Bienestar Familiar señala no haber sido notificado sobre suspensión de adopciones a ciudadanos holandeses

Este miércoles, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se pronunció mediante un comunicado sobre las irregularidades de los procesos de adopción realizados por familias holandesas en territorio entre 1967 y 1998.

El pronunciamiento de la entidad se da frente al resultado de una investigación adelantada por el gobierno de Holanda en cabeza de Sander Dekker, ministro de Protección Legal de ese país, en el que se señala la existencia de abusos en los procesos que ocurrieron en esos años, entre los que se incluye falsificación de documentos, corrupción con autoridades nacionales y la posibilidad de que las madres biológicas experimentaran cierta presión para renunciar a sus hijos.

El ICBF señaló que a la fecha “no ha recibido el informe con las conclusiones de la citada investigación ni notificación oficial sobre decisiones de la autoridad central holandesa que pudieran derivarse de ellas”, lo que indica que no ha sido informado sobre si el gobierno holandés determinó suspender este tipo de procesos en sus ciudadanos.

De igual manera, la entidad detalló cómo se llevó a cabo la colaboración de la investigación por parte del ICBF durante la visita adelantada por los profesores Georg Frerks y Niels Terpstra, de la Universidad de Utrecht, quienes en enero de 2020 visitaron la institución con el propósito de adelantar el estudio para el gobierno holandés sobre las adopciones entre Colombia y los Países Bajos entre 1967 y 1998.

Según informa la institución, al ICBF se le indicó en su momento que esta investigación buscaba conocer el rol, la responsabilidad y participación del gobierno holandés en los procesos de adopción internacional, concretamente en cuatro países: Colombia, Sri Lanka, Bangladés y Brasil. “La subdirección de Adopciones atendió su solicitud y les proporcionó información clara y contextualizada para responder a sus preguntas”, indicó la entidad.

“Es clave decir que, hasta el momento, el ICBF solo tiene una entidad holandesa acreditada para adelantar los procesos de adopción. En los últimos cinco años, 11 niños, niñas y adolescentes han recibido la adopción y el derecho a tener una familia por parte de ciudadanos holandeses, y cinco más están en proceso de espera de ser adoptados por familias de dicho país”, afirmó Lina Arbeláez, directora del Bienestar Familiar.

Así mismo, la funcionaria indicó que los procesos del ICBF se adelantan de manera rigurosa para garantizar el derecho preponderante de los niños y su interés superior, y que el programa de adopción de Colombia ha sido reconocido internacionalmente como un esquema riguroso que brinda toda la seguridad jurídica a quienes participan en él, así como entornos protectores y seguros para los niños y niñas que están en proceso de adoptabilidad.

En el mismo comunicado, el ICBF aclaró que antes del año 1975 en Colombia los procesos de adopción eran adelantados por los jueces de menores con la intervención de fundaciones de asistencia social y que fue solo con la Ley 5.ª de ese mismo año que se estableció la intervención de los Defensores de Familia del ICBF en esos procesos.

Sobre la investigación

La reciente indagación que lideró el Ministerio de Protección Legal de Países Bajos investiga si hubo presiones a las mamás de niños para que entregaran a sus hijos, además de graves abusos estructurales en los procesos, de los que el gobierno y los intermediarios estaban al tanto desde la década de 1960.

“Las madres, la mayoría jóvenes, experimentaron una presión social significativa para renunciar a sus hijos. Esto genera dudas sobre si la decisión de renunciar al niño se tomó voluntariamente”, señala la investigación, la cual determinó a manera de conclusión que se deben suspender todas las adopciones en otros países, entre ellos Colombia.

“Las madres biológicas y las familias, en muchos casos, también son víctimas y han tenido que lidiar con la pérdida de su hijo. A veces se les presionó para que renunciaran a su hijo, desconocían el concepto común occidental de ‘adopción’ y, en los casos más graves, les secuestraron el hijo”, asegura otro parte del informe.

De acuerdo con los resultados de esta investigación, todas estas irregularidades generaron consecuencias para las personas involucradas y merecen un reconocimiento por parte del gobierno de Países Bajos, el cual se puede traducir tanto en ayuda psicológica, como económica.