursos de la guerra, o que estén en manos de testaferros.

Pero esa es apenas una parte de la discusión. La otra es cómo ingresarán esos bienes al fisco y a qué se destinarán. Desde varios flancos han criticado el Decreto 903 del 29 de mayo de 2017, que se refiere a este tema, como se vio esta semana durante las audiencias que hizo la Corte Constitucional para evaluar su exequibilidad.

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¿Qué dice el decreto?

Básicamente el decreto ordena crear un patrimonio autónomo, adscrito a la Presidencia de la República, para que reciba los bienes. Agrega que la administración del fondo estará a cargo de un Consejo Fiduciario, cuya cabeza podrá ser sugerida por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), en la que participan el gobierno y las Farc. Obviamente este último elemento forma parte de la controversia porque indirectamente los exguerrilleros tendrían alguna injerencia en su manejo.

También plantea que la finalidad del fondo será reparar a las víctimas, tal como quedó en el acuerdo final. En el texto se dice que esta reparación se hará tomando en cuenta la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional. Básicamente, se trata de una sentencia de 2006 que, a propósito del proceso de los paramilitares, señala que la reparación a las víctimas tiene como límite garantizar unas condiciones de vida dignas para el imputado. Es decir que quien hizo el daño tampoco puede quedar en la miseria, y puede preservar sus medios de sobrevivencia y trabajo. Esto ha sido interpretado por algunos juristas como que estos bienes también podrán ser usados para la reincorporación de los guerrilleros.

El principal crítico del decreto ha sido el fiscal Martínez Neira, que considera inconstitucionales varios de sus apartes. Su tesis central consiste en que a los bienes que entreguen las Farc hay que aplicarles de todos modos extinción de dominio antes de entrar a cualquier fondo, pues de lo contrario se violaría la Constitución. Además, que el Congreso, y no el gobierno, debe decidir el destino que tendrá este fondo. El gobierno cree, por el contrario, que este es un asunto del que debe ocuparse la ley estatutaria de la justicia especial para la paz (JEP), dado que es un proceso cobijado por la justicia transicional.

Como no es un asunto fácil de resolver, han surgido otras fórmulas creativas como la de usar la figura del “comiso”, una especie de decomiso temporal, o la de crear una nueva norma que permita, de manera excepcional, hacerle un trámite administrativo y no penal a los bienes, dado que los han entregado voluntariamente.

Como es lógico, las Farc se oponen a la extinción de dominio de los bienes inventariados dado que hacen parte de su economía de guerra, que están reportando en cumplimiento de un acuerdo político, y cuya entrega no debe dar pie a procesos penales ordinarios, que es la implicación práctica de la fórmula de Martínez. De hecho, el fiscal argumenta que si el decreto se aplica tal y como está hoy redactado, se configuraría impunidad en varios delitos que no entrarían a la JEP.

La segunda crítica de Martínez tiene que ver con el manejo del fondo, pues rechaza de plano que la CSIVI puede sugerir el nombre del administrador de ese patrimonio autónomo. Esta objeción goza de bastante respaldo en sectores del gobierno. De hecho, en su momento el alto comisionado de paz Sergio Jaramillo lo calificó como una “chambonada”. Se da por sentado que la corte le devuelva esa facultad al Estado, dado que el decreto solo habla de que la CSIVI puede hacer una recomendación, que en todo caso no sería vinculante.

La tercera observación de Martínez tiene que ver con el uso del fondo, y a ella se sumó el procurador Fernando Carrillo. Ambos ven preocupante que además de servir para reparar las víctimas, los bienes se destinen a la reincorporación. El fiscal general considera que por esta vía podría terminar financiando la actividad política de la guerrilla, dado que el partido político y el centro de pensamiento pactados en La Habana forman parte de esa reincorporación. Carrillo, por su parte, considera que eso cambia el espíritu para lo que fue creado el fondo, que es resarcir a las víctimas. El gobierno ha especificado que solo contempla financiar del fondo la reincorporación de los menores de edad, que son al mismo tiempo víctimas del conflicto.

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Toda esta filigrana jurídica tiene, sin embargo, un gran telón político. Si la dejación de armas se ha cumplido con transparencia, está estrictamente verificada, y en general coincide con la información de las Fuerzas Militares al respecto; con los bienes puede pasar todo lo contrario.

Nadie sabe a ciencia cierta cuánta plata tenían las Farc ni lo que realmente gastaban. Ni siquiera ellas mismas lo tienen sistematizado dada su estructura irregular. Más allá de las cifras que tiene el fiscal, no hay elementos de contraste que permitan decir qué tan incompleto puede ser su listado.

También hay muchas zonas grises. A diferencia de los narcotraficantes, que consiguen testaferros para poner los bienes a su nombre, muchas posesiones de las Farc –como la tierra– hicieron parte de su control militar del territorio, más que de una acumulación de riqueza. En muchas de ellas viven campesinos y en algunas sembraban cultivos de los que comían tanto los guerrilleros como las comunidades. También son zonas grises las obras públicas hechas por las Farc. No hay que olvidar que en territorios muy aislados, ellas se comportaban prácticamente como un Estado.

En buena medida habrá que confiar en que las Farc están diciendo la verdad sobre sus bienes y casi nadie está dispuesto a hacerlo. Esa suspicacia del público será un primer fardo con el que deberá cargar el partido que los guerrilleros crearán en menos de un mes. Cualquier resbalón en materia de bienes sería un suicidio político para sus dirigentes. No la tienen nada fácil.